Las investigaciones del equipo especial Lava Jato han implicado a diversos expresidentes, políticos, funcionarios y empresarios en el país. Las pesquisas que involucran los presuntos sobornos o entrega de aportes de la constructora brasileña Odebrecht incluyen a personajes que dejaron el país, antes de iniciar con las investigaciones o durante las pesquisas.
Algunos de ellos ya afrontan procesos de extradición para que retornen al país para rendir cuentas a la justicia peruana. A continuación, recordamos los casos de aquellos que se encuentran en el extranjero y son piezas importantes de las investigaciones fiscales.
Alejandro Toledo
El expresidente Alejandro Toledo es investigado por los presuntos sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica.
La investigación, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, inició en el 2017, y ya se encuentra en su etapa final. El Poder Judicial decidió ampliar el plazo de la investigación por unos 3 meses, y deberá concluir en junio de este año.
Luego de ello, el fiscal deberá presentar la acusación contra Toledo, donde precisará cuántos años de pena solicitará contra el exjefe de Estado.
De acuerdo al testimonio del exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, la empresa brasileña habría pagado US$31 millones en coima a Toledo. Barata señaló que para comprobar las entregas de dinero existe documentación de la División de Operaciones Estructuradas.
Actualmente afronta un proceso de extradición en Estados Unidos, solicitado por las autoridades peruanas. Toledo Manrique cumple con una orden de arresto domiciliario, luego de que la justicia ordenara la medida a pedido de la defensa, quien sostuvo que el exmandatario se encontraba expuesto al contagio de coronavirus en prisión.
Roberto Su, abogado de Toledo, ya ha rechazado las declaraciones de Jorge Barata, donde sindica al exmandatario como receptor de presuntos sobornos. Además, sostiene que el testimonio del exejecutivo de Odebrecht se contradice con el de Josef Maiman, examigo de Toledo, respecto a los montos entregados y la forma de pago.
Avraham ‘Avi’ Dan On
Por el mismo caso, es investigado Avraham Dan On, exasesor de seguridad del gobierno de Alejandro Toledo. Hoy radica en Israel. Es sindicado por la fiscalía como el intermediario del pago del presunto soborno de Odebrecht para el exmandatario por la Carretera Interoceánica.
El equipo especial dispuso recoger su declaración vía videoconferencia, diligencia que fue solicitada mediante asistencia judicial al Estado de Israel. Aún no se cuenta con una fecha para la diligencia.
Según declaró Jorge Barata, en un evento social del 2004 en Palacio, ‘Avi’ Dan On “se presentaba como intermediario del presidente Alejandro Toledo y, en aquella ocasión, se ofreció a favorecer a la empresa en las licitaciones de los tramos 2, 3 y 4” de la Carretera Interoceánica.
Por el caso Ecoteva, la fiscalía pidió 16 años y 8 meses por el delito de lavado de activos. La Cuarta Sala Penal de Reos Libres del Poder Judicial dispuso solicitar a las autoridades de Israel el “arresto provisorio” con fines de extradición contra Avi Dan On.
También se ordenó formar el cuaderno de extradición activa a fin de que comparezca ante la justicia peruana.
En una entrevista con este Diario, brindada en agosto del año pasado, Dan On señaló que si bien era cercano a Alejandro Toledo, nunca participó de reuniones privadas; además que las declaraciones de Jorge Barata han sido coordinadas con Josef Maiman, quien “ha cambiado su versión hasta cinco veces”.
Susana de la Puente
La empresaria Susana de la Puente viene siendo investigada desde 2018 por presunto lavado de activos, luego de que Jorge Barata declarara que entregó US$300 mil de Odebrecht para la campaña de Pedro Pablo Kuczynski en el 2011.
“(...) Y con relación al señor Kuczynski, porque fuimos buscados por la señora Susana de la Puente pidiendo ese apoyo. También entendíamos que era una persona que tenía chances de ser presidente. Entonces, decidimos apoyarlo también”, declaró Barata ante la fiscalía peruana en febrero de 2018.
Cuando el exejecutivo de la constructora hizo la revelación, de la Puente se encontraba en Londres, donde se desempeñaba como embajadora del Perú en el Reino Unido.
La empresaria ha sido citada por el equipo especial para declarar; sin embargo, hasta el momento la diligencia no se realiza. La diligencia ha sido reprogramada en dos ocasiones.
De la Puente presentó un escrito ante el equipo especial en febrero pasado, donde indica que se acoge a su derecho a guardar silencio. Luego, su defensa interpuso un recurso ante el Poder Judicial, pendiente de resolver, para evitar declarar en territorio peruano.
Este Diario se comunicó con Augusto Loli, abogado de Susana de la Puente, quien contestó nuestra llamada, pero optó por no conversar con nosotros. En febrero, fuentes allegadas a la defensa de la empresaria indicaron a este diario que “es injustificado" que la fiscalía la cite en Lima y que, consideran que existen mecanismos para que una persona investigada que vive en el extranjero, pueda declarar desde el lugar de su residencia.
Roxanne Cheesman
En octubre pasado, el fiscal José Domingo Pérez abrió una investigación preliminar a Roxanne Cheesman, expareja del expresidente Alan García, por presunto lavado de activos. Hoy ella reside en Estados Unidos.
De acuerdo a la tesis fiscal, Cheesman habría tenido participación en el presunto enriquecimiento ilícito del exmandatario, y en la adquisición de inmuebles en Las Casuarinas y en el Club Lima Marina.
