Geiner Alvarado, el ministro investigado por la fiscalía y sindicado como “lugarteniente” de una presunta red criminal

El miércoles 10 de agosto, antes de conocerse esta decisión, El Comercio publicó el siguiente informe sobre quién es Geiner Alvarado:

El Poder Judicial ordenó, el martes 9, la detención preliminar de cuatro investigados por el equipo especial de la fiscalía por lavado de activos y organización criminal, entre ellos la cuñada de Pedro Castillo, Yenifer Paredes; el empresario Hugo Espino; y el alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero. En este contexto, un nuevo personaje clave cobró notoriedad: el ministro Geiner Alvarado.

La resolución judicial, a la que tuvo acceso El Comercio, da cuenta que en la hipótesis fiscal de investigación se apunta a la existencia de una presunta organización criminal por los investigados que se benefició indebidamente con obras públicas en Cajamarca y cuyo principal líder sería el presidente Pedro Castillo.

LEE TAMBIÉN: Se frustra detención de cuñada del presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno

En ese esquema aparece Geiner Alvarado, hasta hace poco ministro de Vivienda y actual ministro de Transportes y Comunicaciones. Él es sindicado como un “cabecilla”, “lugarteniente” de esa red, que habría buscado “copar importantes entidades del Estado con personas de estrecha confianza, como es el caso del ministro”.

“Cabecillas (los lugartenientes de esta organización criminal están compuestos por dos funcionarios de alto nivel: el primero es el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner Alvarado López y el segundo es José Nenil Medina Guerrero alcalde del distrito de Anguía en la provincia de Chota – Cajamarca)”, precisa la resolución judicial que autorizó la detención de la cuñada del presidente Castillo.

MIRA: César Nakazaki: “Las redes se fueron tejiendo con la aprobación del presidente Castillo” | Entrevista

Esta imputación ya ha sido negada por el propio ministro y por su abogado. Mediante su cuenta de Twitter. Geiner Alvarado rechazó “tajantemente ser parte de una organización criminal” y le pidió a la fiscalía “esclarecer el caso con prontitud, a fin de no afectar la dignidad de las personas”.

VIDEO RECOMENDADO

“Todas mis actuaciones en el Ministerio de Vivienda [...] se han alineado a los objetivos públicos de la institución y han respetado los procedimientos legales y criterios técnicos”, dijo en Twitter.

El abogado del ministro, Eliu Arismendiz, remarcó a El Comercio que su cliente no está siendo investigado por este caso, pero informó que sí declaró como testigo el pasado 4 de agosto y que prevé volver a hacerlo la próxima semana. “[La supuesta red criminal] es una hipótesis que va a ser contrastada o desechada en mérito de los actos de investigación. [...] Mi patrocinado está cooperando, se ha puesto a derecho”, aseguró.

Sobre las reuniones registradas con Espino y Medina, respondió que Alvarado no reconoce haberlas sostenido. “Hay ingresos, pero eso no significa que él haya tenido trato con ellos. [...] No significa que los haya recibido”, aseveró. Además, afirmó que de parte de su cliente “no hay fuga, no hay indicios de evadir a la justicia”.

Durante el último año, Geiner Alvarado ha tenido un espacio particular en el Gabinete. El ingeniero de 39 años es uno de los cuatro ministros que se han mantenido en el Ejecutivo desde que inició el gobierno de Pedro Castillo, junto a Dina Boluarte, Roberto Sánchez y Aníbal Torres.

Pero a diferencia de ellos, no es un oficioso defensor mediático del presidente, como Sánchez o Torres, ni tiene la vicepresidencia, como Boluarte. En el primer año del gobierno de Pedro Castillo, su perfil fue más bien discreto y sus ratificaciones se fueron sucediendo con cada renovación del gabinete sin levantar mayor ruido.

El panorama comenzó a cambiar, lentamente, con las primeras confesiones de Karelim López sobre una presunta mafia enquistada en el Ejecutivo y liderada por el presidente Pedro Castillo. Si bien la atención se puso sobre el mandatario y el ministro de Transportes, Juan Silva, la colaboradora eficaz también mencionó a Geiner Alvarado y al sector Vivienda.

Con Juan Silva prófugo, el avance de las investigaciones alrededor del entorno presidencial pusieron la lupa sobre el sector Vivienda, en particular por un decreto de urgencia emitido por Alvarado y por el presidente para priorizar el financiamiento de una lista de obras. A esto se suma el hecho de que el propio ministro ha admitido tener investigaciones en marcha por delitos como negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Fue en ese contexto que, el último viernes 5 de julio, Pedro Castillo decidió sacar a Geiner Alvarado del ministerio que venía encabezando y ponerlo a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el sector bajo mayor sospecha de corrupción del actual gobierno. Solo cuatro días después, una imputación fiscal se extiende ahora a su gestión en su cartera anterior.

Geiner Alvarado es natural de Chachapoyas, en Amazonas. Estudió ingeniería civil en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en Lambayeque, y obtuvo su título en el 2012. Según declaró en su hoja de vida, es gerente general de le empresa Alvarado Ingeniería y Construcción E.I.R.L.

