El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, anunció que su institución elabora un informe sobre la situación del partido de Antauro Humala, declarado ilegal, en primera instancia, por la Corte Suprema.
Según señaló a este Diario, el responsable de realizar el documento es Carlos Fernández, adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad.
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En tanto, ante la consulta de este Diario, Fernández evitó adelantar el tenor de su contenido. Tampoco respondió si en él se comparte una postura similar a la Gutiérrez o se respaldan los argumentos del Ministerio Público y la decisión de la Corte Suprema.
Como se recuerda, el titular de la Defensoría del Pueblo adelantó el jueves pasado, en una entrevista con RPP, su posición en contra del fallo alegando que estaría perjudicando a los afiliados que tenían intenciones de postular al Congreso y otros cargos de elección popular. Sin embargo, omitió señalar que su hermano Agustín es uno de los militantes de esta agrupación política.
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El defensor del Pueblo explicó a El Comercio, el último lunes, que este informe se viene trabajando a solicitud del Jurado Nacional de Elecciones y el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular).
Este último había solicitado a Gutiérrez que pida que A.N.T.A.U.R.O. (Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros) sea declarado ilegal, pero no tuvo respuesta.
Cabe señalar que el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas establece que solo a pedido del fiscal de la Nación o del defensor del Pueblo, la Corte Suprema puede declarar la ilegalidad de un partido político cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos.
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¿Quién es Carlos Fernández?
Carlos Fernández labora en la Defensoría del Pueblo desde hace más de 20 años. Actualmente, es responsable de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad. Recibió la encargatura del puesto por Josué Gutiérrez en noviembre del 2023.
Previamente, se desempeñó como jefe de área y jefe del programa para Asuntos Penales y Penitenciarios de la misma oficina.
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Como responsable de Asuntos Penales y Penitenciarios, Fernández solicitó al INPE información sobre Antauro Humala, quien cumplió condena hasta agosto del 2022 por el ‘andahuaylazo’ y salió libre debido a la redención de su condena.
Ese mismo mes, el funcionario consultó mediante el oficio N°165-2022-DP sobre la redención que se aplicó a Humala, una figura que había sido denegada al etnocacerista en diversas ocasiones.
En el documento, dirigido al entonces director del penal Ancón II, Percy Rojas, Fernández solicitó con carácter de urgencia que le remitan el expedientillo de beneficio penitenciario concedido a Humala.
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Posteriormente, cuando el líder de A.N.T.A.U.R.O. ya había salido en libertad, el hoy adjunto para los Derechos Humanos pidió al INPE iniciar una investigación profunda sobre las presuntas irregularidades ocurridas en el otorgamiento de libertad a Humala. Ello luego que el etnocacerista señalara, en una entrevista con Infobae, que no había llevado ninguno de los cursos y trabajos manuales con los que se justificó la redención de su pena.
“Dicha situación resulta preocupante, ya que de la revisión del expedientillo de beneficio penitenciario de pena cumplida con redención por trabajo y estudio, se advierte que existe sendos planillones de educación y trabajo que acredita las actividades realizadas por el señor Humala. Sin embargo, en la entrevista mencionada afirma de manera categórica nunca haber realizado trabajo de manualidades, pintura, entre otras”, se lee en el documento suscrito por Fernández.
Además, precisó que, de corroborarse que Humala no cumplió con realizar labores o estudios de forma efectiva, tal como lo indicó él mismo al portal web, correspondería al INPE evaluar la nulidad del documento en el que se oficializa su libertad.
Fuentes de la Defensoría del Pueblo señalaron a El Comercio que Fernández siempre se mostró neutral con respecto a Antauro Humala. Sin embargo, indicaron que este funcionario sería muy cercano y leal a Gutiérrez.
Detallaron que, antes de su nombramiento, ya sostenía reuniones con el defensor con miras a convertirse en titular de la Adjuntía para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad.
“Actualmente goza de la confianza del defensor”, subrayó una de las fuentes.
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Opinión
El exministro de Justicia Juan Jiménez Mayor señaló que “no es cierto” que los informes que emite la defensoría no los decide un defensor adjunto, sino el defensor del Pueblo, que es quien decide sobre qué materias la institución se va a pronunciar. “Los adjuntos son subalternos al defensor del Pueblo”, subrayó.
Jiménez Mayor consideró que Gutiérrez debió revelar que su hermano es militante de A.N.T.A.U.R.O antes de dar su opinión sobre el tema. “¿Cómo va a superar el informe que emita la defensoría esta situación? Porque es claro que tiene un conflicto de interés, estamos hablando de su hermano, que tiene un parentesco de segundo grado, no es un tema menor. Eso deslegitima su participación en este caso”, añadió.
El exministro de Justicia opinó que el Congreso debe citar a Gutiérrez para que dé explicaciones sobre estas declaraciones “insólitas”.
“Él no debería defender los derechos particulares de una persona o de un grupo de personas que tienen una ideología violentista y antidemocrática sino debería estar defendiendo la democracia. Y resaltando el funcionamiento ejemplar de las instituciones, en este caso de justicia, sobre la base de un proceso judicial”, aseveró.
Finalmente, el ex primer ministro señaló que en el Perú hay temas mucho más importantes, respecto a derechos fundamentales de los ciudadanos, para dedicarse a defender un caso de un político que ha sido condenado y que quiere utilizar al sistema democrático para fines personales.
- En diálogo con El Comercio, el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita (Perú Libre), señaló que evalúa citar a Gutiérrez al grupo de trabajo en atención a las declaraciones que brindaron a este Diario parlamentarios de Avanza País, Renovación Popular y Honor y Democracia.
- Sin embargo, consideró que Gutiérrez dio una opinión a título personal y que tiene libertad de hacerlo porque estamos en una democracia.
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La postura del defensor
Como se sabe, en una entrevista con RPP, Gutiérrez salió en defensa de A.N.T.A.U.R.O. y sostuvo que los militantes no se unieron a la agrupación por el condenado etnocacerista, sino “por el ideario, por el programa, por lo que representa”.
“Entonces yo le voy a condenar a ese señor a que no postule... ¿Sabes qué se llama eso? Abuso de derecho. Y nosotros, como defensoría, estamos en contra de eso. Estamos en contra de todo tipo de abuso de derecho, instrumentalización de justicia, la exigencia para que uno haga lo que les da la gana a quienes creen que tienen el ejercicio del poder”, afirmó la noche del último jueves.
Luego de la entrevista, el representante legal del partido, el excongresista Rubén Ramos Zapana, envió un documento a Gutiérrez para solicitar formalmente su intervención. Esto como parte de la apelación al fallo que declaró ilegal al partido por promover discursos antidemocráticos.
Ramos solicitó al defensor del Pueblo que intervenga mediante un ‘amicus curiae’, una figura legal que permite a una persona o entidad que no es parte en un proceso judicial intervenir para aportar información, argumentos o puntos de vista que puedan ser útiles para la resolución del caso.
El lunes, en diálogo con este Diario, el titular de la Defensoría del Pueblo afirmó que no sabía que su hermano se encontraba en las filas de A.N.T.A.U.R.O. y negó haber dado su respaldo al partido. Aseveró que sus dichos fueron tergiversados por la prensa.