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Eduardo Arana, ministro de Justicia y Derechos Humanos, insistió que el Gobierno defenderá la “soberanía jurídica nacional” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al sostener que el indulto que se otorgó a Alberto Fujimori en el 2017 y que se concretó en el 2023 fue de acuerdo a ley.
En la conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros de este miércoles 17 de abril, Arana recordó que su sector brindó los detalles de los argumentos que brindaron ante el sistema interamericano con relación a los casos Barrios Altos y La Cantuta.
“Desde el Ejecutivo no vamos a permitir la intromisión a la soberanía jurídica nacional e internacional, y que no se respeten los derechos que desde el Tribunal Constitucional y los órganos judiciales se dicten en el Perú”, comentó ante la prensa.
Cabe recordar que la Corte IDH, en su labor de supervisión del cumplimiento de las sentencias por estos casos, exigió al Estado peruano que no se acate el indulto a Alberto Fujimori y el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que dispuso su liberación hasta que se revisen nuevamente los argumentos detrás de la gracia presidencial.
Pese a esto, el Gobierno atendió el fallo del TC y dejó en libertad a Alberto Fujimori el 6 de diciembre del 2023.
Al respecto, Eduardo Arana insistió en que el Estado ha cumplido con ejecutar la “decisión soberana del TC” con relación al indulto otorgado a Alberto Fujimori en el 2017 y que el Gobierno debe cumplir con lo que mandas las órdenes judiciales y del mencionado tribunal.
“Debo dejar en claro que no estamos defendiendo a un ciudadano en particular ni estamos tomando partido por alguna ideología o alguna posición política. Estamos defendiendo el derecho de un ciudadano como si fuera el derecho de cualquiera de los 33 millones de ciudadanos del Perú”, comentó en alusión a Alberto Fujimori.
Arana también recordó que los casos Barrios Altos y La Cantuta fueron “sentenciados” con condenas graves y ejemplares contra quienes cometieron delitos pero que, como “consecuencia de la soberanía ejercida por el Ministerio de Justicia y el Ejecutivo de aquel entonces”, se dictó una gracia presidencial.
“El TC en ejercicio de su soberanía como máximo interprete de la Constitución dispuso la ejecución de este mandato que era favorable para este ciudadano”, acotó.
