El abogado y exministro de Defensa Walter Ayala presentó un recurso ante el Poder Judicial con el que busca anular el proceso de vacancia contra el presidente Pedro Castillo.
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Ayala, quien renunció al cargo de ministro después del escándalo de los ascensos en las Fuerzas Armadas, interpuso una acción de amparo para que se suspenda el trámite de vacancia presidencial, que inició el pasado 25 de noviembre con la presentación de la moción por parte de las bancadas de Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular.
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El letrado pide que “se declare la nulidad de todos los actos ya realizados y por realizarse por el Congreso” referidos a la vacancia. Está pendiente aún que el pleno debata la admisión del pedido, para lo que requiere 52 firmas.
Además, Walter Ayala solicita que el Congreso debe abstenerse de solicitar una vacancia hasta que el juez que atienda este caso defina “el concepto de la causal de vacancia por incapacidad moral permanente”.
“Se oficie al Ministerio Público para ejerza sus funciones en relación al supuesto delito de abuso de autoridad contra los congresistas que presentaron la moción de orden de día y aquellos que votaron a favor de dicha moción de vacancia presidencial, por ser la misma violatoria de la Constitución y lesionar el principio de legalidad”, agrega en su petitorio.
Desde el gobierno, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez aseguró que la moción de vacancia no tiene los argumentos suficientes y que se podrían solicitar explicaciones a través de los miembros del Gabinete.
“Corresponde al Congreso de la República, si quiere pedir explicaciones para algún asunto gubernamental, llamar a los ministros, en este caso a mi persona como primera ministra para responder sobre estos temas”, señaló en conferencia de prensa.
La primera ministra sostuvo que la vacancia planteada no es el procedimiento para solicitar respuestas al jefe de Estado.
“En este caso, consideramos que el documento en el que se solicita la vacancia no tiene los argumentos suficientes y que no debería ser este el procedimiento por el cual se quiera pedir explicaciones a un presidente de la República”, dijo.
Sin sustento
Para el abogado constitucionalista Víctor García Toma, el exministro Ayala no tiene legitimidad para presentar una acción de amparo contra la vacancia. Según explicó no es la persona afectada y tampoco se estaría ante una amenaza cierta e inminente.
“Se ha presentado una solicitud (de vacancia), está sujeto a un trámite, se puede o no conseguir los votos, hay que ir a la sesión donde se deberán alcanzar los votos, no se configura el hecho de la amenaza inminente”, dijo.
García Toma explicó que “no le corresponde a un juez definir algo que ya ha definido el TC, ya tiene un pronunciamiento sobre el tema de la vacancia”, tras indicar que en tanto no exista una amenaza, no cabe una medida cautelar que suspenda el proceso en el Congreso.
“Se ha apresurado en el tiempo porque recién la próxima semana se va a ver si se admite a debate, es un manotazo de ahogado”, refirió el especialista sobre la acción de amparo.
“En una situación normal esa demanda debería ser declarada infundada, jurídicamente es una leguleyada”, agregó.
El también abogado constitucionalista Natale Amprimo coincidió en que Ayala no tiene legitimidad para plantear la acción de amparo. Consideró que debería ser rechazada en el Poder Judicial.
“La decisión sobre la vacancia corresponde al Congreso, otra cosa sería si el congreso decide dar trámite a una vacancia sin seguir el procedimiento respectivo, además en ese supuesto, el señor Ayala no tiene legitimidad para formular ese tipo de planteamiento”, afirmó.
Amprimo agregó que en estos casos, la norma establece que el juzgado debe convocar a audiencia dentro de los 30 días.
“Si el Poder Judicial le da la razón al señor Ayala, mejor apagamos la luz y nos vamos, el Congreso tiene la función constitucional de calificar y evaluar, y los parlamentarios votar a de acuerdo a su saber y entender”, dijo.
Amprimo señaló que, en caso el PJ le dé la razón a Walter Ayala, dicha resolución no genera efecto retroactivo. “Si eso ocurriese el estado de derecho en Perú prácticamente estaría eliminado, la demanda debe ser presentada por quien es el agravado o el presunto agravado, no por un tercero”, sostuvo.
Erick Urbina, abogado constitucionalista, sostuvo que la acción de amparo “debe ser desestimada de plano”.
“El mecanismo para cuestionar el uso de las facultades de un poder del Estado es la acción competencial ante el Tribunal Constitucional. No hay otro mecanismo, y ya se planteó una acción competencial al respecto, y el TC resolvió reafirmando la capacidad del Congreso”, agregó.
Según manifestó Urbina, el TC afirmó que la vacancia por incapacidad moral es una figura amplia de interpretación, y agregó que, si el PJ se pronuncia a favor de la acción de amparo, el Congreso no debería acatar la resolución.
“Ya hay un pronunciamiento del órgano competente y especializado, un juez ordinario no puede ir contra lo resuelto por el TC”, dijo.
El letrado añadió que la admisión a trámite de la acción de amparo suele darse en pocos días, y que “la resolución final puede durar años, pero, como pasó con la elección de magistrados del TC, lo pueden hacer en días”.
Desde el Congreso rechazan recurso
Sobre la acción de amparo, el congresista Alejandro Cavero de Avanza País consideró que el recurso de Ayala contra la vacancia no prosperará en el Poder Judicial.
Consultado sobre una eventual resolución a favor de Ayala, sostuvo que “eso siempre se puede apelar”.
“Los congresistas no somos sujetos de mandato imperativo ni somos responsables jurisdiccionalmente por el sentido de nuestros votos”, apuntó en declaraciones a este Diario.
El único lugar que aún mantiene el equilibrio democrático en nuestro país no será víctima de poderes fácticos o ilegítimos que pretendan abusar de su autoridad. (2/2) #ElCongresoSeRespeta
— Jorge Montoya 🇵🇪 (@Alm_Montoya) December 2, 2021
Lee aquí el texto completo de la acción de amparo:
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