El pasado 1 de noviembre en Washington D.C., en una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se impidió que los indígenas nahua pudieran expresarse. Ellos querían dar a conocer su versión sobre el llamado lote 88 –del proyecto Camisea–, situado en la selva sur, para informar sobre los avances del Estado Peruano y del actual gobierno en la inclusión y protección de los derechos indígenas.
Los nahua llegaron a la capital de Estados Unidos al conocer que, inconsultamente, se referirían a su situación y su territorio en una reunión pactada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que preside Rocío Silva Santisteban.
Esta dijo que [los nahua] fueron “engañados, pues no estaban agendados”. Sin embargo, ellos esperaban que se les ceda la palabra para exigir que las ONG no sigan utilizando a los pueblos originarios con fines políticos y de freno a la inversión, distorsionando la realidad y ubicación de los indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial.
En Lima, los nahua encontraron las puertas cerradas en la PCM (en la gestión de Juan Jiménez Mayor) y en la cancillería, pues no les facilitaron la acreditación ante la CIDH.
ANTIINVERSIÓN Daysi Zapata Fasabi, descendiente de un líder Yine de la selva norte y de una conocida familia maderera, es la representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). Ella mencionó la existencia de ocho pueblos vulnerables dentro de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros. Denunció que el Estado Peruano no protege a los pueblos en aislamiento de la reserva donde “cualquiera puede ingresar, poniendo en riesgo a sus pobladores”.
Los nahua, asentados en la zona, intentaron dar a conocer la realidad de la reserva y los avances del gobierno del presidente Ollanta Humala. Esto para que el Estado preste mayor atención a sus necesidades de salud, educación, entre otras que han sido atendidas, principalmente, por Pluspetrol –operadora de Camisea– y por la misión dominica a cargo del padre Ignacio, quien ha sido blanco de los ataques de algunas ONG internacionales como Forest People, “entre otras que lucran usándonos, a nosotros y a nuestros hermanos”, dijo a este Diario uno de los nahua reunidos en Washington.
Tras haber sido silenciados en la CIDH, los nahua tuvieron reuniones con líderes indígenas norteamericanos y representantes del partido demócrata, a quienes explicaron la politización que se les da a los fondos que llegan a las ONG supuestamente pro indígenas.
NO CONTACTADOS Curiosamente en la reunión de la CIDH, Klaus Quicque Bolívar, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), presentó un fragmento del programa “Panorama” con imágenes de indígenas en aislamiento vistos en Madre de Dios.
Esas imágenes fueron divulgadas por la página web de este Diario con anterioridad y retiradas por exigencia de Fenamad que, mediante carta notarial, señaló que era “material interno” y que divulgarlo era arriesgar a esa población. Varias semanas después Fenamad entregó esas imágenes a la televisión.
El abogado César Gamboa, de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), manifestó su oposición a la ampliación de las actividades en el lote 88, porque a su entender se superpone a la reserva nahua. Denunció que el Estado no garantiza los derechos indígenas y que hay “informes del propio Estado” sobre el riesgo de estas actividades. Lo que no dijo es que el documento que refiere fue invalidado por el Ministerio de Cultura y otras entidades, debido a su falta de sustento.
Rocío Silva Santisteban precisó que el Estado Peruano debe evitar la ampliación del proyecto Camisea y pidió anular todas las concesiones forestales y de aprovechamiento de recursos en territorios de pueblos en aislamiento, esto sin mostrar a qué pueblos se refería ni dónde estarían supuestamente ubicados.