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Es probable que los últimos meses de Pedro Pablo Kuczynski en Palacio de Gobierno hayan sido claves para el esbozo del tenor que adoptaría Martín Vizcarra, una vez tomada la posta, ante las adversidades planteadas por la coyuntura y, sobre todo, por sus rivales políticos.
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Kuczynski, sobrepasado por el estallido del Caso Lava Jato y su decisión de indultar a Alberto Fujimori, renunció a la Presidencia de la República en marzo del 2018 desprovisto de la posibilidad de extender alianzas o de dialogar con sus verdugos del Congreso.
La oposición, las encuestadoras, los medios de comunicación o, incluso, la presunta existencia de malos funcionarios en el Estado han sido tópicos erigidos en las últimas décadas, al menos en alguna oportunidad, como blanco de las declaraciones de los mandatarios. En el caso de Vizcarra y sus ocasionales confrontaciones, la cámara desempeña el rol del testigo, mientras que el mensaje a la nación el arma predilecta.
El ultimátum a las clínicas
A más de 100 días de iniciada la cuarentena frente a la pandemia de coronavirus (COVID-19) y con el grueso de los hospitales del sistema de salud público abarrotados, los reflectores fueron puestos sobre las clínicas, las mismas que han sido señaladas por cobrar montos exhorbitantes para la atención de los pacientes infectados.
Planteado el escenario, Martín Vizcarra, en su ahora menos usual presentación del mediodía, enfiló contra estos centros médicos privados. Al no avistarse un norte en las negociaciones para el intercambio prestacional en el marco de la emergencia sanitaria, indicó que esperaría un acuerdo en los próximos dos días. De lo contrario, aplicará el artículo 70 de la Constitución que llevaría a una expropiación de esas propiedades.
“La tarifa propuesta por el Gobierno, que es razonable, no satisface a las clínicas privadas. No podemos esperar indefinidamente. Vamos a esperar 48 horas para que lleguen a un acuerdo y esperamos que así sea”, indicó.
El mandatario fundamentó su advertencia en que se han registrado varias reuniones entre el sector público y el privado y no hay rumores sobre acuerdos en torno las tarifas que cobrarán las clínicas a los pacientes que sean atendidos en sus Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).
El embate, entonces, polarizó: en una esquina, los que creían que no se puede esperar a que las clínicas estén satisfechas con el monto acordado por la urgencia de brindarle atención a las personas; mientras que en la otra, los que cuestionaban a Vizcarra por hacer alusiones a eventuales expropiaciones y supuestos atentados contra la propiedad privada.
“Vamos a esperar 48 horas para que lleguen a un acuerdo y esperamos que así sea”.
El señalamiento del presidente Vizcarra encontró respuesta. Carlos Joo, vocero de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), contestó que su gremio venía negociando con el Ejecutivo desde hace 60 días, por lo que consideró que las aseveraciones del presidente fueron “innecesarias”.
“El acuerdo implica que se va a estudiar cada uno de los casos, por parte de SIS y Essalud, para el pago respectivo. Hay una tarifa plana, es de S/55.000 más IGV por todo el tiempo que el paciente permanezca internado”, dijo a Canal N. Este miércoles se conoció que ya hay un acuerdo.
Chávarry y una guerra breve
El fiscal supremo Pedro Chávarry se situó por cuenta propia en el ojo de la tormenta. Incluso antes de jurar al cargo de Fiscal de la Nación, en julio del 2018, audios suyos con el exjuez supremo César Hinostroza, presunto cabecilla de la supuesta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, le generaron oposición. Como si fuera poco, acusaciones por adulteraciones de notas en su ratificación en el CNM y supuestos plagios en su tesis de maestría le valieron mayores enemistades.
La inasistencia de Martín Vizcarra a su juramentación como máxima autoridad del Ministerio Público podría ser considerada como la primera riña entre ambas autoridades. La ausencia del mandatario levantó cuestionamientos sobre Chávarry por la legitimidad de su asunción de cargo.
Luego ya no hubo espacio para la reconciliación. Entre los incidentes que más comentarios generaron figura una amenaza formulada por Chávarry contra el presidente en octubre del 2018. Vizcarra había pedido al entonces fiscal de la Nación dar un paso al costado a causa de los señalamientos en su contra por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
“Ponderación, presidente Vizcarra. Basta de interferencias. Las 46 denuncias en su contra (43 de su propio pueblo), serán tramitadas con el debido proceso. Respete a las instituciones y a la democracia”, sostuvo Chávarry a través de Twitter.
El contrataque de Vizcarra tampoco se hizo esperar. “Un fiscal de la Nación que usa el cargo que ostenta para amenazar, no solo al presidente, sino a un ciudadano, ¿es merecedor del cargo? Si tiene algo que hacer, que proceda. ¿Pero que amenace? Yo no voy a permitir amenazas de él ni de nadie”, respondió el jefe del Estado.
En enero del 2019, tres meses después de uno de los puntos más altos de la rencilla, Chávarry renunció al puesto de fiscal de la Nación. A las acusaciones por su cercanía con Los Cuellos Blancos del Puerto sumó críticas por haber ordenado el retiro de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato, decisión en la que se vio obligado a dar marcha atrás, y la irrupción de personal cercano a él en una oficina lacrada del Ministerio Público.
