Enrique Mendoza: “Desde la época del terrorismo no había tantos jueces amenazados”

HÉCTOR VILLALOBOS

La última encuesta de El Comercio-Ipsos revela que el Poder Judicial es una de las instituciones en las que la población menos confía ¿Por qué no ha podido mejorar su imagen? Es muy difícil que un Poder Judicial supere el 40% o 50% de aprobación en países como Alemania o Estados Unidos. El Poder Judicial no es una entidad que reparta beneficios, distribuya títulos o regale bienes. Nuestro promedio de aceptación indefectiblemente baja cuando hay una baja en la aprobación de los organismos de gobierno. Tenemos situaciones que pueden calificarse de críticas o polémicas casi cada mes y medio, como La Parada o los casos de delincuentes que por razones no muy claras, dadas por un juez en forma confusa, salen en libertad.

Por lo que me dice, la situación es irreversible No. Creo que es reversible dentro de los márgenes ponderados. Es decir, si tenemos un 25% o 30% estamos muy bien, dentro de los estándares internacionales. En esta gestión hemos emprendido una serie de medidas que tienen que ver con la eficiencia, que es nuestro modo de recuperar imagen. Un primer componente es la rapidez. Lo lento genera corruptelas. Hemos emprendido medidas para disminuir el retardo judicial. La celeridad se consigue con tecnología, la estamos aplicando. Y medición de desempeño, con estándares de medición de metas de cada órgano jurisdiccional. Otro elemento importante es la predictibilidad: debemos disminuir el azar. Que entrar a un juicio no sea una aventura indefinida en sus términos y en sus resultados finales. La predictibilidad la estamos consiguiendo a través de un motor de búsqueda. Todas las sentencias de la Corte Suprema están siendo catalogadas por temas en forma uniforme ¿A efectos de qué? De producir predictibilidad entre los operadores, los empresarios. Las personas que necesitan resolver un litigio sabrán en qué va a terminar su juicio.

Hay sentencias que parece que estuvieran hechas para espantar inversiones… Pero por supuesto. Y, precisamente, la predictibilidad que se consigue con una jurisprudencia sistematizada, eso es lo que hemos logrado. Toda sentencia, desde hace dos meses, pasa a un sistema programado que está sistematizado por rubros y temas y es muy fácil ingresar a la web del Poder Judicial a través de ejecutorias en línea.

¿Será una guía para los jueces? Para los jueces, los abogados y los ciudadanos. Por último, ya hemos empezado con el proceso de expediente electrónico, que no va a usar papel; los abogados van a mandar sus recursos on line y el juez va a resolver on line. Todo esto va a significar rapidez, seguridad e inmediatez.

¿Nos vamos a olvidar de esos expedientes cosidos con pabilo y aguja? Así es. Comenzaremos con el expediente electrónico en el área laboral en Lima norte. Ya está contratada la empresa. Se llevará a cabo la implementación de este sistema.

¿Cuánto gasta el Poder Judicial en papel? En papel, un millón de soles al mes. Lo pensamos bajar gradualmente, por lo menos en 60% con el expediente electrónico. Lo que ya está en el Congreso y requiere una modificación legislativa es la obligatoriedad de usar domicilio electrónico. Olvídese ahora del ‘no estuve ahí’, ‘no me notificaron’, ‘que yo vivo en Huacho’. Esas cosas van a ser parte de la historia. Con la notificación electrónica, toda aquella persona que entre en un juicio incluirá una dirección para que podamos notificarlo a través de la red.

¿Ya no vamos a tener esos casos irregulares de notificaciones no entregadas? Por supuesto. Y el mayor perjuicio de las notificaciones, tal como se llevan actualmente, es el consumo del tiempo.

A propósito de rapidez, molesta asistir a largas lecturas de sentencias que duran horas. ¿No se puede leer solo la parte resolutiva? Acabo de estar en una reunión con el Consejo Nacional de la Magistratura. Les pedí que no se fomenten las sentencias innecesariamente largas. Si tiene que ser larga, que lo sea, pero generalmente no es necesario gastar 30 o 40 páginas en una sentencia. Esto se debe a varios factores, el primero es que la argumentación es obligatoria para todos los jueces.

