Un nuevo escándalo alcanza al Ejecutivo. Esta vez el abogado constitucionalista Diego Pomareda denunció que el Gobierno de Pedro Castillo cometió plagio de un trabajo académico suyo en el proyecto de ley que propone un referéndum en el que se consulte sobre la convocatoria a una asamblea constituyente.
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La noche del martes, el ministro de Justicia, Félix Chero, en diálogo con canal N, admitió lo sucedido y lo justificó argumentado que se trata de un “error de cita”, pero que no “ha habido la intención de no reconocer los trabajos de investigación de los profesionales”.
En diálogo con El Comercio, expertos señalaron cuáles serían las consecuencias penales y administrativas. Se trata de los abogados penalistas Andy Carrión y Carlos Caro. También del constitucionalista Erick Urbina. Además, participaron los abogados especialistas en propiedad intelectual Fernando Castañeda y Oscar Mago. Así como el exgerente legal del Indecopi Pierino Stucchi.
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Consecuencias legales
Para Carlos Caro, sería un delito previsto en el artículo 219 del Código Penal, cuya pena va de cuatro a ocho años de prisión efectiva. El especialista no ve posible que el primer ministro Aníbal Torres o el presidente Pedro Castillo estén involucrados en la supuesta falta debido a que los proyectos del ley del Ejecutivo “son redactados por sus asesores técnicos”.
“Lo más probable es que el jefe de Estado termine diciendo que ellos no han redactado el texto y que lo hicieron los asesores”
Carlos Caro, abogado penalista
“En el caso de estas altas autoridades, podrían eximirse porque se trata de un delito doloso, que no sanciona la imprudencia. Bajo esa lógica, los que podrían responder penalmente son los que han redactado el proyecto original. Eso implica una investigación penal, el fiscal tendría que abrir una investigación de oficio, porque se trata de un delito de persecución oficiosa obligatoria y tendría que pedirle al Poder Ejecutivo la información de toda la ruta que ha tenido el proyecto y el nombre del asesor que lo redactó y citarlo”, explicó el penalista.
Añadió que al tratarse de un delito que sanciona el dolo, “lo más probable es que el jefe de Estado termine diciendo que ellos no han redactado el texto y que lo hicieron los asesores”.
“Se trata de un proyecto de ley que ni más ni menos propone una reforma constitucional, no estamos hablando de un tema menor, eso destaca el nivel de los asesores que actualmente trabajan para el Poder Ejecutivo”, opinó Caro.
¿Cabe la defensa de Chero? Para nada, respondió Caro. “En el ámbito penal, la pregunta es citaste o no. Eso de me olvidé, me equivoqué es una defensa de dolo o culpa. También una consecuencia política porque se trata de un proyecto que nace manchado por el plagio”, aseveró.
Las excusas del ministro de Justicia
[26/04/22 8:10 p.m.] Félix Chero, ministro de Justicia, asegura que es falso que él y el canciller Landa hablaron con el presidente para disuadirlo de proyecto sobre Asamblea Constituyente. También, reconoció “error de cita” en texto de la iniciativa. pic.twitter.com/drR3INi0Tz
— Canal N (@canalN_) April 27, 2022
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"En cuanto al tema político, existen otros criterios para responsabilizarlos: tendrían que haber revisado bien lo que presentaron"
Andy Carrión, abogado penalista
Para el penalista Andy Carrión, al igual que Caro, la investigación debería iniciarse ”contra quienes redactaron el texto”. Sin embargo difiere de su colega en la efectividad de la pena: “Pese a que es de 4 a 8 años, nunca se aplica la prisión efectiva, hubo otros casos, pero siempre las penas que se han impuesto han sido mínimas porque esta conducta no es tan reprochable a comparación de otros delitos”.
También coincidió con Caro en que el mandatario se eximiría, pues “se sabe que el presidente no redacta lo que firma”. “Penalmente hablando, ellos no son los que redactan, no tendrían porque asumir las responsabilidades. En cuanto al tema político, existen otros criterios para responsabilizarlos: tendrían que haber revisado bien lo que presentaron”, subrayó Carrión.
Para Carrión la explicación que dio el ministro Chero sí atenuaría la gravedad del delito.
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“Todo el conjunto de personas que haya participado en esa redacción está involucrada con responsabilidad”
Fernando Castañeda, abogado especialista en propiedad intelectual
El abogado especialista en propiedad intelectual Fernando Castañeda, señaló que es “un bien jurídico protegido” y cabe tanto una sanción “administrativa como civil, porque penalmente es un plagio” y “es muy serio cometerlo”.
