Esta semana, el presidente Pedro Castillo tomó juramento a su cuarto Gabinete en solo seis meses de gestión. El cambio de rostros no ha significado el alejamiento de las críticas hacia la capacidad e idoneidad de los ministros, por el contrario; los cuestionamientos por sus antecedentes se han agravado.
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Ministros con denuncias de corrupción, promotores de aguas milagrosas para sanar enfermedades, procesados administrativamente por la Contraloría General, denunciados por agresión ratificados en el cargo, entre otros cuestionamientos arrastra el nuevo gabinete de Castillo Terrones.
Sin duda, el caso del nuevo ministro de Salud, Hernán Condori Machado, es el que más preocupación genera. No solo porque es investigado por presunta corrupción producto de su gestión en la Red Regional de Salud de Chanchamayo; sino por su capacidad para tomar decisiones en el manejo de políticas de salud para más de 30 millones de peruanos.
El ministro del “agua milagrosa”
Hernán Condori Machado fue la cuota que el presidente Pedro Castillo aceptó de su aliado Vladimir Cerrón, fundador del partido Perú Libre con el que llegó a Palacio de Gobierno.
La amistad entre el médico cirujano y Cerrón es bastante conocida en Junín. Incluso, Condori estuvo afiliado al partido Perú Libre, por el que postuló en el 2010 a la alcaldía provincial de Perené (Chanchamayo).
Ello, llevó a que el expresidente regional de Junín colocara a Condori en diversos puestos de confianza durante su gestión, entre ellos como director ejecutivo de la Red de Salud de Chanchamayo en 2011 y 2019. Es precisamente por esa gestión que la fiscalía anticorrupción lo investiga por presunto cobro indebido, colusión y alternativamente negociación incompatible en agravio al Estado.
Tal como lo informó El Comercio, el actual ministro de Salud es sindicado de participar en un red dedicada a cobros ilegales mediante un “derecho a trámite documentario” a cambio de otorgar plazas en la contratación de personal.
Pero no solo eso, Condori Machado fue señalado por la Contraloría como responsable, junto a otros funcionarios de la Red de Salud de Chanchamayo, de presuntas irregularidades en la adquisición de un tomógrafo computarizado para el Hospital II-2 La Merced.
Según el informe de auditoría 04-2017-2-2814 del 2017, el actual ministro fue responsabilizado de haber incumplido las normas y bases administrativas para la adquisión de un tomógrafo valorizado en S/. 1′250,000. Además, de haber regularizado con posterioridad la compra sin haber sustentado la adquisición.
Lee aquí el informe de la Contraloría:
Diversas organizaciones e instituciones vinculadas al rubro de la Salud han pedido públicamente que Condori sea retirado del cargo, no solo por su falta de idoneidad, sino por haber promocionado una “agua milagrosa” para sanar enfermedades.
Se trata del “Cluster X2″ a la que Condori llama “agua arracimada”, aseverando que las células del cuerpo contenían dicho producto.
El Colegio Médico anunció un proceso para determinar los antecedentes profesionales y proceder de Condori Machado.
La mochila del ministro de Justicia
Las primeras palabras del flamante ministro de Justicia, Ángel Yldefonso Narro, fue únicamente para asegurar que siempre “se condujo por una línea recta”, sin embargo no respondió a los diversos cuestionamientos en su contra.
Y es que, Yldefonso Narro fue hasta hace poco juez. Y, según ha dado cuenta este Diario, pese a venir despachando como magistrado de la Corte Superior de Justicia de Áncash, a la par sostenía “reuniones de trabajo” en Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Castillo.
Según el registro de visitas, entre diciembre del 2021 y enero del 2022, también se reunió con el asesor Beder Camacho y con el abogado del presidente, Eduardo Pachas.
Recién el 8 de febrero, el día que juró como ministro de Justicia, la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Áncash aceptó su renuncia, exonerándolo del plazo de ley para dejar el cargo.
Yldefonso Narro, según ha consignado en su declaración de intereses, es sobrino del ingeniero industrial y sentenciado por corrupción, Ananías Wilder Narro Culque.
En diciembre del 2021, este Diario dio cuenta de las reuniones sostenidas por Pedro Castillo. Entre ellas, figura el nombre de Narro Culque, sentenciado en doble instancia a tres años de prisión suspendida por el delito de apropiación ilícita.
En la mochila del actual ministro de Justicia también pesa haber sido el abogado de un condenado por violación a una menor de edad. En 2014, sostuvo ante la Corte Suprema que su patrocinado no era el culpable y presentó una declaración de la víctima.
