Caso Odebrecht: ¿quién es quién en la investigación por el Gasoducto Sur Peruano?

Con la asunción de Ollanta Humala a la Presidencia de la República, en el 2011, se habría enquistado en el Gobierno una organización ilícita encabezada él y por su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia, con la finalidad de “favorecerse y beneficiar a terceros en prejuicio de los intereses del Estado, en el marco de las contrataciones públicas”. Una de ellas habría sido el Gasoducto Sur Peruano, en donde se habría favorecido a la constructora brasileña Odebrecht.

Así comienza a describir la fiscal Geovana Mori, del equipo especial Lava Jato, la presunta asociación que habría operado durante la administración de Humala, haciendo “un perverso uso del poder”.

La fiscal Mori formalizó a finales de febrero la investigación preparatoria que lleva adelante por el Caso Gasoducto contra una serie de exfuncionarios.

Además de Heredia, a quien atribuye ser “funcionaria de facto”, en la disposición fiscal también se involucran a cinco exministros de la gestión humalista, en su mayoría a los que estuvieron al frente de la cartera de Energía y Minas.

Ahora, el equipo especial Lava Jato participará en el interrogatorio seguido al exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, y otros ex directivos de la constructora, a fin de buscar recabar mayor material probatorio entorno de este caso.

Según la tesis del Ministerio Público, esta organización, que habría sido liderada por la expareja presidencial y conformada por hasta nueve personas de su círculo de confianza, “se coludieron con terceros para direccionar la buena pro de los proyectos”.

A continuación, desarrollamos cuáles son las imputaciones de la fiscalía contra Nadine Heredia y los exministros de la gestión de Humala, quien estuvo en el poder entre el 2011 y el 2016, y por los cuales se ha pedido prisión preventiva por 36 meses.

Nadine Heredia

La fiscal Geovana Mori imputa los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada a la exprimera dama de la Nación. “Dentro de la organización, y en su condición de líder, habría tenido como rol o función establecer los planes delictivos y comunicar los mismos a los demás integrantes”, se señala en la disposición.

Se sostiene que, “por delegación” de Humala, Heredia habría gestado reuniones con representantes de Odebrecht, con quienes “habría concertado” para que, entre otros, se termine el proceso de concesión del proyecto “Gasoducto Andino del Sur”, que se había iniciado durante la gestión del expresidente Alan García.

Esto para luego se inicie un nuevo proceso, esta vez bajo el nombre de “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, pero esta vez parte del financiamiento saldría a cuenta del Estado, en donde habría un “favorecimiento fraudulento” al consorcio conformado por Odebrecht.

“[Nadine Heredia] asumió un rol fundamental en las tratativas con los empresarios extranjeros que participaron en éstos procesos, como lo fueron los representantes del grupo Odebrecht”, se detalla.

La defensa de Nadine Heredia, en distintas oportunidades, viene reiterando que ella no tuvo ninguna injerencia ni vinculación con el proyecto del gasoducto. También han solicitado participar en los interrogatorios a Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú.

“Elementos concretos sobre la imputación no hay. […] No calza la señora Nadine Heredia en un concepto de ‘funcionaria de facto’ y como no es ‘funcionaria de facto’ no puede cometer delitos de colusión”, refirió, por ejemplo, a inicios de marzo Jefferson Moreno, uno de sus abogados.

Jorge Merino Tafur

Al igual que Heredia, asociación ilícita para delinquir y colusión agravada es lo que le imputa la fiscal Geovana Mori al exministro de Energía y Minas, quien permaneció en dicho cargo entre julio del 2012 y febrero del 2014. Además, también es involucrado en este caso al ser integrante del Consejo Directivo de ProInversión.

De acuerdo con la fiscalía, Merino Tafur habría formado parte del “pacto colusorio” con el que fue favorecido la firma brasileña.

“[…] Dirigiendo su conducta funcional, conforme lo ilícitamente acordado por la pareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia y representantes del grupo empresarial Odebrecht”, se lee en el documento.

Merino Tafur, como ministro de Humala, entre otros, habría impulsado tres leyes publicadas en el 2012 que, de acuerdo con la fiscalía, permitieron crear “un nuevo marco normativo para el desarrollo del proceso de concesión” del Gasoducto Sur Peruano.

Además, como miembro de Pro Inversión, propuso que se cree un nuevo comité para los procesos de inversión referidos a la seguridad energética del país, “pese a que ya existía el Comité de Pro Conectividad”.

El Comercio intentó comunicarse con el exministro de Energía y Minas, pero no tuvo éxito.

Eleodoro Mayorga Alba

La fiscal Mori le imputa a Mayorga la presunta comisión de asociación ilícita para delinquir, por presuntamente haber integrado la organización liderada por Humala y Heredia, de acuerdo al Ministerio Público. Agrega que la finalidad de este conjunto "habría sido la comisión de delitos contra la administración pública”.

El rol que le sindica el Ministerio Público es que, como ministro de Energía y Minas, cargo que ejerció entre febrero del 2014 y el 2015, y como parte del Consejo Directivo de Pro Inversión, promovió gestiones a favor de que determinados contratos “se desarrollen conforme a la consecución de los objetivos de la organización”.

También se le atribuye presunta colusión agravada, puesto que también “habría formado parte del pacto colusorio” con el que los Humala habrían favorecido a la brasileña Odebrecht.