“Es más grave aún porque se está tratando de usar fuera de contexto, como sustento para la propuesta de asamblea constituyente, fragmentos de un texto académico de una persona que tiene los estudios y la experiencia par producir un tema de calidad”, agregó.
“Sin duda es una acción deleznable [...] Todo el conjunto de personas que haya participado en esa redacción está involucrada con responsabilidad”, acotó.
No obstante dijo que ni el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ni el jefe de Estado, Pedro Castillo estaría involucrados pues “ellos solo han difundido el mensaje”.
“Pero claro, tendrían que tomar las providencias de que el equipo con el que trabajan tiene la diligencia de producir textos propios y si no es el caso, por lo menos citar correctamente y proceder como corresponde y no descontextualizar las frases para sacar un provecho político”, manifestó Castañeda.
“Este tipo de prácticas ilegales pueden denunciarse hasta en el mismo Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), está dentro de sus atribuciones de oficio o denuncia de parte iniciar un proceso sancionador contra quien sea que haya infringido las normas de propiedad intelectual”, señaló también.
Para el abogado, el daño ya está hecho por más que se intenten hacer subsanaciones. “Esta viene siendo una práctica del Gobierno, dicen una cosa y luego señalan que se equivocaron”. En materia legal ese tipo de delitos acarrean consecuencias desde el momento de su ejecución, eso es extemporáneo, no ha sido un error.
A diferencia de Carrión, Castañeda sí ve posible que la investigación prospere, pues a su juicio el Ejecutivo sí habría afectado dolosamente (con conciencia y voluntad) los derechos de propiedad intelectual del autor. Lo más serio para él es que se trata de una iniciativa que busca cambiar totalmente las reglas del juego en el país.
“(Indecopi) Podrá ordenar el cese, la incautación, el pago al titular del derecho infringido de una indemnización, entre otros"
Oscar Mago, abogado especialista en propiedad intelectual
Así como Castañeda, Oscar Mago, socio fundador del Estudio OMC Abogados & Consultores, señaló que la sanción administrativa correspondería a Indecopi determinarla.
“Podrá ordenar el cese, la incautación, el pago al titular del derecho infringido de una indemnización, entre otros [...] El proceso que se deberá seguir ante Indecopi es una denuncia por infracción de derechos, en la que podrá solicitar medidas preventivas o cautelares, como la suspensión o cese inmediato de la actividad ilícita que, siendo que en este caso se trata de un proyecto de ley, sería el retiro del mismo”, argumentó.
Mago también consideró “que las probabilidades de prosperar en ambas vías (legal y administrativa) son positivas” y que dependerá de las pruebas que presente la persona afectada en sus derechos”.
Resulta bastante incómodo ver que el Poder Ejecutivo no valore la producción académica y busque fundamentar su Asamblea Constituyente de cualquier forma. Copiar las citas de mi artículo sin haberlas leído y usar el parafraseo que hago como si fuera algo textual es deplorable 1/3 pic.twitter.com/ByvzysDCZt
— Diego Pomareda (@diego_pomareda) April 26, 2022
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Consecuencias administrativas
“(De comprobarse) Se trataría de una violación de derecho moral, que podría ser objeto de análisis del Indecopi”
Pierino Stucchi, exgerente legal del Indecopi
¿Es viable que proceda en Indecopi? Pierino Stucchi, exgerente legal del Indecopi, responde - que de demostrarse que existe el presunto plagio - sí sería viable una investigación por parte del ente.
“El autor tiene dos tipos de derecho: uno es el patrimonial, cuando un autor hace una novela o un artículo académico, que es el caso de este académico, tiene derecho a disponer de su obra editarla y eventualmente recibir algún pago cuando se publique. También puede renunciar a este derecho al entregar su artículo gratuitamente a una revista universitario o científica para la difusión de su obra. El otro derecho es el moral: es el derecho del autor de ser reconocido como tal respecto de una obra, en este caso científica, en todo o parte de su obra”, explicó Stucchi.
En este caso, según Stucchi, “si se han tomado partes textuales de su artículo científico sin citarlo y sin referirlo entre comillas, este autor podría dirigirse al Indecopi para que esto se investigue, si es que así lo considera conveniente, y se pueda evaluar una posible infracción por parte de la entidad pública, del funcionario correspondiente que haya tomado esta parte de su obra académica y que la haya utilizado sin reconocerlo como autor, al no haber utilizado comillas”.
