Las claves de la denuncia contra Pedro Olaechea

El procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Cosavalente, solicitó a la Fiscalía de la Nación abrir una investigación preliminar contra Pedro Olaechea, titular de la Comisión Permanente, y los que resulten responsables, por el presunto delito de usurpación de funciones.

La denuncia fue presentada a las 3:42 p.m. del último viernes, horas después de que el presidente Martín Vizcarra cuestionara públicamente que Olaechea haya firmado la acción competencial presentada al Tribunal Constitucional (TC) en calidad de titular del Congreso, a pesar de la disolución de este organismo.

Precisamente, en su escrito, el procurador indica que con este recurso interpuesto ante el máximo intérprete de la Constitución “se puede evidenciar que el denunciado Pedro Olaechea viene ostentando un cargo que no le corresponde”.

“Cabe mencionar que actualmente el denunciado ostenta únicamente el cargo de presidente de la Comisión Permanente”, se indica.

“Las atribuciones como presidente del Congreso están extinguidas”. César Landa, constitucionalista

Para Cosavalente, con la emisión del Decreto Supremo Nº 165-2019, mediante el cual se dispone la disolución, “se debe concluir que el denunciado ya no ostenta el cargo de presidente del Congreso, por lo que al continuar haciéndolo habría cometido el delito de usurpación de funciones”.

El procurador también evoca a la sesión de la Comisión Permanente del pasado 2 de octubre, cuando precisamente se aprobó autorizar a Olaechea a que presente esta acción competencial y una medida cautelar.

A su juicio, los parlamentarios que apoyaron esta decisión “resultarían pasibles de ser investigados en calidad de cómplices primarios”.

“Por haber prestado auxilio doloso para la realización del hecho punible denunciado, sin el cual no se hubiere perpetrado”, se precisa.

Cosavalente remarca que todos los que participaron en esta sesión actuaron con funciones que le competen a un pleno del Congreso y no a la Comisión Permanente.

“Dado que a pesar de tener facultades distintas a las prescritas por la norma constitucional [...] actuaron como un Congreso no disuelto, usurpando la condición de miembros del Congreso de la República”, agrega.

El procurador plantea que se recoja la manifestación de Pedro Olaechea así como de los congresistas que votaron a favor de esta figura.

“Si el Tribunal Constitucional admite la demanda, la denuncia se cae”. Luciano López, constitucionalista

Ayer, el primer ministro Vicente Zeballos recordó que “los procuradores son autónomos” y señaló que la denuncia se origina porque Olaechea viene “alegando que es presidente del Congreso, de un Congreso inexistente, que ya fue disuelto”.

—Posturas—

Para el constitucionalista César Landa, esta acusación sería viable toda vez que “desde el 30 de setiembre no existe la figura de presidente del Congreso, porque ha sido disuelto”.

“Lo que queda únicamente es una Comisión Permanente que tiene un presidente, que no es lo mismo que ser presidente del Congreso”, dijo, al mencionar que Olaechea no estaba habilitado para plantear una demanda competencial con ese título.

Por otro lado, Luciano López resaltó que esta denuncia penal y la demanda competencial están de cierta manera vinculadas, y que todo dependerá de lo que resuelva el TC.

“Si el TC admite a trámite la demanda, la denuncia se cae, [porque] estaría aceptando que el presidente del Congreso preside la Permanente. Si la archiva, porque dice que Olaechea no puede presentar la demanda, la denuncia va a caminar”, resaltó.

Agregó que si bien no existe un plazo para que el TC se pronuncie sobre esto, se calcula que tardaría tres semanas.

“Se busca negarle al Congreso el acceso a la justicia”

El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, cuestionó la denuncia interpuesta en su contra por el procurador Carlos Cosavalente y acusó al presidente Martín Vizcarra de pretender evitar que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto a la demanda competencial, según dijo, a pesar de haber señalado antes que respetaría su decisión.

“El presidente pretende negarle al Congreso el acceso a la justicia basándose en que está disuelto: justamente el punto sobre el que se busca que la justicia dirima. Se trata de una arbitrariedad por donde se le mire”, expresó Olaechea a través de su cuenta de Twitter.

El representante de Acción Republicana remarcó que organismos como la Organización de los Estados Americanos y la Defensoría del Pueblo “consideran que el TC debe dirimir las controversias sobre la disolución del Congreso”.

“¿El presidente intenta hacer de juez y parte en este asunto? Nuestra Constitución establece que su intérprete supremo es el TC. No el presidente ni el Congreso”, cuestionó.

Olaechea refirió que tiene un compromiso “de defender la Constitución y el Estado de derecho”. “Acciones como estas no me harán retroceder en ello”, acotó.

El titular de la Permanente rechazó que Vizcarra “instruya el accionar de los procuradores públicos” y que se pretenda suplantar a la fiscalía. “Es imprescindible respetar la separación de poderes”, dijo.