El juez del Distrito Norte de California Thomas Hixson ha rechazado el recurso que buscaba retirar al abogado que el gobierno de EE.UU. le proporciona de forma gratuita a Alejandro Toledo en su proceso de extradición. La fiscal federal Elise LaPunzina había argumentado que su esposa, Eliane Karp, registra suficiente dinero en sus cuentas como para pagar por la defensa del expresidente.
Hixson determinó que el dinero de Karp es “irrelevante” para el caso porque no está a disposición de Toledo, y porque ella no desea pagar por la defensa de su esposo. Para ello, citó la norma que rige la asignación de abogados públicos: “debe darse sin tomar en cuenta la capacidad financiera de la familia de la persona para pagar por su defensa, a menos que la familia indique la voluntad de hacerlo".
“El lenguaje es claro. La Corte no puede incluir activos de los esposos en la determinación financiera a menos que el cónyuge indique la voluntad de pagar”, recalca el juez. “Aquí Karp no ha indicado disposición para pagar. Al contrario, la defensa afirma que no está dispuesta a hacerlo, en parte porque podría necesitar el dinero para pagar sus propios abogados por sus potenciales problemas legales", agrega.
En octubre, LaPunzina había solicitado que se le retirara el abogado gratuito a Toledo por haber mentido sobre sus finanzas en la declaración jurada para obtenerlo. La fiscal federal envió pruebas de depósitos hechos a las cuentas de Karp en los cinco meses previos a la detención de Toledo, por más de US$1 millón. El dinero fue transferido por la suegra del expresidente, Eva Fernenbug.
Toledo había asegurado que no tenía dinero para defenderse durante el proceso de extradición, pero LaPunzina alegó que lo registrado en las cuentas de Karp le permitía pagar tranquilamente por un abogado. Además, la fiscal informó que Karp recientemente renegoció al alza la renta de la casa del matrimonio en Menlo Park, California, en la que paga US$6.500 mensuales.
El juez Hixson, sin embargo, dice que no encuentra razón para pensar que Karp está encubriendo dinero que realmente pertenece a Toledo. Además, agrega que si ella “no está dispuesta a pagar por sus gastos legales, no importa cuánto dinero tenga, por lo que Toledo mintió [en su declaración jurada] sobre algo que es finalmente irrelevante para la designación del abogado público”.
Sin embargo, el juez sí resalta la complicación derivada de que el expresidente haya ocultado el dinero de su esposa en su declaración, para luego alegar que el millón de dólares era un “regalo” de su suegra. Dice, por ejemplo, que esa “tergiversación es preocupante”.
“Si Toledo hubiera revelado con precisión los activos de su esposa en primer lugar, esta moción hubiera sido más fácil. Su esposa está sentada sobre una gran cantidad de dinero, que le ha dado su madre”, afirma la resolución. Pero luego agrega que "un hijo es un beneficiario natural del regalo de un padre”.
El próximo miércoles 5 de febrero, Toledo deberá presentarse ante el juez Vince Chhabria para una audiencia probatoria sobre su salud mental. Chhabria debe determinar si el expresidente se mantendrá en prisión u obtendrá libertad bajo fianza en lo que resta del proceso de extradición. Para ello, las partes presentarán pruebas sobre cómo las condiciones carcelarias lo afectan psicológicamente.
Al día siguiente, el jueves 6, el juez Hixson deberá evaluar si obliga a la fiscalía federal estadounidense a entregarle a la defensa de Toledo 16 folios de información documental vinculados a su caso. Entre lo solicitado por los abogados están los acuerdos de colaboración del exsuperintendente de Odebrecht Jorge Barata y el empresario israelí Josef Maiman, así como copias de sus testimonios ante los fiscales peruanos.