La revisión de la mitad de las actas observadas en la consulta de revocación apunta a que 20 regidores, 19 de Fuerza Social y uno de Solidaridad nacional, serían retirados de sus cargos.

Según el cómputo al 79,37% de las actas contabilizadas por la ONPE, el único cambio beneficia al regidor solidario José Danos Ordóñez. El esposo de Patricia Juárez, una de las voceras del Sí, se quedaría en la Municipalidad de Lima luego de que las primera cifras lo daban como revocado.

Danos tenía el 19 de marzo, al 54,31 por ciento de actas contabilizadas por la ONPE, una diferencia de 292 votos a favor del Sí a la revocatoria. Al 79,37 por ciento de actas contabilizadas, la cifra se invertido en 4 mil 921 votos a favor del No.

En la bancada de Fuerza Social la tendencia se mantiene inalterable: serían revocados los 19 primeros regidores, mientras que continuarían en el cargo los concejales Pedro López Torres y Hernán Núñez.

Para el teniente alcalde de Lima, Eduardo Zegarra, las cifras de la ONPE muestran una diferencia de 35 mil 964 votos a favor del Sí a la revocatoria.

En el caso de Marisa Glave, una de las principales colaboradoras de la alcaldesa Susana Villarán, la diferencia a favor de su revocación es de 32 mil 037 votos.

LAS CUENTAS DEL NO Por su parte, la vocera del No, Anel Townsend, informó hoy que los regidores y el colectivo villaranista ratificaron de manera oficial ante el Pacto Ético Electoral (PEE) que cumplirán con la entrega de los gastos de campaña.

La reafirmación de ese compromiso se efectuó mediante una carta firmada por Marco Zevallos, en su calidad de coordinador de los personeros, ante el presidente del Tribunal de Honor del PEE, Fernando Vidal.

“En esta carta, enviada el lunes por la tarde, le reiteramos que los regidores y el grupo por el No, cumplirá con el Pacto Ético Electoral, acerca de la entrega de los gastos de campaña, pero que este informe se presentará una vez culmine la contabilización del voto y la revisión de actas observadas”, declaró a la agencia Andina.

Townsend reiteró que la defensa del voto está irrogando gastos al Colectivo por el No, por un tema logístico para el apoyo de personeros y por el costo de cada impugnación de acta.