Entre las actas no presenciales de Pro Inversión que firmó Mayorga y que son cuestionadas por la fiscalía están las que hicieron modificaciones “sustanciales” para la concesión del proyecto del Gasoducto Sur Peruano.

Esto último, para la fiscalía, con el fin de favorecer a la constructora con su adjudicación. [VER DOCUMENTO]

Este Diario se comunicó la noche del martes con Mayorga, a fin de consignar sus descargos en este informe. Él aseguró inocencia y remarcó que “es la opinión de la fiscal” Mori. “Esto recién comienza", subrayó.

“Esa es la tesis de la fiscal. Creo que hay que esperar que la investigación avance y veamos si efectivamente hay las pruebas y todas las condiciones para que esto progrese. La verdad que estamos en un ámbito muy inicial”, comentó. El exministro se excusó de brindar mayores comentarios.

Carlos Paredes Rodríguez

Se le imputa asociación ilícita para delinquir y presunta colusión agravada al supuestamente haber ayudado en el pacto con el que se habría favorecido a Odebrecht.

Esto, de acuerdo con la fiscalía, en su condición de ministro de Transportes y Comunicaciones, cargo que ejerció entre julio del 2011 y junio del 2014; así como al ser del Consejo Directivo de Pro Inversión, entre inicios del 2013 y mediados del 2014.

Específicamente, se señala que suscribió actas no presenciales del Consejo Directivo, entre febrero y mayo del 2014, “a fin de favorecer a Odebrecht con la adjudicación de la buena pro del proyecto” del gasoducto.

También se le cuestiona el haber participado en la sesión en la que se acordó incorporar al referido proyecto al proceso de promoción de la inversión privada; así como en la que se modificó el cronograma del proceso de concesión.

Asimismo, suscribió el acta con la que se designó como parte de Comité de Proseguridad Energética a Edgar Ramírez Cadenillas, a pesar de que tenía un conflicto de interés.

Vía telefónica, una asistente del exministro de Transportes señaló a este Diario que por el momento no iban a brindar comentarios sobre este caso por respeto al proceso que está siguiendo su curso.

René Cornejo Díaz

Se le sindica como parte de la asociación ilícita que habrían liderado el exmandatario Humala y su esposa Nadine Heredia. También se le atribuye presunta colusión agravada.

Como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre julio del 2011 y febrero del 2014, y como parte del Consejo Directivo de Pro Inversión, entre enero del 2013 y febrero del 2014, igualmente habría formado parte de un pacto con el que se benefició a Odebrecht.

Explícitamente contra él, la fiscalía señala que suscribió el acta de sesión no presencial de Pro Inversión, a inicios del 2014, con el que se modificó el cronograma para la entrega de la concesión del Gasoducto, “en tanto Odebrecht obtenga el financiamiento para el proyecto”.

El Comercio intentó comunicarse con el también ex primer ministro, pero no obtuvo éxito.

Luis Miguel Castilla Rubio

Al exministro de Economía y Finanzas y ex integrante del consejo directivo de Pro Inversión también se le imputa asociación ilícita para delinquir y colusión agravada.

Castillo Rubio, supuestamente como parte esta asociación ilícita, también habría formado parte del “pacto colusorio” con el que se vio favorecido Odebrecht.

Como exministro, la fiscalía, entre otros, remarca que Castilla Rubio participó de la sesión del Consejo Directivo de Pro Inversión en la que se incorpora al Gasoducto al proceso de promoción de la inversión privada.

“Suscribió el acta de la sesión sin tener en cuenta que se encontraba vigente el proceso de concesión del proyecto ‘Gasoducto Andino del Sur’, cuya buena pro había sido otorgada a la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A.”, se refiere.

También suscribió el acta con la que se modifica el cronograma del proceso para la entrega en concesión del proyecto del Gasoducto, a fin de que Odebrecht obtenga financiamiento para el proyecto. Además, respaldó la modificatoria a las bases del concurso.

Castilla Rubio también está entre los exministros a los que se les sindica el haber suscrito el acta no presencial del Consejo Directivo de Pro Inversión con la que se designó a Edgar Ramírez Cadenillas como presidente del Comité de Proseguridad Energética.

“[Ello] Pese a que tenía conflicto de interés al haber asesorado a la empresa Kuntur (Odebrecht) en la concesión del proyecto Gasoducto Andino de Sur”, se remarca.

En diálogo con El Comercio, Castilla consideró que hay “muchas ligerezas” en la investigación formulada por la fiscal Geovana Mori, pero señaló que se allana a las pesquisas.

“Me están penalizando por haber ejercido mis funciones, según el ROF. Si no las hubiera ejercido me denunciaría por omisión de funciones”, comentó hace unos días.

Rosa María Soledad Ortiz Ríos

Entre los imputados por la fiscalía también se encuentra la exministra de Energía y Minas; sin embargo, se le cuestiona en su calidad de directora general de Hidrocarburos del Minem, cargo que ocupó entre abril y junio del 2012, y por formar “parte del pacto colusorio, dirigiendo su conducta funcional a fin de favorecer a la empresa Odebrecht”.

Soledad Ortiz Ríos fue ministra de Energía y Minas entre febrero del 2015 y mediados del 2016.

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