Elvia Barrios: “Los indultos tienen que estar debidamente justificados y motivados”

Barrios cuenta que su prioridad está en consolidar el poder del Estado que dirige como el que más avanza en tecnología en todo el país. Con orgullo, afirma que su institución es la primera en contar con un oficial de protección de datos y de seguridad de la información. No es casual este propósito. Dice que el principal problema que tienen es la excesiva carga procesal (solo este año han tramitado más de 4′200.000 expedientes) frente a los 3.498 jueces que existen. Por ello, ve a la tecnología como una aliada.

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De hecho, sostiene que hoy nadie puede acusar a su entidad de falta de transparencia, pues hoy cualquier ciudadano puede ingresar a la web del PJ y escudriñar lo que resuelve un juez en el día a día. En esta entrevista, responde algunas preguntas sobre temas políticos y sociales que atañen a su institución.

—¿Qué pensaría si a su secretario general le encuentran 20 mil dólares en efectivo escondidos en el baño?

[Se queda unos segundos en silencio]. Los funcionarios y servidores públicos estamos sujetos al escrutinio público y también a cualquier tipo de investigación. Tenemos que someternos. Estamos en la obligación de dar cuenta de lo que tenemos y hacemos.

—¿Pero qué pensaría si se le descubre esa cantidad de dinero a su secretario?

Puedo pensar muchas cosas. Pero lo objetivo es que primero se haga una investigación para saber lo que pasó.

—¿Usted está a favor que se declare la muerte civil para los no vacunados? Dio a entender eso hace unos días.

No dije eso en estricto. Lo que dije fue que los derechos no son absolutos. Los derechos son relativos. En el presente caso se respeta el derecho de las personas a no querer vacunarse, pero tenemos la obligación de tutelar el derecho de los demás que son una mayoría. Y es posible establecer restricciones para los que no se vacunan.

—Por ejemplo, ¿qué tipo de restricciones plantea?

De manera general, el ingreso a determinados establecimientos cerrados o que hay una ventilación cerrada. Un cine, por ejemplo.

—¿Y en las cortes?

Ese es un tema que estamos evaluando, porque hay algunos trabajadores que no se están vacunando tal vez con la expectativa de que por la vacuna no van a venir a trabajar y seguirán en remoto.

—¿Entonces?

Nosotros brindamos un servicio básico. No estamos haciendo el trabajo de los médicos que es un trabajo mucho más arriesgado. Pero estamos tomando medidas de seguridad. Por ejemplo, dividiendo en dos grupos [la jornada de trabajo] para cautelar el aforo y exigiendo el uso de una mascarilla doble, ventilación adecuada de los ambientes, etc. Los jueces tienen despachos privados en un 95%. Entonces, están menos expuestos y tienen condiciones para venir a trabajar de manera presencial.

—En Europa ya se han tomado medidas drásticas para los no vacunados.

Estamos monitoreando el día a día, y si observamos que hay un riesgo tomaremos la decisión más adecuada.

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—¿Ve con preocupación que este gobierno realice indultos políticos? Por ejemplo, para Antauro Humala o Alberto Fujimori.

El Tribunal Constitucional con relación no solo al indulto, sino también al derecho de gracia en sí, ya ha señalado que toda decisión, si bien hay un aspecto discrecional para seleccionar a quién se otorga, tiene que estar debidamente justificada y motivada. No pueden ser arbitrarios. Es decir, dar un indulto porque quiero o porque pienso que esa persona no debe seguir privada de su libertad.

—No puede ser por pura afinidad o interés político...

Para nada. Siempre tiene que haber una justificación. No podemos llegar a la arbitrariedad y para evitar eso es que se exige que se justifique.

—Entonces, está mal decir que el presidente puede indultar a quien le dé la gana.

Nadie tiene en este país un poder omnímodo. Alguien dijo que el derecho de gracia es una facultad [presidencial]. Sí, es una facultad, pero tiene que estar justificada.

—El fiscal superior Rafael Vela ha solicitado que se implementen juzgados ad hoc para los casos de Lava Jato, ¿usted está de acuerdo?

Nosotros tenemos un sistema nacional especializado. Una corte penal especializada que ve exclusivamente esos casos. Y si bien no son jueces ad hoc, son jueces que tienen una carga razonable. Sí es posible llevar adelante estos procesamientos.

—¿Entonces no ve necesario este requerimiento?

La carga que tienen por ahora los jueces es una carga razonable que les permite llevar adelante los casos. Lo que sucede es que son megaprocesos que entrañan un estudio [amplio] del juez.

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—¿No habrá estos juzgados a dedicación exclusiva?

No se me ha solicitado. El presidente de la Corte Superior Nacional debe advertir ello, porque hay un control sobre la carga procesal.

—Entiendo que aún queda pendiente una casación de Vladimir Cerrón a resolver en la Corte Suprema.

Hay uno pendiente en la Sala Penal Transitoria y que, en el ejercicio de sus atribuciones, resolverá lo que corresponda.

—¿Por qué aún no?

La sala tiene un orden de ingreso de las causas. Ahora, como ya hemos determinado nuevas competencias para las dos salas, esa sala se va a dedicar de ver los procesos con el Código Procesal antiguo. Me imagino que ya deben de estar resolviendo.

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