La investigación se abrió luego de que el exsecretario general de la Presidencia, Luis Nava, mencionó, como parte de la ruta del dinero que Alan García recibió de Jorge Barata, una propiedad ubicada en el balneario “Los Cocos” en Asia.
Nava dijo ante la fiscalía que “éste me comentó sobre la propiedad que compró a nombre de su pareja Roxanne Chessman. La propiedad se encuentra ubicada en la playa del baldeario “Los Cocos”, en Asia”, señaló. El mismo mes, la fiscalía allanó el inmueble ubicado en “Los Cocos”. La defensa aseguró que Cheesman compró la propiedad con su propio dinero.
En declaraciones a El Comercio, Erasmo Reyna, abogado de Roxanne Cheesman, señaló que solicitó a la fiscalía que su patrocinada pueda declarar desde Estados Unidos y no en Perú, pero el pedido fue denegado por el equipo especial. Antes del estado de emergencia decretado por el Gobierno, la fiscalía había reprogramado la declaración para abril.
Reyna agregó que han presentado, ante el despacho del fiscal Pérez, documentación vinculada a los ingresos de Cheesman. “Nosotros hemos acreditado con detalle que la casa de Los Cocos se adquirió con la venta de dos inmuebles que eran de propiedad de Roxanne Cheesman, preexistentes al tiempo de las imputaciones del tema de Odebrecht. Ella vendió dos departamentos, fuereon bancarizadas las ventas, de esos recursos salieron los cheques para la casa de playa”, sostuvo.
Mariella Huerta (caso metro de Lima)
En el caso de los presuntos sobornos de Odebrecht vinculados al Metro de Lima son varios los exfuncionarios implicados. Uno de ellos es Mariella Huerta Minaya, para quien se ordenó 18 meses de prisión preventiva en el 2017, pero hasta la fecha no cumple con la medida.
En enero de 2018, el Gobierno aprobó una resolución suprema accediendo a la solicitud de extradición de Mariella Huerta, quien se encuentra en Estados Unidos.
Huerta fue presidenta de la Comisión Especial de Licitación del Tramo II de la Línea 1 del Metro de Lima, designada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el segundo gobierno de Alan García.
Para la fiscalía, Huerta Minaya tendría una participación del 10% en una cuenta off shore Oblong International Inc., donde habría sido depositados el presunto soborno que también favoreció a Edwin Luyo, Miguel Navarro y Jessica Tejada, otros investigados en el caso.
Luego de dictarse la prisión preventiva contra Huerta, su defensa informó que se encontraba en Estados Unidos, pero que estaba a disposición de la justicia. Además, negaron que Huerta haya recibido dinero como parte de sus funciones.
Gustavo Salazar (caso Vía Evitamiento Cusco)
El empresario Gustavo Salazar es investigado por el caso de presunto soborno de US$3 millones de Odebrecht para el exgobernador del Cusco, Jorge Acurio, para la adjudicación de la obra de la Vía Evitamiento de esa región.
De acuerdo a la tesis fiscal, el empresario habría constituido una empresa para el pago ilícito. Sobre Salazar pesa una orden de prisión preventiva por 18 meses. Desde que se dictó la medida, el empresario se encuentra en Estados Unidos.
En abril de 2018, la Corte Suprema declaró procedente el pedido de extradición en su contra al país norteamericano. En diciembre fue captado participando en la boda de su hija en Miami.
El cuaderno de extradición activa con la traducción oficial al idioma inglés fue presentado el 10 de mayo del 2019 al Departamento de Estado de Estados Unidos por la embajada peruana en ese país.
En declaraciones a este Diario en el 2017, Gustavo Salazar señaló que regresaría al Perú “siempre y cuando las condiciones sean las que normalmente se dan”. “Una persona allegada al gobernador (Acurio) me dice que el gobernador quiere hablar conmigo. Hablo con él y me dice que está interesado en comprar un inmueble y (Acurio) habla conmigo. La relación que tuve con el gobernador era meramente comercial”, sostuvo
Giancarlo Bertini (caso Keiko Fujimori)
En febrero de este año, el Poder Ejecutivo aprobó la solicitud de extradición de Giancarlo Bertini Vivanco ante Italia, donde se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de un año.
Bertini es uno de los investigados por el caso de los presuntos aportes ilícitos a las campañas de Keiko Fujimori. La fiscalía lo sindica como un presunto falso aportante, que tenía como fin ocultar el dinero entregado por la constructora brasileña Odebrecht.
Sobre el empresario pesa una orden de 36 meses de prisión preventiva, dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho en octubre de 2018.
Bertini habría instrumentalizado a un empleado suyo para realizar el depósito de US$500 mil en las cuentas de dicha agrupación como supuestos aportes para la campaña electoral del 2011, tanto a nombre propio como al de personas de su entorno.
La fiscalía también señala a Bertini como captador de falsos aportantes por encargo de Jorge Yoshiyama, quien también es investigado por este caso.
Durante la audiencia de prisión preventiva, la defensa de Bertini sostuvo que la fiscalía no presentó fundados y graves elementos de convicción que hayan vinculado al imputado con el delito de lavado de activos.
De acuerdo información proporcionada por fuentes de la fiscalía, otros investigados en el mismo caso que se encuentran en el exterior son:
Joanna Sasaki (Estados Unidos)
Melissa Keiko Sasaki (Estados Unidos)
Juan Carlos Luna Frisancho (Estados Unidos)
Carlos Kenji Blanco Maztuno (Canadá)
Miguel Mikio Blanco Maztuno (Canadá)