Víctor Hugo Torres Merino, amigo de la infancia de Dina Boluarte y Nicanor Boluarte, se ha acogido a la colaboración eficaz en el caso ‘Waykis en la sombra’, donde es investigado por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) junto al hermano de la presidenta.
Las declaraciones dadas bajo esa condición y sin reserva de identidad forman parte del pedido de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte y otros cinco investigados por este caso, documento al que accedió El Comercio. En ellas, Torres Merino refuerza la tesis fiscal sobre las presuntas influencias del hermano presidencial en la designación de prefectos y subprefectos con el objetivo de “apoyar” la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú.
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También ha reconocido que Nicanor Boluarte lo ayudó a obtener contratos en Qali Warma y en el programa PAIS, ambos en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cuando la hoy presidenta era ministra (2021-2022). Además, ha afirmado que recomendó a un expresidente del IPD, a través del hermano de la mandataria, a inicios del 2023, para que luego se contrate allí a personas allegadas al partido.
Entre los elementos de convicción (evidencia) presentados en el pedido de prisión preventiva están distintas partes del acta de transcripción “del colaborador eficaz Víctor Hugo Torres Merino”. Las declaraciones se realizaron el 20 y 21 de mayo, y el 5 de junio, para luego ser transcritas en actas con fecha del 14 de junio.
Torres Merino es investigado por la fiscalía por este mismo caso y es señalado como un presunto “mando medio” de la organización criminal. Fue una de las personas a las que se les dictó detención preliminar junto a Nicanor Bolaurte por este caso en mayo pasado. Tras ello, inició su colaboración con el Eficcop, sin reserva de identidad.
Nicanor, los prefectos y el partido
En sus declaraciones, el colaborador habla sobre el “apoyo” que debían dar los prefectos y subprefectos para la formación de ‘Ciudadanos por el Perú’, en el cual figura como tesorero y secretario de Economía. Según sus dichos, Nicanor Boluarte les aseguró que él tenía para ello el apoyo de su hermana, la presidenta.
“Era por el tema político, para apoyar la formación del partido. La manera que nosotros indicamos era la recolección de firmas, que era llenar un formato, DNI, sus datos personales de la persona y su firma igual que su DNI, y eso ha sido a nivel nacional, con excepción de Tacna, Moquegua y Tumbes; (...) Nicanor Bolaurte Zegarra, aprobaba y daba las indicaciones en el caso de las prefecturas provinciales; lo que era en distritales directamente yo llevaba los cuadros de propuestas o los nombres al gobierno interior. En algunos casos yo también recomendaba”.
Torres Merino también dio cuenta de una serie de reuniones promovidas por Nicanor Boluarte, vinculadas a la formación del partido. Entre ellas está una del 9 de diciembre del 2023, dos días luego de que su hermana asuma como presidenta, realizada vía Zoom.
“En la reunión se planteó, bajo la indicación de Nicanor Boluarte Zegarra, la estrategia de la designación de prefectos y subprefectos, ya que él mencionó que tenía el apoyo de la presidenta de la República para la designación de prefectos y subprefectos [...] Él indica que debemos hacer llegar la propuesta de prefectos y subprefectos donde faltasen para que se tramite con el señor Ortiz Marreros para su designación y que los prefectos y subprefectos sean el soporte para la inscripción del partido político”.
En otro momento, reconoció que “es ilícito en lo que hemos actuado y soy parte de ello, y para esclarecer los hechos voy a relatar los nombres que me acuerdo y muchas de estas eran designaciones directas de Nicanor, en el cual las prefecturas y subprefecturas tenían que canalizar las propuestas a través de mi persona para hacerle llegar al señor Ortiz Marreros”. Luego, mencionó a al menos 27 personas que fueron propuestas para esos puestos, tanto en regiones como en distritos de Lima.
También habló de una reunión del 29 noviembre del 2023, realizada en el local del Conafovicer en Huachipa, a la que asistió la propia Dina Boluarte. “[Ella] agradeció los aportes de los dirigentes y personas que apoyaron la campaña presidencial a su lado, también instó a seguir organizándonos políticamente para apoyar la gobernabilidad del país y los acuerdos que tenían que llevar para la conformación del partido político, estuvo aproximadamente 30 o 40 minutos”.
