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El capturado Benedicto Jiménez Bacca tenía poderosas razones para estar prófugo de la justicia. El coronel retirado de la PNP está comprometido hasta las orejas con la organización criminal de Rodolfo Orellana.
De acuerdo con la fiscalía, no solo tuvo a su cargo la publicación de la revista “Juez justo” y la dirección de la ONG Unidos contra el Narcotráfico y el Lavado de Activos (Ucona), sino que también fue gerente general en otras cuatro importantes empresas de su prófugo jefe.
Según nuevos documentos de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a los cuales El Comercio tuvo acceso, Jiménez también fue designado por Orellana como gerente general de la empresa ABC Group For Human Development S.A.C., constituida en noviembre del 2008.
Igualmente tuvo ese alto cargo en Inversiones Corporativas S.A.C., formada en junio del 2008; en TV Netperú S.A.C., constituida en agosto del 2009; y en TVideo S.A.C., registrada en junio del 2012.
Se presume que la mayoría eran empresas de fachada que servirían para lavar dinero ilícito de la mafia de Orellana, pues Jiménez no supo justificar por qué estas solo tenían egresos económicos y no ingresos.
Además, según los documentos de la fiscalía, la situación del ex policía y abogado, respecto del delito de lavado de activos, está muy complicada.
Se menciona que hay evidencias de que Jiménez habría adquirido cuatro inmuebles que están a nombre de su hija Fiorella Jiménez Chirinos. Se trata de un departamento ubicado en la avenida San Borja Norte, en San Borja, y tres departamentos en San Bartolo.
En el documento también se dice que el imputado ha solventado la estadía en España de su otra hija, Fabiola Alessandra, durante un año. Ella ha viajado a Panamá, República Dominicana y Estados Unidos.
Además, cuando apenas tenía 21 años, Fabiola Alessandra compró un vehículo Jeep de placa B4Q543 a US$27.900.
La teoría de la fiscalía es que Jiménez pretendía ocultar sus ingresos ilícitos invirtiéndolos en bienes muebles e inmuebles que ponía a nombre de sus hijas.
Según la fiscalía, en su momento, ellas no tenían la capacidad económica para adquirir y costear los bienes y hacer estos gastos. Tampoco la tenía Jiménez, cuyos ingresos oficiales se reducen a su pensión de ex policía, su trabajo como abogado y su sueldo en “Juez justo”.
Por si todo esto fuera poco, la fiscalía tiene evidencias de que el investigado transfirió de manera sospechosa cuatro autos, e importó un vehículo de Panamá en octubre del 2013.
También, de acuerdo con su movimiento migratorio, el Ministerio Público estableció que Jiménez viajó entre el 2002 y 2012 a Colombia, México, Brasil, Chile, EE.UU., Ecuador y Panamá. Se sabe que en este último país operaban algunas empresas de Orellana.
FUERZA DE CHOQUE
En la organización que lideraban este último y su hermana Ludith, Benedicto Jiménez –quien se incorporó a esta red en el 2006– era la fuerza de choque. Él se encargaba de la protección de los jefes y miembros de la mafia. Para ello creó un aparato de amedrentamiento, constituido por la revista “Juez justo”, programas de radio y televisión y otras publicaciones, como “Quinto poder” y “Vox pópuli”.
La fiscalía sostiene que Jiménez, a través de esos medios, intimidaba, coaccionaba y perseguía –disfrazando sus amenazas de indagación periodística– a funcionarios que los investigaban o a los agraviados que los denunciaban.
Ahora que el ex policía que capturó al cabecilla terrorista Abimael Guzmán ha sido atrapado, deberá responder bajo prisión todas las imputaciones que le ha hecho la fiscalía.
