35 millones de dólares. Según la acusación de la fiscalía, ese es el precio por el que el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) acordó favorecer a la constructora brasileña Odebrecht con la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur, entre el 2004 y el 2005. Además, el Ministerio Público le atribuye haber recibido más de US$ 30 millones entre el 2006 y 2011 como fruto de ese pacto, mediante un esquema de lavado de dinero a través de las cuentas de su amigo, el empresario israelí Josef Maiman.
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Estas imputaciones, que persiguen al exmandatario desde hace casi ocho años, llegarán este lunes a su desenlace con la sentencia que emitirá el Poder Judicial sobre este caso. La decisión será anunciada por el Segundo Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, durante una audiencia en la Dinoes programada para las 2 p.m.
La sentencia finalmente establecerá -al menos en primera instancia- una verdad judicial: si Alejandro Toledo, de 79 años, es responsable de los delitos de colusión y lavado de activos, por los que se le acusa. Por estos cargos, el fiscal José Domingo Pérez pide que se le imponga una condena de 20 años y 6 meses. En tanto, la procuraduría pide que el expresidente y sus coacusados paguen una reparación civil de S/ 1,375 millones y US$ 463 millones.
Castillo Dibós está en un proceso de colaboración eficaz y ha aceptado los cargos de la fiscalía por este caso. Sin embargo, no fue excluido del juicio porque su acuerdo aún no es aprobado por el Poder Judicial. La fiscalía solicitó al juzgado que se evalúe su situación de forma especial y que si se le condena, se suspenda la ejecución de la pena. Su defensa pide que no le condene en este caso, sino que su situación penal se resuelva dentro de su proceso especial de colaboración eficaz.
ICCGSA era una de las constructoras peruanas socias de Odebrecht en el proyecto de la Interoceánica, junto a Graña y Montero y JJ Camet. ICCGSA, JJ Camet y Odebrecht (solo por lavado de activos) están incluidos como terceros civiles responsables, es decir, empresas que podrían pagar una reparación civil. También se pide reparación civil para los herederos de Patrick Barclaye Mendez, el tercer miembro del comité de Proinversión, quien fue investigado pero falleció antes del juicio.
Tres exdirectivos de Graña y Montero, José Graña, Hernando Graña y Gonzalo Ferraro, fueron inicialmente acusado juntos a Alejandro Toledo y el resto. Sin embargo, el Poder Judicial aprobó sus acuerdo de colaboración eficaz luego de la acusación, por lo que fueron retirados del proceso. Fernando Camet, exdirectivo de JJ Camet, también fue acusado, pero el juicio contra él se reservó luego de que se fue a España y se le declaróa reo contumaz. En el caso de Jorge Barata y Josef Maiman, sus acuerdos de colaboración eficaz se aprobar antes de la acusación fiscal y solo permanecieron en el proceso como testigos.
De investigado a sentenciado
Las sospechas en torno a las finanzas y los bienes de Toledo se remontan al 2013, con el Caso Ecoteva. Este actualmente se tramita en otro juicio oral, a la espera de que Estados Unidos amplíe la extradición del expresidente.
Sin embargo, su investigación por las presuntas coimas de Odebrecht comenzó en enero del 2017. Previamente, a fines de diciembre del 2016, se conoció que la constructora brasileña confesó en EE.UU. el pago de sobornos a funcionarios peruanos entre el 2005 y el 2014.
La fiscalía, mediante el Equipo Especial Lava Jato, abrió diversas carpetas fiscales en torno a esta revelación. Entre estas, la de Alejandro Toledo se convertiría en la más notoria por implicar a un expresidente y por el alto monto de la presunta coima. Inicialmente, la investigación apuntaba inicialmente a un pacto por US$ 20 millones, cifra que luego subió a 35 millones.
Ese mismo mes, Alejandro Toledo dejó el Perú para ir a EE.UU. Ello motivó un complejo proceso de extradición que el expresidente dilató con un agresiva estrategia de defensa y que recién lo trajo de vuelta en abril del 2023. Desde entonces, cumple una orden de prisión preventiva en el penal de Barbadillo. Su juzgamiento comenzó en octubre de ese año.
A lo largo del juicio oral, su abogado Roberto Su y el mismo expresidente defendieron su inocencia. “No recibí ni un centavo de este proyecto”, afirmó el exmandatario el último miércoles, en la última audiencia de su proceso. También pidió que, si la sentencia es condenatoria, pueda continuar defendiéndose bajo arresto domiciliario.
La fiscalía considera que la culpabilidad de Alejandro Toledo fue demostrada durante el juicio con distintas pruebas. Entre estas destacan las declaraciones previas de Josef Maiman (fallecido en el 2021) y de Jorge Barata, el exjefe de Odebrecht en Perú, así como los documentos sobre la ruta de los pagos de la constructora, a través de las empreas de Maiman.
La evidencia se consiguió en Perú y desde países como Brasil, Suiza y EE.UU. “Se ha cumplido con aportar toda la prueba suficiente para destruir su presunción de inocencia”, dijo a El Comercio el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato. En este proceso, destacó el trabajo del fiscal José Domingo Pérez (a cargo del caso desde mediados del 2018) y de su equipo de trabajo, así como de la procuraduría del Caso Lava Jato, que lidera Silvana Carrión.
Rafael Vela remarcó que la extradición de Toledo fue una “convalidación”, de parte de un sistema de justicia extranjero, de la solidez del caso que tenían contra el exlíder del desaparecido partido Perú Posible. Y desde que está en el Perú, el fiscal destacó que la rapidez con la que avanzó su juicio (de solo un año de duración) evidencia lo que se puede lograr cuando los jueces dedican mayor tiempo o se dedican con exclusividad a atender casos complejos como este.