Pero los argumentos se pueden notificar a las partes, ¿para qué torturar a los asistentes a una audiencia? Porque necesariamente los jueces, de acuerdo con la Constitución, están obligados a exponer las razones por las cuales toman la decisión. Toda sentencia tiene una parte expositiva, argumentativa y un fallo. Ese fallo tiene que estar sustentado en la parte argumentativa. Debido a eso es que hay esas lecturas farragosas de sentencia que son tan largas. Pero estamos proponiendo que también se tome en consideración la capacidad de síntesis de los jueces.

El presidente Humala llamó la atención hace unos días a los jueces por reincorporar a policías destituidos por medidas disciplinarias. ¿Al inicio de su gestión no se dio una directiva para evitar las reincorporaciones arbitrarias? Efectivamente. Por una serie de defectos de reglamentos, desde el año 2001, una serie de policías comenzaron a pedir su reincorporación, incluso por medidas disciplinarias muy graves. Y por defectos de forma o del debido proceso eran repuestos. Las demandas incluían ascensos a veces. Eso ya no existe. Hemos exhortado a los jueces a que si hay una decisión de reincorporación, la remitan al tribunal administrativo de la policía, que se revalúe y corrija lo que ocasionó el defecto. Hemos evolucionado tremendamente. Lo que ocurre es que en el Ministerio de Interior manejan cifras antiguas. Y esas se las pasan al presidente y por eso el presidente reclama. Este año ha habido 10 reposiciones, no las 1.800 de antes.

Ha habido muchos casos de amenazas a jueces recientemente. ¿Han recibido ya algún tipo de protección? Han aumentado las amenazas. Hemos pedido al Ministerio del Interior reforzar la seguridad de los jueces. Un juez amenazado jamás va a poder resolver correctamente un proceso. Una jueza ha renunciado porque un grupo de trabajadores de Pucalá la ha amenazado. Han capturado a un sicario que iba a asesinar al juez Elio Concha Calle, del Segundo Juzgado Penal Nacional . En la cuenca cocalera y en la minera de Madre de Dios también tenemos amenazas.

¿Desde cuándo no se ve una situación así? Desde la época del terrorismo, en que derivamos en los jueces sin rostro, un modelo que hoy ya está prohibido.

¿La ley que homologa los sueldos de los catedráticos con los de los magistrados es un impedimento para que el gobierno pueda cumplir con los aumentos de sueldos de los jueces? Sí, es un impedimento. Me gustaría saber por qué se dio esa ley. No hay una equivalencia. De aquí en adelante que los jueces ganen lo mismo que los astronautas. No tiene ningún sentido. No veo la relación. Pero sí, mi respuesta a su pregunta es afirmativa. Es un impedimento.

¿Habría que revisarla o derogarla? Como titular del pliego, sí, yo pediría que se derogue esa ley, porque realmente ha venido afectando las remuneraciones de los jueces. Sería conveniente cortar ese nudo gordiano que está perturbando la homologación de sus salarios.

¿Si a usted lo convoca el ministro de Justicia para una reunión con un juez que está viendo un caso en el cual el gobierno tiene interés, usted aceptaría? Lo digo a propósito de la reunión de César San Martín con Juan Jiménez En primer lugar, el juez no tiene que reunirse con el ministro de Justicia. Ahora bien, entiendo que tratándose de defensa del Estado ante organismos internacionales, el ministro puede convocar a las autoridades internas del país a efectos de buscar elementos de defensa.

¿Eso incluye al juez? Tratándose de una causa, en este caso que está vinculada al reclamo, me parece que sí hay razones. Claro, podría quizás haberse evitado una reunión pidiendo información a los jueces que veían la causa.

¿El Caso Business Track (BTR) es cosa juzgada?
 En asuntos judiciales donde hay la posibilidad de que con o sin fundamentos se pueda abrir una investigación colateral, no me queda otra cosa que abstenerme de hacer comentarios.

LA FICHA NOMBRE: Enrique Mendoza Ramírez. PROFESIÓN: Jurista y abogado. CARGO: Presidente de la Corte Suprema. TRAYECTORIA: Entre 1992 y 1999 fue juez en Piura y Paita; entre 1999 y 2002, vocal superior en Tumbes, Piura y Sullana. Desde el 2003 es vocal supremo. Presidió el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del 2004 al 2008 y fue jefe de la OCMA del 2010 al 2012.