En poco más de seis meses, el gobierno del presidente Pedro Castillo ha cambiado a 29 ministros; todo un récord si consideramos que el promedio de modificaciones dentro de los gabinetes era de 5 en arranques de mandatos anteriores.
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De continuar con esa tendencia, la gestión de Castillo alcanzaría los 58 cambios ministeriales en su primer año o hasta 290 al término de su periodo en el 2026. Además del desgaste político, la inestabilidad en los sectores pone en riesgo los avances de políticas dentro del Estado.
En diálogo con El Comercio, la especialista en Gestión Pública, María Elena Sánchez, señaló que la alta rotación de cabezas en el gabinete retrasa tareas clave, como la ejecución presupuestal y las contrataciones. “Se supone que debería existir, a la fecha, un mínimo de 30% de avance de ejecución de presupuesto en sectores como Educación, Interior y Salud. Sin embargo, la cifra es muy menor [inferior al 10%, según el portal de Transparencia Económica] y eso se debe a problemas de contratación. Estos problemas se originan también porque los cambios ministeriales retrasan las decisiones sobre la destinación de gasto”, refirió.
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Sánchez resaltó que los cargos de confianza [asesores, secretarios, directores] suelen rotar con los nuevos ministros y que eso también aletarga la capacidad de gestión de recursos y de cumplimiento de metas. “Si a aquello le añadimos que los perfiles no son los idóneos, su adaptación demora. Asimismo, el desconocimiento de las normas puede darle paso a malas prácticas o hasta delitos de corrupción”, dijo.
La jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, Alexandra Ames, explicó que las designaciones fallidas a nivel de mandos medios, que además aprueban los ministros, son las que, a la larga, erosionan los servicios estatales. “Cuando no se tiene a personas capacitadas, no se tienen herramientas ni modelos que van a solucionar los problemas públicos ni garantizar objetivos. Esto también parte de que el sistema del servicio civil no es sólido en el Perú y, por cada crisis política, lo institucional también se debilita”, sostuvo.
Mejoras parciales
La Ley N° 31419, promulgada esta semana, exige mayores requisitos de experiencia profesional y laboral para altos funcionarios públicos, incluidos viceministros y secretarios generales de ministerios. El plazo para la adecuación a la norma es de 30 días. En el actual contexto, esta podría impactar sobre nombramientos cuestionados, pero para María Elena Sánchez no hay suficiente garantía de una mejora real: “Creo que es una buena iniciativa, pero que es parcial. Será necesario un profundo seguimiento”.
“Lo que preocupa es el riesgo de que se falsifique información de trayectoria laboral. Para evitar ello, la vigilancia no solo debe ser del sector. No olvidemos, además, que sigue pendiente la adecuación completa del Estado a la Ley Servir, a fin de que los pisos mínimos se respeten”.
Desde la experiencia
Este Diario entrevistó a cinco exministros de Estado para conocer sus comentarios sobre la alta rotación ministerial de estos últimos meses y el impacto que esta tiene en la imagen del Estado y en la consolidación de políticas públicas.
“A la luz de lo que ha pasado en estos primeros meses, los grandes pendientes para el actual gobierno son fortalecer toda la política de servicio civil y la transparencia e integridad pública”, destacó Violeta Bermúdez, quien fue presidenta del Consejo de Ministros entre el 2020 y el 2021. “No puede ser que tengamos funcionarios que, en lugar de presentarnos un currículum, nos presenten una lista de denuncias e investigaciones de procesos penales. Creo que, si este gobierno tiene propósito de enmienda, debería fortalecer al menos esas tres políticas: integridad, transparencia y fortalecimiento del servicio civil”, expresó.
Bermúdez además señaló que aún no se percibe una conciencia clara sobre el rol articulador del jefe de Gabinete Ministerial, cartera por la que ya han pasado cuatro titulares. “La PCM tiene un papel articulador a nivel vertical y horizontal. Vertical, en el sentido de convertirse en bisagra de diálogo en los tres niveles de gobierno —nacional sectorial, regionales y locales— y también con los otros poderes públicos. Estos aspectos se ven debilitados si entra una persona que va a salir del puesto a los pocos meses”, dijo.
El exministro de Economía (2011-2014), Luis Miguel Castilla, advierte que “un ministro o un gabinete sobre el que se tenga percepción de que va a durar poco siempre es un factor de riesgo porque puede incidir sobre la calificación crediticia del país”.
El exfuncionario indicó que la agenda mínima del MEF debe ser estable, al igual que la designación de su titular. “La inversión pública es una política central. Por tanto, convendría acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura. La segunda prioridad tiene que ver con darle mayor confianza a la actividad privada y, por tanto, moderar algunos discursos y garantizar estabilidad política. Por último, es importante asegurar que el Estado funcione a nivel de instituciones y administración pública”, puntualizó.
En tanto, el exministro de Salud (2021; 2008-2011), Óscar Ugarte, indicó que “la rotación de ministros y de su personal de confianza siempre paraliza”. Desde su experiencia reciente, las políticas que deberían tomarse con prioridad y que terminan obstaculizadas por los cambios son “la continuidad de la lucha contra la pandemia, el fortalecimiento del primer nivel de atención y la reforma del sector Salud”. Ugarte enfatiza que el rol de ministro de Salud requiere de un periodo de adaptación y un trabajo articulado con equipos técnicos “que asesoren adecuadamente”.
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En tanto, el exministro del Interior (2018-2020), Carlos Morán, cuestionó que en el actual Ejecutivo no solo se haya cambiado hasta cuatro veces de titular de esa cartera en pocos meses, sino que aquella rotación también se haya replicado en la comandancia general de la Policía Nacional. “Es inconcebible que haya rotación de comandantes generales de la PNP casi por cada cambio de ministro del Interior. Eso afecta a la institucionalidad policial”, remarcó.
Morán explicó que la tarea del ministro del Interior no debe ser entendida como una de jefatura de la Policía, sino como la de un gestor y planificador para el fortalecimiento de las capacidades operativas, los recursos y la formación policial. “Yo diría que las tres políticas más importantes del sector van por el lado de fortalecer la institucionalidad, las estrategias y la educación o especialización de la PNP”, refirió.
El exministro de Educación (2020-2021), Ricardo Cuenca, explicó que las reformas del sector siempre corren riesgo ante el cambio de liderazgos. Esto, porque, pese a su legitimidad social desde la ciudadanía, ninguna ha logrado aún consolidarse a nivel de gestión.
“Las reformas docente, universitaria y curricular son fundamentales o deberían serlo para el ministerio. Si estuviesen consolidadas, los cambios ministeriales no las afectarían tanto. De otro lado, si lo que se busca desde el actual gobierno es modificar ciertas políticas, el debate mínimamente requiere de argumentos técnicos sólidos”, dijo. Cuenca añadió que los cambios en los mandos medios y de dirección son otra capa de inestabilidad que perjudica el potencial de gestión de cualquier sector.
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