Caso Keiko Fujimori: ¿fue adecuada la estrategia legal de su defensa?

La decisión del juez Víctor Zúñiga Urday de dictar 15 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se basó en la existencia de tres presupuestos. El primero fue la sospecha fuerte de que cometió el delito de lavado de activos y otros (fundados y graves elementos de convicción), el segundo fue la gravedad de una posible pena, que el juez calculó en 15 años de prisión como mínimo; y el tercero fue el peligro de fuga y de obstaculización de la justicia (peligro procesal).

Esa resolución significó una nueva derrota para la defensa legal de Keiko Fujimori, asumida por la abogada Giulliana Loza. Tras el desarrollo de 11 audiencias, Loza no logró convencer al juez Zúñiga que el nuevo pedido de prisión preventiva solicitado por el fiscal José Domingo Pérez debía ser rechazado.

En opinión de la abogada penalista Vanessa Valverde, la fiscalía fue más ágil y estratégica que la defensa de Fujimori y se cuidó de no repetir los mismos argumentos que esgrimió en su primer pedido de prisión preventiva, que le fue concedido en octubre del 2018 por el juez Richard Concepción Carhuancho.

En tanto, la abogada Loza debió ser más profunda y puntual en las razones para descartar el peligro de obstaculización de la justicia, consideró Valverde.

“Keiko Fujimori ha estado libre dos meses. Se pudo abordar si en ese tiempo ha podido hacer algo que obstaculice la justicia, en los términos planteados por la fiscalía. Pero no he visto, leído ni escuchado nada de la abogada que ataque ese punto con un razonamiento similar”, dijo.

Valverde añadió: “Es bien fácil ser general después de la guerra. Entiendo que es un caso difícil, que no cualquiera quiere asumir por lo complejo que es y el trabajo que demanda. Pero no he visto una diferencia entre cómo se planteó la defensa de Keiko Fujimori en el primer pedido de prisión preventiva y cómo se planteó en el segundo. Es un poco más de lo mismo”.

Pero en opinión del abogado penalista Carlos Caro, la defensa legal de Fujimori “hizo lo que tenía que hacer, ni más ni menos”; es decir –explicó- contradecir los argumentos de la fiscalía para sustentar la necesidad de tener en prisión a Keiko Fujimori mientras la investiga.

Caro cuestionó que exista obstaculización de la justicia “sin que haya Congreso de la República con mayoría parlamentaria de Fuerza Popular”. Añadió que también fue “un error que se hable del tema de [César] Hinostroza porque está prófugo, fuera del país y no está en el poder”.

Sin embargo, para el abogado penalista Rafael Chanjan, la estrategia de Keiko Fujimori estuvo errada desde que optó por recurrir al Tribunal Constitucional (TC) con un hábeas corpus que presentó su hermana, Sachi Fujimori, en paralelo con una casación ante el Poder Judicial.

“Si uno hace sumas y restas, la estrategia de haber planteado la casación y paralelamente el hábeas corpus fue un error. Si es que no se hubiese ido al TC para anular la prisión preventiva, Keiko Fujimori estaría muy pronta a salir”, dijo.

Aquí cabe recordar que el TC anuló en noviembre del año pasado la prisión preventiva de Keiko Fujimori, que ya había sido reducida de 36 a 18 meses por la Corte Suprema. Para cuando recuperó la libertad, ya llevaba 13 meses en prisión preventiva; es decir, solo le restaban 5 meses para recuperar la libertad.

Chanjan agregó que la abogada Loza hizo hincapié en decir que el fiscal presentaba pruebas que eran más de lo mismo y que no evidenciaban lavado de activos. “Pero con la argumentación del juez quedó demostrado que sí existen elementos de convicción fuertes”.

-Cuestionamientos a la resolución-

En otro momento, los tres penalistas consultados por El Comercio coincidieron en señalar que el punto menos sólido de la resolución del juez Zúñiga se encuentra en la argumentación de un peligro de fuga.

Sobre ese presupuesto, el juez Zúñiga concluyó que Keiko Fujimori no cuenta con arraigo domiciliario de calidad porque vive en una casa alquilada a pesar que tiene los recursos económicos para tener una casa propia.

El juez agregó que la lideresa de Fuerza Popular paga un alquiler mayor a los S/ 5 mil mensuales, que equivalen a más de cinco sueldos mínimos y serían suficientes para pagar mensualmente por una casa propia.

Pero la abogada Valverde señaló que el arraigo domiciliario no necesariamente se puede vincular a contar con una casa propia. “Hay gente con casa propia que no tiene arraigo y tiene peligro de fuga. Entiendo que establecer esa predicción no es fácil, pero la interpretación respecto al alquiler de la casa me parece un poco forzada”, dijo.

“No creo que haya riesgo de fuga, pero si lo hubiera, el arresto domiciliario podría haber sido una medida menos gravosa”, añadió.

Chanjan se pronunció en la misma línea al considerar que emplear “como argumento que no se tiene una casa propia o que no se cuenta con un oficio distinto a la actividad proselitista no son lo suficientemente sólidos para afirmar un peligro de fuga”.

En tanto, Caro sostuvo una opinión similar. “El arraigo no tiene que ver con tener casa propia. La clave es tener domicilio fijo, familia en el Perú. Además, otro tema es la conducta procesal. Keiko Fujimori ha estado libre en diciembre y enero y no se ha fugado del país”, dijo.

-Discrepancias-

Más allá de los cuestionamientos al presupuesto sobre el peligro de fuga, el penalista Chanjan consideró que la argumentación del juez Zúñiga fue sólida y evidenció que “han concurrido los requisitos que exige el Código Procesal Penal para dictar una medida excepcional como la prisión preventiva”.

En esa línea, precisó que en cuanto al peligro procesal, el Código Penal solo exige que haya peligro de obstaculización o peligro de fuga.

“Considero que la argumentación que ha esgrimido el juez es suficiente. Me parece una argumentación sólida en la que el peligro de obstaculización aparece con mayor contundencia y claridad […] No ha sido solo una repetición de argumentos utilizados antes”, dijo.

Pero distinta fue la opinión de Valverde, quien consideró como un exceso ordenar 15 meses de prisión preventiva para alguien que ya estuvo más de un año en la misma situación. “Me llama la atención que una persona pueda estar detenida tanto tiempo sin que haya un juicio”, dijo.

Sobre ese punto, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, aseguró días atrás que en abril se presentará la acusación formal contra Fujimori.

El penalista Caro también se pronunció contra la orden de prisión preventiva y señaló que “si hay varios elementos de convicción para ir a juicio, que se decida allí si debe responder o no. Pero la prisión preventiva tiene que venir aparejada del peligro de fuga y del peligro de obstaculización a la justicia”.