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Tras rumores que iniciaron la noche anterior, la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el premier Alberto Otárola hicieron ayer efectivos seis cambios en el Gabinete Ministerial, poco antes de iniciar la sustentación del presupuesto 2024. Las carteras elegidas fueron Justicia y Derechos Humanos; Educación; Desarrollo Agrario y Riego; Trabajo y Promoción del Empleo; Producción; y Transportes y Comunicaciones.
En total fueron cuatros cambios y dos reasignaciones; esto último con el pase de Daniel Maurate de la cartera de Justicia a la de Trabajo, así como con la asunción de Raúl Reyes Espejo al Ministerio de Transportes, dejando Producción. Con estos reajustes, son 20 los cambios ministeriales producidos en lo que va el gobierno de Boluarte, entre salidas y cambios de carteras.
"No hemos presionado a la presidenta Dina Boluarte"
Elizabeth Medina Vocera del Bloque Magisterial
El renovado Gabinete, que sigue encabezado Alberto Otárola, quedó conformado ahora por ocho mujeres y 11 hombres.
¿CRISIS POR LA EDUCACIÓN?
El primer cambio que trascendió fue el de la ministra de Educación Magnet Márquez Ramírez, quien se había mostrado enfática en contra del proyecto aprobado por el Congreso para reponer a más de 14.000 profesores cesados en el 2014 por no aprobar o no dar la prueba de evaluación docente. Márquez había anunciado que el Ejecutivo observaría la norma.
En su reemplazo se nombró a Miriam Ponce Vértiz, quien se venía desempeñando hasta ayer como viceministra de Gestión Pedagógica. En la campaña electoral del 2021, Ponce fue parte del equipo técnico que presentó Fuerza Popular.
Este diario conoció en ya en abril pasado se había evaluado desde la PCM el perfil de Ponce para asumir la conducción del ministerio, pero ello no prosperó —en aquella ocasión— justamente por su vinculación con el partido de Keiko Fujimori y, en su lugar, se designó a Márquez.
Hasta ayer por la tarde Márquez no se había despedido del personal del ministerio, aunque sí acudió a la ceremonia de juramentación de los nuevos miembros del Gabinete realizada en la Sala Eléspuru de Palacio de Gobierno.
En la cartera de Trabajo se optó por la salida del ministro Antonio Varela Bohórquez y se colocó a Maurate. Según fuentes de El Comercio, hubo presión en las últimas semanas por parte de algunos congresistas del Bloque Magisterial para que se efectúe el cambio en esta cartera, a raíz de la cancelación de la inscripción de la Fenatep —el ala radical del magisterio y que aupó al presidente Pedro Castillo— como sindicato.
“No hemos tenido ninguna conversación y tampoco hemos presionado a la presidenta, porque eso no es nuestro trabajo (...) No hemos tenido ninguna intervención al respecto a la decisión que haya tomado”, indicó a El Comercio la congresista Elizabeth Medina, vocera del Bloque Magisterial, sobre los cambios.
Uno de sus asesores, Walter Chunga Palacios, acudió la víspera de los cambios a la sede de la PCM, según el registro de visitas, aunque la parlamentaria dijo desconocer el motivo. “No tengo conocimiento al respecto”, señaló Medina.
El jefe de Gabinete, Alberto Otárola, aseguró ayer que “es política del Gobierno la meritocracia” y que “con la nueva ministra de Educación va a seguir siendo la misma política”; intentando descartar que el cambio se haya producido por la oposición al proyecto de nombramiento.
OXIGENACIÓN AL GABINETE
En tanto, el recambio en el Ministerio de Transportes tomó por sorpresa a Paola Lazarte y a su equipo, según fuentes consultadas por este diario. El lunes habían acudido a una sustentación de un proyecto de ley en la Comisión del Transportes del Congreso. Pero al día siguiente, por la noche, fue convocada a la PCM, en donde se le comunicó su salida. No hubo mayor razón.
En su reemplazo se designó a Raúl Pérez Reyes Espejo, quien se venía desempeñando como titular de la cartera de Producción. En este último ministerio se ubicó a Ana María Choquehuanca, excongresista y exministra durante el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y quien ostentaba el cargo de vicepresidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).
En Justicia, en lugar del reubicado Maurarte, se nombró al abogado Eduardo Arana, quien a lo largo de su carrera ha sido asesor en el Congreso de la República. Recientemente, por ejemplo, entre setiembre del 2022 a julio del 2023, había sido asesor de la Comisión de Educación, a cargo de la parlamentaria Gladys Echaíz.
No obstante, Arana también registra en su contra una sentencia por alimentos emitida por el 4to Juzgado de Paz Letrado de San Juan de Lurigancho, la cual fue consignada en su hoja de vida cuando postuló al cargo de regidor de Miraflores en el 2018 con Alianza para el Progreso (APP).
Otro de los cambios se dio en el ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en medio de la fuerte crisis que atraviesa el sector por el alza de precios de los productos de primera necesidad. Salió Nelly Paredes y se designó, como reemplazo, a Jennifer Contreras Álvarez, quien se desempeñaba dentro del sector como miembro del directorio del Instituto Nacional de Calidad.
¿GESTOS POLÍTICOS?
Para los analistas políticos Jeffrey Radzinsky y Arturo Maldonado, los cambios en el Gabinete, en especial en el Minedu, reflejan el poder que tiene el Congreso frente al Ejecutivo.
“Los cambios lo que muestran es la debilidad de un Gobierno que lo único que intenta es mantenerse en el poder y el poder de un Congreso que, finalmente, termina definiendo esa cartera [Educación] y probablemente otras”, señaló Radzinsky.
Para Maldonado, con el cambio en el sector Educación, “queda claro el pacto implícito que tiene el Ejecutivo con el Legislativo”.
Este es el primer presupuesto elaborado en la era Boluarte, el cual asciende a S/241 mil millones, un 12% más que el elaborado para 2023. En el Congreso, el premier Alberto Otárola inició su presentación señalando que recibieron un país “con las cuentas fiscales paralizadas” y “en una difícil coyuntura de protesta social y adversidad climatológica”.
Sin embargo, ratificó la estimación de que al cierre del año habría un crecimiento de un 1% en la economía. Otárola remarcó que son seis las prioridades del presupuesto del gobierno para el 2024, entre las que se encuentran agua y saneamiento; orden y seguridad; Educación; salud; protección social y atención de emergencias.