Si bien actualmente está impedida de contratar con el Estado, la empresa del hoy ministro tuvo cuatro contratos con el Gobierno Regional de Amazonas por más de 600 mil soles entre el 2013 y el 2015, así como dos contratos por 70 mil soles con Provías Nacional en julio del año pasado, antes de sumir como ministro. Adicionalmente, Alvarado ha declarado haber “ejercido cargos directivos en los niveles de gobierno local y regional”.

Según informó Fernando Vivas en una crónica para El Comercio, llegó al gobierno de Pedro Castillo por recomendación de Óscar Altamirano, gobernador regional de Amazonas y chotano como el presidente Pedro Castillo. El hoy que trabajó en esta entidad hasta que fue ascendido a director general de Transportes, durante la gestión de Altamirano.

Sin embargo, el tribunal de Servir sancionó a Geiner Alvarado con una suspensión por 180 días, que ya se cumplieron, por causar “perjuicio económico al permitir el pago de una obra con serias deficiencias técnicas” cuando era director de Caminos e Infraestructura Aeroportuaria. Esto fue declarado por él mismo en la hoja de vida que presentó en abril de este año, luego de que el Congreso aprobó una ley que obliga a ministros a informar sobre investigaciones fiscales en curso y sanciones administrativas.

En ese mismo documento, Geiner Alvarado también reconoció que tenía al menos tres investigaciones en curso en el Ministerio Público. Eran tres carpetas fiscales consignadas que se remiten al 2019 y 2020. Una es por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo; la otra por falsificación documentaria, y la tercera aparece como delito contra la administración pública.

El 5 de agosto, para asumir como ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado tuvo que volver a firmar una declaración jurada del mismo tipo. Allí ratificó que tiene sí tiene investigaciones fiscales en trámite, pero no detalló cuántas y cuáles eran. Ante una consulta de El Comercio, la oficina de imagen indicó que la declaración del ministro había sido actualizada y que se ratificaba en que tenía esas tres investigaciones abiertas.

La primera declaración de Karelim López como colaborador eficaz del Ministerio Público, revelada por El Comercio a fines de febrero, sindica a Pedro Castillo como líder de una presunta organización criminal al interior del Ejecutivo. En esa delación, Karelim López también mencionó a personajes como Bruno Pacheco, Silvia Barrera, Zamir Villaverde, los sobrinos del mandatario, y los los ministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (VIvivienda)

La línea de indagación fiscal avanzó hacia el MTC debido a que el caso más avanzado era el del Puente Tarata, relacionado a ese sector. Fue a partir de este caso que se logró la colaboración de Karelim López y Zamir Villaverde, así como la apertura de una investigación al propio Juan Silva, hoy prófugo de la justicia, y a Pedro Castillo.

Sin embargo, el sector Vivienda no se ha librado de sospechas. En sus primeras delaciones, López aseguró que mencionó que Jorge Fernández, asesor del despacho ministerial, el empresario chotano Abel Cabrera Fernández, y Alejandro Sánchez, dueño de la casa del pasaje Sarratea, “en confabulación con los sobrinos del presidente, logran la designación” de Geiner Alvarado como ministro.

Agregó que Cabrera “canaliza todas las obras que se tienen que realizar en el Ministerio de Vivienda. Conozco una relación de seis obras que han sido obtenidas ilícitamente, en las que han participado personas vinculadas a la casa de Sarratea”. En ese momento, el ministro Alvarado respondió a este Diario que rechazaba “tajantemente que se me vincule con supuestos hecho ilícitos o irregulares [...] Son afirmaciones sin sustento y sin corroborar, que vienen siendo usadas políticamente”.

La sospechas aumentaron a partir de la aparición de personajes como el empresario Hugo Espino y el alcalde de Anguía, Nenil Medina Guerrero, en el horizonte de las pesquisas del Ministerio Público. César Nakazaki, abogado de los colaboradores Karelim López y Bruno Pacheco, habló en una reciente entrevista a El Comercio sobre una presunta red criminal “que se da en el ámbito del sector Vivienda, que todavía no se ha trabajado”.

Un hecho que ha llamado la atención dentro de las investigaciones fiscales es el Decreto de Urgencia N° 102-2021, suscrito por Pedro Castillo y Geiner Alvarado, y destinado a la inversión pública para proyectos de saneamiento rural y urbano, así como para infraestructura vial. Esta norma terminó beneficiando a distritos de algunas provincias de Cajamarca, según un informe de la Unidad de Investigación de El Comercio.

De acuerdo con el reporte, varios centros poblados de la Municipalidad Distrital de Anguía, en la provincia de Chota, fueron incluidos entre los distritos que requerían servicios básicos. De esta forma, Anguía pasó de tener 10 proyectos por S/11′304.416 entre 2019 y 2020, a contar desde el segundo semestre del 2021 con 17 proyectos, de los cuales 12 fueron licitados por S/30′806,529. Así, su presupuesto se incrementó en casi 200% en el gobierno de Pedro Castillo.

