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La Fiscalía de la Nación dispuso el lunes último iniciar diligencias preliminares contra la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, “por el uso de relojes de la marca Rolex”.
La mandataria ha ostentado diversos relojes en actividades oficiales desde que ocupa el cargo. Al menos uno de ellos es de alta gama y no lo lució previamente, cuando fue vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, según reveló el programa “La Encerrona”.
Hasta el momento se desconoce si consignó el reloj de alta gama como parte de su patrimonio en las declaraciones juradas de bienes, ingresos y rentas que ha presentado ante la Contraloría General de la República desde el 2021 hasta la fecha.
La mandataria lució un reloj Rolex durante una actividad sobre el cierre de brechas. (Foto: Presidencia)
El contralor Nelson Shack precisó que “en las declaraciones juradas de bienes y rentas que presentan a Contraloría no se declara el detalle de bien por bien, salvo que sean vehículos motorizados. [...] [Pero sí] se establece cuál es el monto de referencia de los bienes que uno tiene”.
Los bienes incluyen joyas, antigüedades, pinturas y otros objetos de arte cuyo valor es mayor a dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT); es decir S/ 10.300, como precisa el formulario de la declaración jurada.
La mandataria señaló recientemente que el Rolex que luce se trata de un artículo “de antaño”.
“Lo uso muy eventualmente y lo que quiero decir: he entrado a Palacio con las manos limpias y saldré con las manos limpias”, dijo.
Boluarte añadió: “Lo que quiero decirle, no a la noticia tendenciosa, sino al Perú entero: Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo”.
El lunes por la tarde, el primer ministro Gustavo Adrianzén se negó a responder el lunes último a las interrogantes de la prensa por este caso. Solo afirmó: “Va a ser la última vez que yo me refiera a este tema. La señora presidenta ha sido, en opinión del que habla, lo suficientemente explícita y ha respondido a cabalidad respecto de esos reportajes [...]. Se trata de un tema personal que no me corresponde abordar”.
Un día después, el martes, en el Congreso si respondió, pero lo hizo para realizar una cerrada defensa de la mandataria y para criticar a la fiscalía. “Me sorprende la insólita celeridad con la que iniciaron indagaciones”, exclamó.
Según dijo “no había necesidad que los funcionarios públicos estemos declarando las joyas. ¿Qué sentido podría tener eso? Declaremos (entonces) los lapiceros, la medallita de bautizo, las alianzas matrimoniales. ¿A dónde vamos a llegar?”, remarcó Adrianzen.
Postura
El abogado Joseph Campos, defensor legal de la presidenta en otros casos, señaló que la fiscalía debe ser cuidadosa con el proceso para iniciar investigaciones a un jefe del Estado, “porque cada investigación va sedimentando una percepción que finalmente afecta la legitimidad democrática”.
“No soy el abogado de la presidenta en este tema. No obstante, me preocupa que una situación como esta provoque una crisis que eventualmente pueda terminar en problemas de legitimidad”, señaló a El Comercio.
En marzo del año pasado, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos dispuso investigar a la presidenta por los presuntos delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas y organización criminal, en torno a supuestos aportes ilegales a la campaña del partido Perú Libre en las elecciones del 2021.
Tendrá que explicar el origen del reloj
El abogado penalista Andy Carrión explicó que Boluarte tiene la obligación de justificar el origen del reloj.
“Cuando se investiga el delito de enriquecimiento ilícito, se traslada la carga de la prueba. Es decir, ya no es la fiscalía la que tiene que demostrar que hay un enriquecimiento injustificado, sino que el propio imputado es quien tendría que demostrar cómo obtuvo los bienes cuestionados”, señaló en diálogo con El Comercio.
Carrión agregó que la Fiscalía de la Nación solo podría avanzar hasta la culminación de la fase de investigación preliminar. “No podría formular una acusación como tal”, dijo.
El abogado precisó: “Existe un debate en el cual la fiscalía sí puede formular su acusación y será el Congreso de la República el que decida si levanta el fuero. El problema es que si eso ocurre, pierde la capacidad de inviolabilidad de arresto, con lo cual la fiscalía podría solicitar una prisión preventiva. En la práctica, nos quedaríamos sin presidente. Por eso hay ciertos reparos en que pueda llegarse a la fase de investigación preparatoria”.
Hasta la publicación de esta nota, Palacio de Gobierno no se pronunció.