En otro momento, aseguró que recibía indicaciones de Nicanor Boluarte de propuestas de designaciones de subprefectos y prefectos a manera de un primer filtro, luego coordinaba con el investigado Jorge Luis Ortiz Marreros (entonces director de la Dirección General de Gobierno Interior), para que este “coordine con la presidenta” y finalmente se firme la designación, según el caso.
Torres incidió, según cita la fiscalía, en que “la dirección y coordinación de las prefecturas y subprefecturas siempre la ha mantenido Nicanor Boluarte” a través suyo y que las propuestas “venían de todos los dirigentes del partido”, siendo él el nexo con Ortiz Marreros. “No se hacía nada si Nicanor no lo indicaba”, afirmó en otro momento.
En otra parte de su declaración, de acuerdo con lo transcrito por la fiscalía, Torres Merino afirma que para la formación del partido tenían un local para el “acopio de fichas de afiliación”. Sin embargo, luego de las revelaciones periodísticas sobre su caso, los documentos se trasladaron a la av. Risso y Nicanor Boluarte “decide no trabajar en su oficina y mudarse, cambiar número y que en cualquier momento los podrían allanar”.
Según dijo, el hermano de la presidenta les requirió que “tomen sus precauciones” ante un posible allanamiento y los implicados tomaron medidas, como no tener documentación del partido en sus casas. Esa parte de la imputación forma parte de los argumentos para argumentar que existe riesgo de que Nicanor Boluarte obstaculice las investigaciones.
Midis y el IPD
En sus declaraciones, Víctor Torres Merino también admitió que “con la participación de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, se me favorece en la contratación como locador de servicios en el programa Qali Warma”.
“Como segundo hecho se me favorece a través de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, con recomendación para influenciar en el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS, del Ministerio de Inclusión Social, en el cual laboré un promedio de cinco meses. En el tercer hecho en haber favorecido la recomendación para la dirección de Provías Descentralizado, al señor José Enciso Torres, quien es mi primo, lo cual se le entregó el CV a Nicanor Boluarte, para que interceda ante la presidencia”.
Según los registros del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, Torres Merino recibió un contrato de S/ 12 mil de Qali Warma para “realizar la identificación y sistematización de las buenas prácticas” en diciembre del 2021. Luego, obtuvo tres contratos en el programa PAIS por un total de S/ 35 mil, entre mayo y noviembre del 2022, por servicios de “capacitador en gimnasia laboral” y “capacitador en pausas activas”. En total, sus contratos en el Midis durante la gestión de Dina Boluarte suman S/ 47 mil.
En el pasado, la presidenta, cuestionada por esa contratación, ha defendido que él “el profesional calzó, en su momento, en el perfil para hacer estas charlas que todo el Estado tiene”. La defensa legal de la presidenta dijo a El Comercio que este hecho no forma parte del caso vinculado a su gestión como ministra por el que la Fiscalía de la Nación la investiga.
Torres Merino también se refiere a la formación de Ciudadanos por el Perú con la participación de prefectos y subprefectos, a la realización de “polladas” para recaudar dinero con el apoyo de prefectos y subprefectos para distribuir tarjetas, y “a través de Nicanor Boluarte Zegarra, la recomendación para la presidencia del Instituto Peruano del Deportes para el señor Guido Flores Marchán, y a través de él, la recomendación para algunas locaciones de servicio de personas que apoyaron a la campaña”.
“Eso ha sido a petición de mi persona, conversé con Nicanor Boluarte para la propuesta del presidente actual del IDP, Marchán. Lo propuse porque lo conozco en la Universidad de La Cantuta, hace más o menos 20 o 25 años que trabajamos juntos en programas de capacitación, y a raíz de los problemas del IPD por cambios permanentes de Castillo [...] conversé con la presidenta cuando todavía era esta ministra, lo cual no se pudo completar”.