Dos vecinos problemáticos
El Congreso de la República se encuentra a solo tres cuadras de Palacio de Gobierno, pero por lo sucedido en el último quinquenio se podría creer que la distancia es mucho más grande. Como se mencionó al inicio de este texto, el margen de consensos entre el Gobierno y el Parlamento del 2016-2019, de mayoría fujimorista, tuvo la apariencia de nulo.
Entre los principales hitos de la disputa se reconocen el anuncio del referéndum (julio del 2018), basado en los CNM audios y en el que se consultaría sobre la reelección de congresistas, una cuestión de confianza por los proyectos planteados para el propio referéndum (setiembre del 2018), así como el paquete de reformas políticas en el que incluía una iniciativa para que el Parlamento deje de tener la prerrogativa sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria (abril del 2019).
Sin bancada ni operadores políticos, la disputa para el presidente fue frecuente y desgastante, pues en el fuero parlamentario comúnmente se modificaban las propuestas de Vizcarra o se dilataba la revisión de asuntos que el Gobierno reconocía como prioritarios.
No obstante, el cierre de una primera etapa de este contienda se materializó el 28 de julio del 2019, cuando, ante las demoras y cambios polémicos efectuadas por el Congreso a los proyectos del Ejecutivo, el presidente planteó un proyecto de adelanto de elecciones a julio del 2020 y el recorte de su mandato y el del Legislativo hasta dicha fecha.
“He recorrido el país de punta a punta en el último año y debo ser claro, no hay un lugar del Perú donde no haya recibido el reclamo de ‘presidente, cierre el Congreso’”, manifestó.
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Martín Vizcarra en el hemiciclo el 28 de julio del 2019, día en el que propuso un proyecto de adelanto de elecciones. (Foto: Congreso)
‘Día D'
El puntal más álgido de la confrontación entre Vizcarra y el Parlamento de mayoría fujimorista ocurrió el 30 de setiembre del 2019, día en el que el entonces primer ministro Salvador del Solar se acercó al hemiciclo del Congreso para sustentar la cuestión de confianza anunciada días atrás en torno a un proyecto para reformular el proceso de selección de integrantes del Tribunal Constitucional (TC), responsabilidad que recae en el Congreso.
Instituciones de la sociedad civil, opositores al fujimorismo y el propio Ejecutivo acusaban que se venía realizando acciones carentes de transparencia en las que únicamente se divisaba el intento de Fuerza Popular por copar el organismo constitucional. Días atrás, la Comisión de Constitución del Congreso había decidido archivar el proyecto de adelanto de elecciones anunciado por Vizcarra.
“No hay un lugar del Perú donde no haya recibido el reclamo de ‘presidente, cierre el Congreso’”
El 30 de setiembre último la mayoría del pleno del Congreso desoyó el pedido para que se sustente la cuestión de confianza y eligió a Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo del entonces titular del Legislativo, Pedro Olaechea, como integrante del Tribunal Constitucional.
La noche anterior, el mandatario hizo la advertencia, tomada desde el Parlamento como amenaza. “Obviamente, de negar la confianza, el planteamiento que hemos hecho a través de este proyecto de ley [sobre el cambio de reglas en la elección de miembros del TC], si es que se deniega, tendríamos que actuar según la Constitución”, adelantó entonces en entrevista con “Cuarto Poder”.
Finalmente, horas después, el presidente encabezaba un mensaje a la nación en el que daba a conocer que, al ocurrir la denegación fáctica de la cuestión de confianza, disponía la disolución del Parlamento. “El cierre que hoy dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la carta magna [...] dando fin a esta etapa de entrampamiento político que ha impedido que el Perú crezca al ritmo de sus posibilidades”, sostuvo.
Poco después, el Congreso intentó devolver el trastazo haciendo jurar como “presidenta encargada” a Mercedes Araoz, vicepresidenta de Vizcarra, pero la exlegisladora abandonó la consigna a menos de un día de haberse puesto la banda presidencial. La encuesta de El Comercio-Ipsos de octubre del 2019 reveló que el 85% respaldó la decisión de disolver el Congreso. La aprobación de Vizcarra, a su vez, trepó 31 puntos, alcanzando 79%.
Ante el empresariado
A finales de noviembre último, el mandatario decidió adelantar su discurso en el CADE Ejecutivos 2019 tras conocerse los aportes de empresarios a la campaña del 2011 de la lideresa de Fuerzas Popular, Keiko Fujimori, en el 2011, contienda en la que protagonizó la segunda vuelta electoral junto a Ollanta Humala (Partido Nacionalista).
La información sobre las entregas a la agrupación de la también excongresista se conocieron luego de una serie de diligencias por parte del equipo especial Lava Jato.
“En la última semana, hemos sido testigos de una serie de hechos que han mostrado el tipo de vínculo que ha existido durante décadas entre la política y algunas empresas. No tapemos el sol con un dedo y entendamos de, una vez por todas, que no se ha actuado de la manera más correcta”, expresó Vizcarra con tono crítico hacia el empresariado, al que también exhortó a “no mercantilizar la política si se pretende desarrollar una verdadera economía de mercado para todos”.
A falta de un año y un mes para que Vizcarra se vea en la obligación de dar por concluido su mandato, no tiene problemas en revelar que puede seguir con la confrontación como arma. Saque usted sus propias conclusiones.
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