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El juicio oral contra Alejandro Toledo siguió este martes, en su segundo día seguido de audiencias por el supuesto pago de soborno que recibió de Odebrecht a cambio de la licitación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur, proceso por el cual fue extraditado desde Estados Unidos.
La audiencia estuvo a cargo del Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior de Justicia Especializada, la cual también dispuso que no se permitirá el ingreso de la prensa a la sala por motivos de seguridad y aforo, a pesar del pedido explícito que hicieron gremios periodísticos al Poder Judicial.
La sesión que empezó a las 9 a.m. concluyó minutos antes del mediodía, luego de la exposición de los alegatos iniciales de todas las partes, tanto Ministerio Público como procuraduría y abogados.
La sala procedió a leer los derechos a todos los acusados presentes, incluyendo a Toledo Manrique quien estuvo conectado virtualmente desde el penal de Barbadillo acompañado por uno de sus abogados. Los jueces recordaron que en cualquier momento pueden recurrir a la conclusión anticipada para concluir su juicio y obtener una sentencia más leve aceptando los cargos.
Al finalizar este proceso, se citó a todas las partes para seguir con el juicio el viernes 20 de octubre a las 9 a.m.
Alejandro Toledo Manrique es acusado por la fiscalía de haber cometido los delitos de colusión y lavado de activos al haber otorgado de manera ilícita la obra de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica a la empresa brasileña Odebrecht a cambio de coimas.
El Ministerio Público pide 20 años y medio de prisión efectiva contra el exmandatario, mientras que solicita diversas penas contra otros imputaos como Avraham Dan On (exjefe de seguridad de Toledo), los exmiembros del Comité de Proinversión Sergio Bravo Orellana y Alberto Paso Font; los exrepresentantes de la empresa ICCGSA José Castillo Dibós y Fernando Camet Piccone; así como el exrepresentante de la empresa Graña y Montero, Gonzalo Ferraro Rey.
Toledo habría pedido el supuesto soborno durante una reunión en Río de Janeiro, Brasil, el 2004 en una cita en la que Jorge Barata ha reconocido haber participado y haber aceptado la exigencia del entonces presidente.
Los pagos ilícitos se hicieron a través de las cuentas bancarias de empresas creadas por el fallecido Josef Maiman, quien reconoció haber sido parte de la trama ilícita para facilitar las transferencias de parte de Odebrecht.
José Graña y Hernando Graña, que estaban incluidos en la acusación, fueron retirados tras recibir sentencias de colaboración eficaz.
