El fiscal Luis Arellano, quien archivó en el 2011 una investigación por lavado de activos a Rodolfo Orellana y le dio información reservada de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), solo fue sancionado con el 10% de un sueldo por Control Interno.
En un primer momento, el caso fue visto por la Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI), que impuso esa multa. Mi despacho consideró que era una sanción muy leve, poco drástica para la magnitud del hecho. Así que declaramos nula resolución y la devolvimos para que vuelva a analizarse. Ahora me han dicho que le han dado una sanción de 50% y una suspensión de 30 días.
— ¿Pero esa nueva sanción no sigue siendo muy leve?
No puedo adelantar opinión. No he visto el expediente. Pero considero que el hecho es grave. No solamente se atentó contra la investigación al otorgar información de la UIF, sino que observé que hubo irregularidades dentro de la investigación. No se guardó la reserva.
—Arellano también es acusado de recibir US$25 mil de la red Orellana para que archivara esa investigación.
Tomé conocimiento oportunamente de este hecho por un documento que me hizo llegar la doctora Marita Barreto [fiscal que ahora investiga a Orellana]. Ante ello, derivamos la información a la ODCI, que investiga a los fiscales en primera instancia, para que lo vea. El caso aún no ha sido decidido. Después de eso, seré yo quien lo revise.
—Es decir, será su oficina la que decidirá una eventual destitución del fiscal.
Es correcto. Si la destitución se llegara a proponer, el caso llegará a manos de esta fiscalía [Control Interno].
— ¿Y en el caso del ex fiscal superior Mateo Castañeda, acusado también de recibir US$25 mil de Orellana para que persuadiera al fiscal Arellano?
Castañeda habría cometido el hecho cuando ya no era miembro de la fiscalía. Esto significa que se tiene que hacer un trámite como a cualquier ciudadano. La investigación la está viendo una fiscalía de anticorrupción de funcionarios.
— ¿Cuántos fiscales más son investigados por estar vinculados con Orellana?
No puedo precisar el número por un tema de reserva, pero como consecuencia de las investigaciones se ha establecido la participación de muchos de ellos. Sí puedo decir que es un número importante.
— ¿Un número aproximado?
Lo que pasa es que los fiscales provinciales trabajan con un gran número de adjuntos que los apoyan en su labor. Ellos también estarían vinculados a estos hechos y estarán también sujetos a un proceso.
— ¿Hay más de diez?
Sí, hay más de diez.
— ¿Más de veinte?
No puedo precisar la cifra. Pero hay un gran número de fiscales vinculados.
—¿Cuál es la situación del ex fiscal Jorge Sanz Quiroz, quien en el 2011 no ingresó al sistema de la fiscalía una investigación sobre presuntos aportantes fantasmas a la campaña del nacionalismo del 2006?
Habiendo sido él un fiscal provincial en el momento que habría cometido este hecho irregular, se derivó su caso a la ODCI de Lima. Son ellos los que investigan su actuación.
— ¿Lo mismo pasa con el fiscal Ricardo Rojas, que abrió una investigación por lavado de activos a Nadine Heredia?
En un primer momento, tomamos conocimiento de que el señor Rojas declaró ante diferentes medios de prensa, situaciones que no son propias de una investigación reservada. Aparentemente, él no habría tenido la autorización del máximo despacho del Ministerio Público. Sé que la ODCI le ha abierto investigación y mi despacho también ha dispuesto que se lo investigue.
— Un sector considera que acciones como esta constituyen un hostigamiento contra Rojas por investigar las cuentas de la primera dama.
No hay hostigamiento. El Ministerio Público es un organismo jerárquicamente organizado y en función de ello todos los fiscales están sujetos a fiscalización.
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