Agregó que “pasó el tiempo y conversé con Nicanor cuando ya Dina Boluarte había asumido la presidencia”. “Cuando ella asume la presidencia, hablé con su hermano [...] Me recibió el CV, me dijo: lo voy a trasladar a Palacio para que ellos lo evalúen”. Flores Marchán fue nombrado jefe del IPD mediante una resolución firmada por Dina Boluarte el 8 de febrero del 2023. Se mantuvo en el puesto hasta renunciar en junio de este año.
“Me alcanzó su CV y conversé con Nicanor para la propuesta, lo cual se dio y para el 8 de enero salió su designación. Yo conversé con él [y] le dije: ‘la idea es que apoyes al gobierno y que estamos en un proyecto político, que estamos impulsado con Nicanor y necesitamos que apoyes a la gente que apoyó en campaña’, con locación de servicios, y me dijo ya. Él entró el 8 de febrero del 2023 [...] Le alcancé una lista, no recuerdo cuántos de ellos, cuales estuvieron ingresando uno a uno, ese fue el apoyo y la contraprestación de apoyar y el apoyo a las personas que apoyaron a la campaña de Dina Boluarte [...] Él me dijo “mandame la lista, voy a ver qué hago” y así fue”.
Torres Merino mencionó a al menos cinco personas que ingresaron tras estar en esa lista y remarcó que “esa era la forma de retribuir a la gente que apoyó a la campaña del gobierno”.
Descargos
El Comercio llamó y envió mensajes a Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte en este caso, para tener su postura frente al pedido de prisión preventiva y los dichos de Víctor Torres Merino como colaborador. Sin embargo, el abogado se excusó de declarar. Dentro del proceso, Boluarte ha negado todos los cargos de la fiscalía y rechaza ser parte de una red criminal.
Previamente, en declaraciones brindadas a Canal N luego de ser notificado sobre la solicitud de prisión preventiva, el abogado afirmó que esta es “innecesaria”. “No hay una razón que justifique la imposición de una prisión preventiva contra mi patrocinado y menos aún, intentar un plazo de 36 meses. Tengo la tesis personal de que hay una especie de obsesión procesal [del Ministerio Público] contra mi patrocinado y este pedido obedece a eso”.
Vivanco aseguró que Nicanor Boluarte “cuenta con todos sus arraigos” y no ha cometido “ningún acto, ninguna acción que haga suponer que va a entorpecer la acción de la justicia. No se justifica esta prisión preventiva”. En esa línea, remarcó que el Poder Judicial revocó en segunda instancia la detención preliminar de su defendido.
Adicionalmente, el abogado dijo a RPP que solicitarán al juez que la audiencia se aplace, al advertir que el pedido completo de la fiscalía tiene más de 30 mil páginas. Pese a ello, indicó que él y su defendido se presentarán a la audiencia de este viernes y que “cual sea el resultado, mi patrocinado lo va a acatar”.
Declaraciones de Dina Boluarte sobre Víctor Torres Merino
Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, dijo a este Diario que no conoce los detalles de la declaración de Torres Merino y sus contratos en el Midis. Pese a ello, comentó que en este tipo de contrataciones “el nivel de intervención de la presidenta, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, es absolutamente ajeno”.
En diciembre del 2023, la propia Dina Boluarte dijo que se enteró sobre la contratación de Víctor Torres Merino por la prensa. Sin embargo, añadió que tras averiguar sobre el tema, afirmó que “el profesional calzaba, en su oportunidad, para esta tarea que había convocado el Programa PAIS”
“¿Dónde está el problema? ¿Acaso por qué es amigo del doctor Nicanor Boluarte o porque yo era ministra? Yo no estaba enterada de que lo habían contratado, por ejemplo [...] ¿Dónde está lo ilícito”, declaró a la prensa luego de una actividad oficial. Allí también aseguró que su hermano “no es parte del gobierno” y que no tiene “ninguna” injerencia, posición que mantiene hasta ahora.
El Comercio también buscó la versión de Guido Flores Marchán a través de llamadas y mensajes. No obstante, el expresidente del IPD tampoco respondió.