Una de esas obras fue el ‘Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación de saneamiento básico en las localidades de Yamse Ushum, Tayapotrero y Vista Alegre’, la cual fue concedida por S/ 3 millones a un consorcio integrado por Destcon Ingenieros y Arquitectos. Esta empresa está a nombre de Angi Espino, hermana de Hugo Espino, personaje vinculado a la familia de Pedro Castillo.

En paralelo, el alcalde Medina Guerrero registra visitas a Palacio de Gobierno y al Ministerio de Vivienda entre julio y diciembre del años pasado. Además, Hugo Espino registra una visita al despacho del propio Geiner Alvarado semanas antes de la emisión de ese decreto. Sin embargo, desde el Ministerio de Vivienda han negado que esa reunión se haya concretado.

Actualmente, el equipo especial de fiscales que dirige Marita Barreto investiga a la cuñada del presidente, Yenifer Paredes, a Hugo Espino y al alcalde de Anguía ante sospechas sobre el procedimiento empleado para beneficiar a las empresas contratistas beneficiadas a partir de los proyectos en ese distrito chotano. Este martes, ejecutaron una medida de detención preliminar contra ellos.

De acuerdo con Latina, el equipo especial ya envió un primer informe al respecto a la Fiscal de la Nación para que evalúe si corresponde abrir una investigación adicional a Pedro Castillo y al ministro Geiner Alvarado por estos hechos. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si la titular del Ministerio Público dispuso esa medida.

No obstante, Geiner Alvarado ya se pronunció al respecto. “Las políticas públicas y decretos que emitimos desde @viviendaperu responden exclusivamente a criterios técnicos pre establecidos, que apuntan al cierre de brechas y llevar servicios básicos a familias olvidadas por años, y no a ningún interés en particular”, aseguró vía Twitter el 28 de julio, cuando aún era titular del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

“Remitiremos toda la documentación que requiera el Ministerio Público y responderé todas las preguntas de @FiscaliaPeru de ser necesario. No tengo nada que esconder”, añadió. Dos semanas después, se conoció la tesis que lo implica en un presunta red criminal en el MTC. La decisión de abrirle una investigación directamente por esa imputación está en manos de la Fiscal de la Nación.

VIDEO RECOMENDADO

Iván Lanegra, secretario de la Asociación Civil Transparencia, consideró que la designación de Geiner Alvarado en el MTC resulta siendo problemática para Pedro Castillo. “Designar a una persona que tiene investigaciones es un discurso contradictorio. Por un lado, [el presidente] dice que sus acusaciones no tienen fundamento, y por otro , designa a una persona con cuestionamientos en una posición tan importante”.

Para el abogado, la única explicación para que el mandatario asume un costo político de ese tipo es que el ministro es “una persona de su suma confianza, que está migrando a un sector muy delicado por la información que maneja, por el tipo de compromisos que tienen a través de la inversión pública”.

Lanegra recordó que el MTC ha sido, históricamente, un “campo propicio para la corrupción por el monto dinero que maneja”. “En ocasiones, se ha aprovechado la falta de transparencia para favorecer intereses [...] A través de estas obras también se puede conseguir favores políticos, clientelismo”, indicó.

La politóloga Katherine Zegarra consideró en que la designación de Geiner Alvarado en un nuevo puesto del Gabinete demuestra que ”el presidente solo elige dentro de un círculo de confianza, no por meritocracia”.

Además, remarcó que también con los recientes cambios en el Gabinete, se ve un “un intento de repartir puestos”, comparándola con la designación del internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay como titular del Ministerio de Relacione Exteriores.

En tanto, el exprocurador Iván Meini coincidió en que el pase de Geiner Alvarado al MTC denota que “son muy pocas personas dispuestas a acercar cargos en el actual gobierno”. En consecuencia, consideró, Pedro Castillo se ve en la necesidad de nombrar como ministros a “personas de su entera confianza que podrían obstaculizar la actividad probatoria al interior de cierto sector”.

Consideró que sobre Geiner Alvarado hay cuestionamientos sobre la transparencia de sus actos en el Ministerio de Vivienda y sobre su capacidad profesional para hacerse de un sector complejo como el MTC. “Llama poderosamente la atención que lejos de designarse a una persona sin cuestionamientos y de capacidad compraba, se nombre a una persona cuestionada que no logra mostrar en su hoja de vida razones objetivos por las que debería estar ahí”, señaló.

Sobre su situación procesal, opinó que el Ministerio Público debería incluirlo como mínimo como testigo en la investigación alrededor de las obras en Anguía. “Intuyo que la fiscal de la Nación debe estar analizando con mucho cuidado el desempeño del señor Alvarado, tanto en Vivienda como en lo que está haciendo ahora. No hay que descartar que en el MTC pueda existir todavía algún elemento probatorio que vaya a necesitar para ir corroborando la hipótesis que incrimina a Silva y otros exfuncionarios”, manifestó.