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La última conversación: lo que Sheyla no sabía del policía asesino que la esperaba en Comas [CRÓNICA POLICIAL]
El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial del caso Lava Jato, consideró que existe “un aprovechamiento” de los investigados para lograr salir de prisión preventiva, a propósito de la emergencia sanitaria del coronavirus (COVID-19).
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En esa línea, Pérez criticó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que plantea variar de oficio las medidas de prisión preventiva debido a la emergencia sanitaria, puesto que —remarcó— “permitiría la libertad en delitos graves”.
“¿Qué es lo que se ha observado? Una intensa actividad procesal en los casos emblemáticos o sensibles para el país en casos como ‘Cuellos Blancos’ o como el caso Lava Jato. Y es que hay un oportunismo y aprovechamiento de los intereses de los investigados para salir por la emergencia”, sostuvo en diálogo con RPP.
“¿La población penitenciaria investigada, que es un alrededor de 30 mil internos, se va a solucionar excarcelando a estos casos? No. En el equipo especial tenemos a 17 personas en prisión preventiva en todo el caso Lava Jato. La semana pasada se libera a Keiko Fujimori, pero no se dice nada de un pronunciamiento de otras 100 presas en vulnerabilidad”, agregó.
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En esa línea, José Domingo Pérez aseguró que la resolución de la Sala Penal de Apelaciones que liberó a la excandidata presidencial es “incongruente”.
“La sala utiliza como argumento que en libertad Keiko Fujimori podría no obstruir a la justicia, pero no señala cuáles son los mecanismos que llevan a esta decisión”, indicó.
“La pandemia evidencia las consecuencias de la corrupción”
Por su parte, la fiscal contra el crimen organizado Rocío Sánchez también se mostró crítica con el proyecto de ley presentado por el Gobierno este martes. Consideró que la crisis sanitaria del COVID-19 denota “las consecuencias de la corrupción” y se mostró en contra de permitir la liberación de investigados por pertenecer o liderar organizaciones criminales.
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Rocío Sánchez lleva adelante la investigación por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
“No podemos dar la imagen que la lucha contra corrupción va a descender. No se puede permitir que los líderes de las organizaciones aprovechen el proyecto que se ha presentado hoy. No hay otra alternativa a la prisión preventiva para delitos graves en donde existan peligros de fuga y obstaculización”, manifestó Sánchez.
“El Ejecutivo lo que tiene que hacer es mejorar un presupuesto para que la infraestructura del INPE funcione mejor, dándole herramientas de bioseguridad a cada interno e identificando a los que tienen un real grado de vulnerabilidad. Esta pandemia lo único que hace es evidenciar las consecuencias de la corrupción”, agregó,
Sánchez, a cargo de la investigación del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, dijo creer que se debería trabajar “una reforma legislativa necesaria que permita garantizar los procesos y darle al operador de justicia herramientas procesales viables”.
Hizo hincapié en que los investigados pueden contraer el virus “tanto dentro como fuera del penal”.
“Sabemos que el tema del hacinamiento no es de este año, no es de ahora, pero lamentablemente, no hay una sincronización entre la norma procesal y la norma penal en algunos temas”, remarcó.
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