Rodrigo Cruz
Rodrigo Cruz

Las revelaciones de los exministros Avelino Guillén (Interior), Pedro Francke (Economía), la exjefa del Gabinete Mirtha Vásquez y el exsecretario de la Presidencia Carlos Jaico, acerca de que los asesores del presidente tienen una posición deliberante en el Gobierno, van más allá de cómo se distribuye el poder en Palacio de Gobierno.

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El exministro Guillén fue el primero en hablar de la existencia de un “gabinete en la sombra”. Francke, en tanto, dijo esta semana que los asesores del mandatario tendrían incluso más poder que el propio Gabinete cuando se debe tomar una decisión.

Entre los referidos están, por ejemplo, el exconsultor del despacho presidencial Biberto Castillo y el subsecretario general de Palacio de Gobierno, Beder Camacho.

Penalistas consultados por este Diario afirman que lo dicho por estos exfuncionarios puede ser recogido por el Ministerio Público para iniciar una investigación preliminar contra los asesores del mandatario.

La razón: han aportado lo que se conoce como una sospecha inicial simple, requisito mínimo para que un fiscal actúe.

El penalista Carlos Caro indica que la investigación se podría iniciar bajo el presunto delito de usurpación de funciones, que tiene una pena de entre 4 y 7 años de cárcel). “Sería un caso de usurpación de funciones, porque ellos estarían arrogándose una serie de roles que le corresponden a ministros, no a un asesor”, declaró Caro.

No solo eso. Para el penalista, el hecho de que haya varias personas que estarían ejecutando estas directrices podría llevar a que la fiscalía considere investigarlos por el presunto delito de organización criminal, pues ese grupo se habría establecido para tomar decisiones como si tratase un gabinete paralelo.

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Caro indica que a diferencia del caso de la ex primera dama Nadine Heredia –quien fue investigada por usurpación de funciones–, lo grave aquí es que se habla de personas que no son familiares del presidente y que han sido incorporadas “a dedo” a la función pública para ocupar un cargo de confianza. “Son personas que no responden ante nadie. No firman nada ni tampoco dejan actas de sus reuniones”, añadió el penalista.

Su colega Luciano López opina que la fiscalía puede iniciar una investigación por presunta usurpación de funciones con lo que es público hasta ahora, pero también por tráfico de influencias. “Los elementos que dan lugar a esa sospecha inicial, que ha establecido la Corte Suprema, son las declaraciones que han dado los exministros. Ya con eso pueden ir indagando de si estamos ante una figura delictiva o no”, expresó López.

Además, el constitucionalista remarca que se puede investigar a ese grupo de asesores con mayor facilidad porque ninguno tiene una protección constitucional, a diferencia del jefe del Estado.

El caso de Castillo

López remarca que el presidente Castillo no podría ser investigado por ese hecho debido a que durante su mandato cuenta con inmunidad de acusación.

Precisó que el artículo 117 de la Constitución establece cuatro excepciones para que un jefe del Estado pueda ser acusado, y ninguno de esos supuestos es por los delitos antes mencionados.

En tanto, el penalista Luis Vargas Valdivia es de una posición contraria: a su criterio, no está suficientemente claro de si este es un caso de usurpación de funciones. “Para que se configure este delito, alguien tiene que asumir un cargo para el que no está habilitado”, refirió.

Para Vargas Valdivia, más que un caso penal, se trata de una infracción a la Constitución, porque el presidente no estaría despachando con sus ministros, sino con sus asesores más cercanos. “El presidente durante su mandato es inimputable, pero sus actos son expresados por sus ministros. Por tanto, lo que haga debe estar consensuado con ellos”, afirmó.

Asimismo, recalcó que el mandatario está obligado a despachar con sus ministros. Sin embargo, dijo que para que sea un caso de usurpación de funciones, los asesores tienen que realizar actos que son de un ministro.

Más información:

El ministro de Justicia, Ángel Yldefonso, se reunió al menos diez veces con el subsecretario del despacho presidencial, Beder Camacho, entre diciembre y enero de este año, antes de que fuera parte del Gabinete Torres.

El ex secretario general de Palacio, Carlos Jaico, afirmó que el consultor Biberto Castillo tenía tal nivel de empoderamiento que disponía sobre la agenda del presidente Pedro Castillo y tomaba decisiones como si fuera un primer ministro. A inicios de mes, Jaico lo separó de su cargo.

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