El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, se refirió a las investigaciones del Ministerio Público por las muertes registradas durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023 contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, y afirmó que “acá no hay ningún tipo de impunidad”.
En declaraciones a Canal N, indicó que la fiscalía deberá delimitar las responsabilidades del caso y que tras ello, se tomarán las acciones que correspondan de acuerdo a ley.
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“Se tienen que delimitar las responsabilidades y las acciones que motivaron ello, y está a cargo del Ministerio Público, titular de la acción penal. Cuando ellos determinen ese tipo de acciones y de responsabilidades, se tomarán las acciones que correspondan de acuerdo a ley”, expresó.
“Acá bien claro lo ha manifestado la señora presidenta y yo lo transmito: acá no hay ningún tipo de impunidad, de dejar pasar si ha habido algún tipo de responsabilidad, pero eso le corresponderá al Ministerio Público, dilucidar cada una de esas acciones”, agregó.
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En ese sentido, Chávez Cresta indicó que el Gobierno ha proporcionado todas las facilidades de información a la fiscalía y también aseguró que los miembros de las Fuerzas Armadas acudirán a declarar cuando sean citados.
“Nosotros desde el principio lo hemos dicho. El encargado de esas investigaciones es el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal. En virtud a ello le hemos proporcionado, desde el primer día de todos los eventos, las facilidades para proporcionar información y todo lo que han requerido”, subrayó.
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“Paralelamente a ello han solicitado la presencia del jefe del Comando Conjunto (de las Fuerzas Armadas). En un determinado momento dijeron: ‘¿Por qué no va, por qué posterga?’ debido a la agenda que tenía, pero ha asistido y ha dado su declaración. De igual manera lo hará cada persona que sea citada en el cumplimiento de lo que tiene que llevarse a cabo en la investigación que viene desarrollando el Ministerio Público”, añadió.
Días atrás la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señaló que ha ordenado que la institución que preside resuelva con celeridad las investigaciones en curso, entre ellas las que alcanzan a la presidenta Dina Boluarte y al primer ministro, Alberto Otárola, por presuntos delitos de genocidio y homicidio calificado.
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“Hemos dispuesto que todas las investigaciones sean céleres. [...] El rol del Ministerio Público es investigar. [...] Estamos yendo con fuerza, avanzando”, dijo en diálogo con “Punto Final”.
Benavides añadió que se están reforzando los equipos especializados en derechos humanos, a raíz de las investigaciones por los fallecidos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, que se iniciaron en diciembre pasado.
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