“Es la primera vez que sucede un caso como el que estamos enfrentado (...) Ha significado un reto para el sistema de justicia en general y en particular para el Poder Judicial, que ha demostrado, a partir de poder dedicarse casi exclusivamente (a este caso) y de concentrar las audiencias, que un juicio oral puede concluir en un plazo razonable, como fue el caso del señor Toledo”.
Una sentencia histórica
Especialistas consultados por este Diario consideraron que hay una alta probabilidad que Toledo sea declarado culpable. Además, destacaron que será la primera sentencia de un expresidente en el Caso Odebrecht y la primera sentencia de un expresidente desde las que recibió Alberto Fujimori.
“Este es un caso trascendental para el futuro judicial, jurídico del Perú”, dijo el penalista Andy Carrión. “Creo que sí hay más que suficientes elementos para que el juzgado llegue a la conclusión de la culpabilidad de Alejandro Toledo, aunado a lo que él mismo reconoció al final sobre el pago que realizó (Josef Maiman) a su favor (...) Diría que hay altas probabilidades de que sea condenado”.
En cuanto a la relevancia del caso, remarcó que “estaríamos ante el primer presidente condenado por un caso de corrupción internacional”. “Ya no solo hablamos de funcionarios o empresarios coludidos con Odebrecht, sino de un presidente. Estaríamos hablando del primer presidente condenado por un tema de corrupción internacional, corrupción transnacional”.
Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, consideró que este proceso “generará un antes y un después en temas de corrupción de funcionarios al más alto nivel”. “Estamos hablando de Odebrecht, una empresa corrupta transnacional, y el más alto funcionario del país. Solo el hecho de que ya exista una sentencia sobre ese punto ya es un hito en materia de corrupción de funcionarios”.
El abogado coincidió en que “hay una alta probabilidad” de que la sentencia de Alejandro Toledo sea condenatoria. “Hubo medios probatorios actuado en el juicio: peritos, declaraciones, información de la misma Odebrecht. Todos esos elementos sí puede llevar de que estemos en un caso en que se ha desvanecido su presunción de inocencia y se estaría estableciendo un acto de colusión con un suma bastante alta”.
Silvana Carrión, procuradora del Caso Lava Jato y defensora del Estado peruano en el juicio de Alejandro Toledo., dijo a El Comercio que esta sentencia marcará la historia judicial del Perú porque “se ha visualizado cómo la máxima figura de un país, el más alto funcionario se ve comprendido en estos de corrupción, un soborno”. En consecuencia, indicó que la sentencia decidirá “cómo se debe sancionar al funcionario que representa a toda una nación”.
Además, estimó que se trata del caso más grave de corrupción a nivel de Latinoamérica vinculado a un jefe de Estado que habría solicitado “un monto de soborno de esta naturaleza para dar en concesión una obra pública que era para la ciudadanía”.
Sobre la trascendencia de esta sentencia, Rafael Vela incidió en que demostrará que “toda persona, por más que haya sido presidente y que haya tenido mucho poder, también puede responder a la justicia y se puede saber la verdad”.“Nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber. Ha sido una tarea sumamente compleja”, reflexionó.
“Se trata de un expresidente, eso es siempre algo penoso porque se trata de la alta representación del país. Sin duda alguna, averiguar la verdad y demostrarla a la sociedad resulta siendo un aporte necesario del sistema de justicia (...) La sociedad, cuando tiene un sistema de justicia confiable, transmite una respuesta efectiva a quien trasgrede la ley. Ese es un mensaje correcto”.
En cuanto a lo que representó la figura de Alejandro Toledo, el analista político Gonzalo Banda recordó que el expresidente alguna vez tuvo “un capital político muy grande”, que le servió para convertirse en el líder de la oposición al régimen fujimorista, y que “en su momento, representó mucha esperanza”.
“Representó la bisagra que intentó darle viabilidad el Perú tras el autoritarismo de Fujimori (...) Llegó a representar a ese político que se parecía al ciudadano, que venía de Cabana, pero que también tenía gran éxito en su vida profesional. El voto por él fue un voto aspiracional”.
Sin embargo, añadió que con los años se evidenció como una persona frívola, que “escapaba a sus responsabilidades”. “Cuando se hace una repaso de su gobierno, todos coinciden en que fue un gobierno bueno económicamente a pesar de él. Un gobierno que sobrevivió a un presidente que se volvió frívolo”.
“Si se da su condena, se confirmaría que fue uno más de los políticos peruanos que se corrompió (...) Su figura ya no es la del ‘cholo sagrado’, se ha convertido en uno más de los político decadentes peruanos. Más que sagrado, sería profano”, sentenció Banda.
-Caso Ecoteva: en etapa de juicio oral y con orden de prisión preventiva, a la espera de que EE.UU. amplíe su extradición para incluirlo en el juicio. Fiscalía pide 16 años y 8 meses de condena.
-Caso Interoceánica Sur, tramo 4: en etapa de control de acusación, pendiente de trámite de extradición. Tiene una orden de prisión preventiva de 30 meses por este caso. Fiscalía pide 35 años de condena.
-Caso IIRSA Norte: en etapa de investigación preparatoria.
-Caso Olmos: en etapa de investigación preparatoria.
-Caso aportes de campaña a Perú Posible: en etapa de investigación preparatoria.