La defensa del expresidente Alejandro Toledo encontró la fórmula legal para sacarlo de prisión ocho meses después de que fuera arrestado y enviado a la cárcel de Santa Rita, ubicada en el condado de Alameda (California). En ese lapso, pedidos para quedar libre bajo fianza y apelaciones a los fallos en contra, que detallaremos a continuación, fueron rechazados hasta que la coyuntura le jugó a favor: dejará la prisión por el riesgo de contraer el coronavirus.
Su primer intento por recuperar la libertad fue rechazado el 12 de setiembre del 2019, dos meses después de su arresto. Aquella vez, Toledo se presentó ante el juez Thomas S. Hixson, de la Corte Federal del Distrito Norte de California, en audiencia pública en la que se evaluó su libertad bajo fianza. Por momentos, el expresidente temblaba del brazo izquierdo y a veces del labio inferior. En tanto, su esposa, Eliane Karp, se empezaba a ofuscar con los alegatos de los fiscales que defendían la permanencia en prisión.
El juez consideró que había riesgo de fuga debido a la naturaleza de las acusaciones: el Perú solicitaba su extradición por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, por supuestamente haber recibido US$20 millones de Odebrecht por la licitación de la carretera Interoceánica Sur.
La defensa de Toledo no bajó los brazos y consiguió que al menos fuera cambiado de prisión. El 13 de octubre del 2019, el expresidente abandonó la cárcel de Santa Rita, donde cumplía un estricto régimen penitenciario de aislamiento, y fue enviado a la correccional Maguire, del condado de San Mateo, debido a un deterioro de su salud mental.
En el Perú, mientras tanto, el equipo especial de la fiscalía para el Caso Lava Jato continuaba recogiendo pruebas contra el mandatario, no solo por el caso de la Interocénica, sino también por el Caso Ecoteva, que involucra a Eliane Karp y a la madre de esta, Eva Fernenbug.
Y apenas una semana después de conseguir mejores condiciones carcelarias, la situación legal de Toledo se complicó al conocerse que él y su esposa contaban con más de un millón de dólares en cuentas bancarias a junio del 2019, un mes antes de ser detenido.
El expresidente había señalado que no contaba con dinero para defenderse durante el proceso de extradición porque sus cuentas fueron congeladas, pero las autoridades de Estados Unidos demostraron lo contrario.
Toledo pasó la Navidad encerrado en Maguire, donde un día después de fiestas recibió otra mala noticia proveniente desde Perú: el juez Richard Concepción Carhuancho aprobó el acuerdo de colaboración eficaz entre el equipo especial Lava Jato, la procuraduría ad hoc del caso y el empresario peruano-israelí Josef Maiman, su ex amigo y presunto testaferro.
Las últimas cartas
En febrero, la defensa de Toledo hizo testificar a un siquiatra, quien habló del presuntamente deteriado estado mental del exmandatario. De acuerdo a Toledo, estaba sufriendo un gran deterioro psicológico.
Pero el 4 de marzo pasado, el juez de apelaciones del Distrito Norte de California (EE.UU.) Vince Chhabria consideró no probado el deterioro del estado mental y denegó la solicitud de libertad bajo fianza.
Ese mismo día, pero desde Perú, la Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema declaró procedente la solicitud del Ministerio Público para que también se extradite a Toledo por el Caso Ecoteva. La aprobación incluyó la extradición de Eliane Karp.
Pese a las pruebas en su contra, Toledo jugó una última carta que le llegó por circunstancias ajenas a su caso. El martes pasado,presentó ante el juez del Distrito Norte de California Thomas Hixson una solicitud para dejar la prisión por la pandemia del coronavirus COVID-19. Sus abogados dijeron que estaba en peligro porque “respira el mismo aire sin filtrar” que el personal médico del establecimiento.
El pedido le fue aprobada hoy (jueves 19) bajo fianza.