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El ex presidente Alan García, al igual que sus homólogos Alejandro Toledo y Ollanta Humala, está en la mira de una fiscalía de lavado de activos. Ello luego de que el fiscal superior Marcos Villalta ordenase que se le abra una investigación por la presunta comisión de dicho delito.
El 22 de diciembre, Villalta Infante declaró nula una resolución de primera instancia del fiscal José Castellanos, al señalar que este último archivó una denuncia contra el ex mandatario aprista sin haber siquiera realizado diligencias preliminares de investigación.
Castellanos tenía a su cargo, desde setiembre del año pasado, resolver si correspondía iniciar una investigación a Alan García y doce personas de su entorno, sobre la base de un informe de la megacomisión del Congreso pasado que investigó un presunto enriquecimiento ilícito y desbalance patrimonial de funcionarios durante la gestión aprista.
Entre los funcionarios que aparecen mencionados en el informe están los ex ministros Aurelio Pastor, Hernán Garrido Lecca, José Antonio Chang y el ex secretario general del despacho presidencial Luis Nava así como el ex presidente de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia Miguel Facundo Chinguel.
En el caso de Nava, por ejemplo, la llamada megacomisión señaló que existía un desbalance patrimonial superior a los S/259 mil.
Según el fiscal Castellanos Jara, el caso merecía archivarse porque no existían indicios de lavado de activos ni tampoco de la existencia de una organización criminal.
La Procuraduría de Lavado de Activos presentó una queja y pidió que una instancia superior resolviera si el caso debía ser archivado.
Entre sus argumentos, la procuraduría dijo que el fiscal archivó el caso sin abrir formalmente una investigación preliminar. Y que, además, solo realizó “actos previos” de indagación “que no permiten emitir un pronunciamiento fiscal”.
“No se tomó la declaración de los integrantes de la comisión parlamentaria, ni de la denunciante Angela Valdez Rivera”, dice la queja.
El fiscal superior Villalta ratificó lo expuesto por la procuraduría y concluyó que el fiscal Castellanos incurrió “en un vicio procesal insalvable” al haber archivado la investigación a Alan García, sin haber hecho diligencias preliminares.
En consecuencia, el fiscal superior Villalta ordenó a Castellanos que abra una investigación preliminar al ex mandatario y a las otras personas antes mencionadas, por el presunto delito de lavado de activos, bajo la modalidad de conversión, ocultamiento. La resolución que reabre la indagación, se emitirá en los próximos días.
—Colaboración—
Wilber Medina, abogado del ex mandatario aprista, aseguró que su patrocinado colaborará con las investigaciones de la fiscalía, sea en el caso expuesto o en otro.
“Habrá una absoluta colaboración del ex presidente García con las investigaciones, que no queden dudas”, dijo Medina a este Diario.
El abogado también recordó que la megacomisión no encontró pruebas de enriquecimiento ilícito en Alan García. “El mismo Sergio Tejada dijo que las cuentas de Alan García cuadraban”, indicó.
Además, recalcó que a fines del 2013, el entonces fiscal de la Nación José Peláez archivó una investigación similar contra el ex mandatario por el mismo delito.
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"Balance preocupante", la columna de Fernando Tuesta Soldevilla (@tuesta) ► https://t.co/JXJ5DnXISZ pic.twitter.com/3PPqRVx9yt— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 29 de diciembre de 2016