No obstante, el Poder Judicial rechazó su pedido al sostener que dicho elemento no ponía en duda otros hechos que llevaron a la condena de su cliente.
El actual ministro de Justicia también ha señalado, en su trayectoria profesional, que fue apoderado legal de la desaparecida Asamblea Nacional de Rectores (ANR), entidad sustituida por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) que recientemente ha sufrido un revés en el Congreso de la República.
Según reportó este Diario, en 2017, como magistrado de una Sala Superior en Áncash, Yldefonso Narro absolvió por mayoría a seis policías procesados por tráfico ilícito de drogas, cohecho pasivo propio y encubrimiento personal.
De acuerdo con Perú21, la Oficina de Control de la Magistratura mantiene dos procesos disciplinarios contra el actual ministro de Justicia por negligencia en el cumplimiento de sus deberes.
El caso del ministro de Agricultura
El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea, guarda un pasado que no había sido reportado hasta el momento. Y es que, según reportes de la Corte Suprema de Justicia, fue imputado por el Ministerio Público y procesado judicialmente por presunto homicidio calificado de un comunero en su natal Puno. Sin embargo, fue absuelto.
“Respecto a los temas consultados, lo primero que tengo que decir es que soy un hombre de fe, respetuoso de la persona humana y amante de la vida (...) En torno a los temas solicitados, tengo que indicar que tienen calidad de cosa juzgada por las instancias judiciales competentes”, señaló el ministro Óscar Zea a El Comercio.
Indicó que para mayor transparencia anexaba su certificado de antecedentes penales.
El Centro Liber también dio cuenta sobre una investigación en Puno por presunto delito de peculado en agravio de la Municipalidad de Huancané. Sin embargo, a través de sus redes sociales, Zea afirmó que dicho proceso judicial fue sobreseído.
Ratificados pese a antecedentes
El abogado y ministro Aníbal Torres no solo fue ratificado con un fajín ministerial, Pedro Castillo lo nombró presidente del Consejo de Ministros.
Torres Vásquez dio un salto del Ministerio Justicia a la PCM dejando en el camino una investigación de la Contraloría sobre presuntos contratos que habría tenido sus familiares.
La denuncia vincula a la empresa Aldem SAC -de propiedad del hermano del ministro- con un presunto contrato con el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) fuera de las regulaciones de Ley.
El presidente Castillo Terrones también ratificó en el cargo al ministro de Defensa, José Gavidia, quien el 3 de setiembre del 2021 fue denunciado por su esposa ante la Policía Nacional por violencia familiar.
Según la denuncia, difundida por Latina, Gavidia le reclamó a su esposa “diciéndole que siempre la engañó, que estaba con otra persona. Que la denunciante refiere que se sentía hostigada porque siente que su esposo la sigue para todos lados”.
Cuando fue consultado por la denuncia, Gavidia Arrascue la calificó como “temas personales”.
Juan Silva Villegas, titular de Transporte y Comunicaciones (MTC) es, junto a Anibal Torres, el ministro que trasciende pese a los cuatro cambios de gabinete. Pese a los cuestionamientos desde el inicio de su gestión, es inamovible.
Silva también fue denunciado en el 2011 por su expareja que contó a la Policía haber sido víctima de agresiones físicas y psicológicas.
Incluso, tuvo un enfrentamiento con la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, quien le envió una carta pidiendo explicaciones por la salida de Patricia Cama, de la jefatura de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN).
En reemplazo de Cama, como se recuerda, Silva designó a Doris Alzamora, quien terminó renunciando a los pocos días tras conocerse que fue intervenida por la Policía por presuntos robos en supermercados.
El jefe de Estado también decidió ratificar en el cargo al ministro de Cultura Alejandro Salas, un abogado que fue candidato al Congreso de la República por Somos Perú, en 2020.
Tras su designación se viralizaron diversos comentarios de Salas Zegarra en su cuenta de Twitter. Luego, éste aseveró que las publicaciones eran “falsas” y desactivó su red social.
Finalmente, otro ministro que se mantiene en el cargo es el titular del Interior Alfonso Chávarry, quien fue la manzana de la discordia entre el presidente Castillo y la entonces presidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez, quien renunció al cargo luego que el coronel PNP (r) fuera elegido por el mandatario en reemplazo de Avelino Guillén. Chávarry tiene denuncias por presunto abuso de autoridad.
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