“(De comprobarse) Se trataría de una violación de derecho moral, que podría ser objeto de análisis del Indecopi”, indicó el exfuncionario.
Asimismo, aseguró que Indecopi también podría actuar de oficio; sin embargo, en estos casos, “entendiendo que el autor está tan enterado de la situación”, lo recomendable es que él mismo presente su denuncia.
¿Cuál sería la sanción de Indecopi? El especialista responde: De confirmar que este texto que no tiene comillas le corresponde al autor denunciante, podría declarar la infracción de violación de los derechos morales del académico, si es que esto se comprueba. Lo más importante, no sería la multa, sino el mensaje a la ciudadanía de que se deben respetar los derechos de autor y que ningún apresuramiento y ninguna improvisación justifica, si es que esto se comprueba, tomar textos ajenos sin el debido citado entre comillas y referencia del autor para respetar sus derechos morales.
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“El Congreso puede hacer responsable por estas faltas y someter a censura a los ministros involucrados”
Erick Urbina, constitucionalista
Finalmente, el constitucionalista Erick Urbina explicó que esta situación sí tendría sanciones a nivel administrativo y “eso está establecido en la Ley del Código de Ética del Funcionario Público”, que le puede corresponder a quienes redactaron el texto. Además, añadió que “el Congreso puede hacer responsable por estas faltas y someter a censura a los ministros involucrados”.
Revisa la La ley del Código de Ética del Funcionario Público:
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Otros escándalos de plagio en el Ejecutivo
A inicios del mes de abril, el responsable de regular y evaluar la política educativa a nivel nacional fue denunciado -en Cuarto Poder- de plagio en la tesis que le permitió obtener el grado de doctor. El programa dominical reveló reveló que el 72% del trabajo que Serna sustentó para obtener el grado de doctor en Psicología Educacional y Tutorial en la Escuela de Posgrado de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, no fue original tras revisar el documento con la herramienta Turnitin, un software utilizado en el ámbito académico mundial.
El programa antiplagio también detectó una coincidencia de 48% con otros textos del repositorio de la misma universidad. Se trata de la tesis sustentada en 2019 que se titula “El marco del buen desempeño docente y la inteligencia emocional en los docentes de las instituciones educativas del nivel secundaria de la UGEL Huánuco, 2017″.
Su respuesta
El titular de Educación admitió “que algunas citas no se han considerado, pero [la tesis] sí tiene originalidad”. Además, dijo que La Cantuta le permitió “una investigación básica” y que “cumplió con todos los requisitos” exigidos por dicha casa de estudios.
Además, lanzó una amenaza: adelantó que pedirá las tesis de Sol Carreño (presentadora de Cuarto Poder) y Karla Ramírez (periodista autora del reportaje su contra).
“En las siguientes horas voy pasar ese mismo sistema con las personas que son autoridad y con expertos para no tener una mirada mañosa. Además, el día de hoy he pedido las tesis de Sol Carreño y la tesis de la reportera [Karla Ramírez, autora del reportaje] y sorpresas... esto no es una amenaza”, agregó.
El programa Panorama reveló este domingo 20 de marzo que la tesis de la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, presentaría plagios en varios de sus apartados, según mostró la aplicación del programa Turnitin, el cual identifica coincidencias de trabajos académicos con otras fuentes.
El dominical señaló que el 49% de la tesis de la ministra, la cual se presentó para obtener el título de abogada, presenta coincidencia con otros textos sin que se citen adecuadamente.
El programa muestra una serie de apartados del trabajo de Chávez en los que se copia y pega textos de otros trabajos. En algunos casos se modifica ligeramente la entrada de los párrafos para luego solo copiar y pegar el contenido.
Su respuesta
Antes de la emisión del reportaje, la ministra usó sus redes sociales para señalar que se trataba de una respuesta política por acciones que se venían tomando desde su cartera. “Deben esforzarse un poco más”, escribió.
Congreso busca interpelarla
- El 23 de marzo, la congresista Norma Yarrow (Avanza País) presentó una moción para que la ministra de Trabajo se presente ante el Parlamento a fin de que explique los supuestos plagios contenidos en su tesis.Sin embargo, solicitud no prosperó en Junta de Portavoces.
- La bancada de Fuerza Popular impulsa la interpelación de la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, que incluye 17 preguntas sobre la huelga de controladores aéreos que generó que miles de personas perdieran sus vuelos durante la última Semana Santa. Patricia Chirinos (Avanza País) también impulsa una iniciativa similiar contra la Chávez que sí considera el plagio en su tesis en el pliego interpelatorio, además de otros temas.
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