Si el magistrado Ricardo Beaumont no se reincorpora el jueves a sus funciones en el Tribunal Constitucional, se habría producido un abandono de cargo, razón por la que podría ser acusado constitucionalmente, afirmó su colega Fernando Calle.
Calle señaló que la decisión del pleno del TC que rechazó la renuncia de Beaumont es clara al señalar que un magistrado, aún con el cargo vencido, debe continuar sus funciones hasta que el Congreso de la República elija a su reemplazante.
“Es una irresponsabilidad inexcusable, esta es la más alta responsabilidad del país y hay miles de personas que esperan atención de parte de nosotros. El TC puede continuar pero si esto se abre, ninguna situación de inconstitucionalidad podría ser controlada”, manifestó en diálogo con la agencia Andina.
ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL Comentó que por incumplimiento de funciones, su colega Beaumont podría ser denunciado constitucionalmente por el Congreso y por el propio Tribunal Constitucional.
Señaló que el argumento de libertad de trabajo en la que se ampara Beaumont para su renuncia, se cumple con “sujeción a la ley” y, en este caso, la ley señala que un magistrado debe mantenerse en el cargo hasta ser reemplazado.
“Cuando nosotros postulamos y asumimos el cargo se sabía que había ese condicionamiento. Nadie le impidió renunciar antes, dentro de su periodo cabe la renuncia, ahora está dentro de su mandato vencido y debe continuar”, acotó.
LA RESPUESTA DE BEAUMONT Por su parte, Beaumont justificó hoy su dimisión a ese órgano colegiado argumentando que su permanencia, tras nueve meses de vencido su mandato, es “una situación escandalosamente anómala”.
Reiteró que un magistrado aprovecha indebidamente el honor de servir a la sociedad y al país, cuando se cumple ese encargo, que tiene fecha de término, y se continúa aún en el puesto.
“Si de seis de siete magistrados tiene el tiempo de su mandato vencido, ¿no es acaso un deber proclamarlo para enmendar una situación abierta y escandalosamente anómala? ¿O hay que ocultar el hecho y ‘matar al mensajero’?”, cuestionó.
En un artículo de opinión publicado en El Comercio, el jurista agregó que hay un resorte de dignidad, necesario y obligatorio, que debe activarse ante lo incorrecto.
Recordó que postuló por concurso público a la selección de magistrados del TC, y su nombramiento en el Congreso de la República le permitió ejercer el cargo desde 10 del julio de 2007 hasta el mismo día de 2012.
“Aguardé nueve meses después del vencimiento, entendiendo que los debates políticos para la adopción de decisiones y consensos tienen sus particularidades y demoras, pero no aparecían señales que indicaran soluciones ad portas. Entonces renuncié”, subrayó.