Dina Boluarte, entre silencios, evasivas y respuestas: todos los detalles de su interrogatorio ante la fiscalía

La presidenta llegó a la sede central del Ministerio Público, en el Centro de Lima, unos 15 minutos antes de las 9 a.m. de este martes, hora en la que había sido citada. Minutos antes había llegado al lugar su abogado, Joseph Campos, quien a su ingreso ratificó la intención de su defendida de responder a todas las interrogantes de la fiscalía y no optar por su derecho a guardar silencio ante estas. “No va utilizar el silencio como medio de defensa. Vamos a responder todas las preguntas del Ministerio Público”, dijo entonces.

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Pero la fiscalía y la defensa de Dina Boluarte no fueron las únicas participantes en la diligencia. También acudieron dos abogados de la PGE y dos abogados de las defensas de los investigados. Todos ellos fueron recibidos en el piso 11 del edificio fiscal por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el fiscal adjunto supremo Marco Huamán, del área de Denuncias Constitucionales e Enriquecimiento Ilícito y colaborador cercano de la titular del Ministerio Público en las indagaciones a altos funcionarios.

La diligencia se realizó de forma reservada y hermética. Dina Boluarte no tuvo contacto con la prensa a su ingreso ni a su salida del lugar. La Fiscalía de la Nación, hasta el cierre de esta nota, no compartió en sus plataformas oficiales ninguna información ni ninguna imagen sobre el desarrollo de la declaración, como sí hicieron en marzo. Aquella vez, la mandataria también acudió para declarar como investigada, pero la diligencia se suspendió sin que llegase a declarar por una decisión judicial pendiente (a la que volveremos luego).

El Comercio pudo conocer, no obstante, que Dina Boluarte respondió alrededor de 25 preguntas formuladas por el fiscal Huamán, bajo la dirección de la fiscal Benavides. La mayoría de las tres horas que duró la diligencia se pasaron en las respuestas. Fuentes de este Diario describieron las preguntas como “generales, bien generales”; mientras que Joseph Campos, en diálogo con este Diario, las consideró “precisas” al no caer en ser “capciosas” o en impertinentes para el caso.

En cuanto a las respuestas de la mandataria, una fuente las consideró -similarmente- “generales”, mientras que otra indicó que en algunos puntos fueron “evasivas”, en el sentido de que se remitían a respuestas previas.

Culminadas las preguntas del Ministerio Público, indicó una fuente de El Comercio, la fiscal de la Nación consultó a la defensa de la investigada si iba a hacer preguntas. La respuesta fue que no. Luego, se preguntó lo mismo a la Procuraduría lo mismo. Allí la respuesta fue que sí, lo que fue objetado por el abogado a la presidenta.

La PGE respondió que la polémica por su participación en esta etapa -a la que fiscalía también se opone- fue elevada al juez supremo Juan Carlos Checkley para que decida y que este magistrado les dio la razón. Esa fue la resolución pendiente, que hizo que se frustre la declaración de Dina Boluarte en marzo. Agregaron que si bien la fiscalía apeló esa decisión para que se resuelva en segunda instancia y que dicha apelación aún no se resolvía, esto no suspendía la resolución inicial y por lo tanto, sí tenían derecho a ser parte del interrogatorio.

La fiscalía, agrega la fuente, acogió el pedido de la Procuraduría General del Estado y esta se dispuso a iniciar con su pliego. Fue allí que la defensa de Dina Boluarte optó por guardar silencio para no contestar a las preguntas de la defensa del Estado y tampoco a las defensas de los investigados, que también tenían previsto participar.

La negativa a responder esas preguntas fue corroborada por el abogado de Dina Boluarte. “No [respondimos] por dos problemas. Todavía está pendiente la apelación del Ministerio Público para efectos de determinar si debe participar la Procuraduría”, indicó.

“Hay problemas de diversos órdenes con la participación de la PGE”, agregó. “¿Quiénes son los señalados como, supuestamente, los victimarios? Las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, el procurador tendrá que salir en algún momento a la defensa de ellos. Y si esto tuviera que ser desarrollado a través de una defensa internacional, también sale la Procuraduría en defensa del Estado. En realidad, este tipo de delitos no está llamado para que participe la Procuraduría, pero esto lo están discutiendo ellos y la fiscalía”.

Agregó que según el Código Penal (artículo 88), en la toma de declaración de un indagado durante la etapa de investigación preparatoria (este caso está en investigación preliminar) solo participan el fiscal y el abogado; y que recién en un eventual juicio oral participan en el interrogatorio todas las partes. “No tiene posibilidad de participar. Nosotros hemos establecido para buscar la mayor objetividad, que no haya apasionamientos, discutir frente al Ministerio Público”.

“Lo pondría como que se guardó un silencio [...] Decidimos no responder las preguntas porque existe un tema pendiente. No contestamos. Quien lo ha interpretado así [como acogerse al derecho a guardar silencio], podría ser el Ministerio Público, pero nosotros simplemente no vamos a contestar por quien no tiene, según la ley, la posibilidad de participar en este momento. Hemos respondido todas las preguntas del Ministerio Público”, comentó.

Fijada la postura de Dina Boluarte de guardar silencio ante toda pregunta que no sea del Ministerio Público, la diligencia concluyó. La presidenta salió del edificio fiscal minutos antes del mediodía, unas tres horas después de su ingreso. Con ello se cerró la que, por ahora, se prevé que sea la única declaración de Dina Boluarte en esta fase.

La indagación preliminar a la presidenta por las muertes en las protestas comenzó en enero y ya está entrar por entrar a su quinto mes. También están investigados actuales y exministros del gobierno de Dina Boluarte, entre ellos el actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

Según Joseph Campos, el plazo de la indagación es de ocho meses. Así, en los próximos tres meses la Fiscalía de la Nación deberá culminar las diligencias y decidir si archiva el caso o si presenta una denuncia constitucional ante el Congreso para poder seguir investigando, tal como hiciera con Pedro Castillo en octubre pasado, cuando este aún era mandatario.

El abogado de Dina Boluarte rechaza la imputación de homicidio y genocidio, y considera que el caso debe ser archivado. Sus líneas generales de defensa son que el conflicto no fue provocado por el Estado; que la orden política de la presidenta, como jefa suprema de la PNP y las FF.AA. fue de controlar el orden con respecto a los derechos fundamentales; y que ocurridas las muertes, estas tienen que ser investigadas de forma objetiva e individual.

“La exhortación a la investigación que hacemos es para que esa fuerza de seguridad y esa víctima tenga satisfecho su derecho a la verdad. Pero que la determine la autoridades competentes, no la que dicen algunos. Que se vea caso por caso: si hay un mal policía, a la misma PNP no le interesará tenerlo, pero si hay un policía que reaccionó en el marco de lo que corresponde, no tendrá responsabilidad”, afirmó Joseph Campos.