Escenarios de una demanda ante el Tribunal Constitucional

En las últimas horas, una de las salidas a la crisis política que sugirieron algunos especialistas, como lo hizo ayer en este Diario el exmagistrado Óscar Urviola, fue que el Legislativo plantee una contienda competencial ante el Tribunal Constitucional.

¿En qué consiste esta medida? En que este organismo sea el que decida si el Ejecutivo ha tomado las competencias del Legislativo, ya sea porque está asumiendo sus atribuciones o está impidiendo que las ejerzan, explica el constitucionalista Francisco Eguiguren. Esta propuesta ya ha empezado a calar entre los integrantes del Congreso disuelto.

Ayer por la mañana, la vicepresidenta de la Comisión Permanente, Karina Beteta, anunció que presentarán una “demanda de contienda de competencia ante el Tribunal Constitucional”.

El argumento de fondo de la contienda competencial sería que el Ejecutivo tomó una decisión que impide que el Congreso ejerza sus funciones. La Comisión Permanente deberá evaluar los argumentos para sostener tal afirmación.

Según el exmagistrado Víctor García Toma, la cuestión de competencia debería incluir un conjunto de hechos que han generado esta situación: la imposición de un proyecto de ley referido a nombramientos que por mandato de la Constitución le corresponden al Congreso; por haberse interpretado de manera equivocada la respuesta ante la última cuestión de confianza, entre otros temas.

Para García Toma, la Comisión Permanente del Congreso está facultada para plantear esta demanda. Tendrían que reunirse, aprobar los argumentos y presentarla ante el TC.

En los últimos días de la gestión de Daniel Salaverry a la cabeza del Parlamento, el pleno autorizó al titular del Congreso a interponer ante el TC una demanda competencial y una medida cautelar para consultarle sobre el alcance de la cuestión de confianza. Pero Eguiguren sostiene que el TC no es un ente consultivo, sino solo puede resolver sobre demandas concretas, por lo que el Congreso tendría que presentar la demanda.

Los constitucionalistas coinciden en que este procedimiento podría tomar entre 3 y 4 meses. Las fases que seguirá la demanda son: la calificación, correr traslado al Ejecutivo para que conteste, realizar una audiencia pública en la que presentan alegatos, hacer un debate y emitir los votos.

—Escenarios—

Hay dos escenarios: o se le da la razón al Congreso, que demanda, o al Ejecutivo, que es demandado. Si se da el primer caso, el Tribunal Constitucional tendría que dejar sin efecto el decreto supremo que ordenó la disolución del Congreso y se anularían las elecciones de nuevos parlamentarios para el período en curso.

Así, la anterior conformación del Parlamento, en la que Fuerza Popular tiene la primera minoría, volvería a asumir sus funciones ordinarias. El Parlamento tendrá la facultad de acusar a Vizcarra por haberlo disuelto irregularmente; esta decisión no puede ser tomada por el TC.

“No hay forma de declararse en rebeldía a la decisión. Sino pueden ser destituidos”.

Óscar Urviola, constitucionalista

Además, tras la renuncia anoche de Mercedes Araoz a la vicepresidencia, si el tribunal le da la razón al Congreso y este vaca a Vizcarra, se tendría que convocar a elecciones generales.

Si, por el contrario, el TC le da la razón al Ejecutivo, el decreto supremo de disolución del Congreso quedaría oleado y sacramentado, y continuará el proceso electoral de parlamentarios para el período 2020-2021. La decisión tampoco podrá ser apelable.

Si las partes se someten a resolver sus diferencias mediante una contienda competencial, no pueden declararse en rebeldía si el fallo es adverso, explica Urviola. De lo contrario, podrían ser destituidos por el TC.

Además, los tres constitucionalistas coinciden en que es poco probable que Gonzalo Ortiz de Zevallos pueda incorporarse al pleno del Tribunal Constitucional, lo que podría generar una nueva correlación de fuerzas.

“Si el TC le da la razón al Congreso, se declara la invalidez de la disolución”.

Víctor García Toma, constitucionalista

Para que asuma el puesto para el que fue elegido se requiere que el pleno del Congreso emita la resolución legislativa de su nombramiento y que esta sea publicada en el diario oficial “El Peruano”. Esta situación se torna improbable debido a que este organismo está bajo control del Ejecutivo.

MÁS DATOS:

— Urviola y García Toma rechazaron la decisión de Vizcarra de disolver el Congreso.

— En tanto, Eguiguren afirma que la situación producida no es un golpe de Estado, pues Vizcarra ha hecho uso de una de sus atribuciones. Lo que está en discusión es si hubo negación tácita de la confianza.

— Los que se opongan a la disolución pueden presentar una demanda de acción popular.