Fuerza Popular pidió que se investigue “a profundidad” lo declarado por el colaborador eficaz Salatiel Marrufo sobre una supuesta orden dada en junio del 2021 por la mandataria Dina Boluarte, entonces candidata a la vicepresidencia, para llegar a acuerdos con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que favorezcan a Perú Libre.
La mandataria sigue sin pronunciarse personalmente sobre el tema. De hecho, se acerca a los tres meses sin declarar la prensa. Pero desde el Ejecutivo, a través del presidente del Consejo de Ministros, negaron los dichos de Salatiel Marrufo.
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El Comercio consultó a Miguel Torres, excongresista y vocero del partido Fuerza Popular, si iban a tomar alguna medida o emitir un pronunciamiento respecto a lo declarado por Salatiel Marrufo. Sus dichos, que datan de mayo de 2023, fueron revelados el último domingo por el programa Punto Final.
“Esperamos que se investigue a profundidad. Existen muchos indicios de irregularidades. El JNE dirigido por el sr. Salas Arenas, tuvo un desempeño irregular y paupérrimo, jurídicamente hablando”, afirmó a El Comercio.
Consultado respecto a si Dina Boluarte -actualmente rumbo a China para una visita de Estado- debe dar una explicación sobre lo declarado por Salatiel Marrufo, Torres respondió que “todos deben expresar su opinión respecto a lo alegado”. “En especial el Sr. Salas Arenas, quien hasta hoy no entendemos cómo pudo oponerse a la serie de irregularidades denunciadas en su momento”, insistió por la mañana.
Con Dina Boluarte en pleno viaje, quien sí se pronunció fue el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. “Yo doy por absolutamente descartada cualquier posibilidad de intervención o de injerencia de la presidenta. Sobre todo frente a un órgano constitucionalmente autónomo”.
El jefe del Gabinete Ministerial dijo que no hay ninguna razón para justificar la versión de que alguien pudo tener incidencia sobre las elecciones del 2021. Además, incidió en que se trata de la versión de un colaborador eficaz, quien puede dar testimonios “con el único propósito de hacer quedar mejor su condición frente al proceso que llevan”.
“¿A quién le están haciendo el juego? ¿A los fraudistas? Por favor, yo no le encuentro ningún sentido. Yo no creo en eso. Los resultados de las elecciones se dieron, salió elegido el señor Castillo. Todos sufrimos esos 17 meses de desgobierno que nos llevaron al golpe de Estado. Hoy estamos en un escenario totalmetne diferente”, remarcó.
Por su parte, el abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, rechazó lo declarado por el colaborador eficaz y lo calficó como “inverosímil”. “Salatiel Marrufo es víctima de su propio incendio”, declaró a El Comercio.
“Cuando se evalúa la confiabilidad de un aspirante a colaborador eficaz, debe determinarse múltiples criterios, entre estos, espontaneidad, frescura e inmediatez, en clave de afirmación-tiempo de lo que señala. Desde el 5 mayo de 2023 hasta 17 abril de 2024 ha transcurrido 348 días, casi 12 meses, y recién Marrufo, de pronto, se acuerda de la existencia de César Acuña, Dina Boluarte y de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones”.
”El propio Marrufo señala que en su primer contacto en la casa de Sarratea se encuentra con una serie de personas, entre ellas, el expresidente Pedro Castillo, y de pronto, como acto de magia, de forma automática, empiezan a realizar tratativas de contactos con los miembros del JNE, e ingresa inmediatamente al círculo de confianza de todos ellos. En el hipotético caso que esto haya ocurrido, es bastante inverosímil una descripción como esta”
El abogado dijo estar “absolutamente convencido” de que los actos de corroboración de esa declaración comenzaron en mayo del 2023, fecha de su primera declaración sobre este tema, y no en abril de este años: “Dentro de estos casi 12 meses no habido una corroboración de parte de los múltiples protagonistas a quienes pudo habérseles llamado para corroborar esta afirmación. En esa perspectiva, Marrufo quiere colocar su propia agenda en la fiscalía y volver a distraer los faroles de atención a partir de su fábula”.
Portugal añadió que Dina Boluarte “no reconoce en ningún modo” haberse reunido con Sánchez, Marrufo y Medina con el propósito de ejercer influencias sobre el JNE. También dijo recién se enteraron de este testimonio con el reportaje de Punto Final y anunció que plantearán “dos acciones legales, aun cuando se trata de una carpeta reservada”.
El lunes por la tarde, el presidente del JNE emitió un comunicado en respuesta a las “declaraciones y afirmaciones falsas de un investigado por corrupción”. Salas Arenas defendió la regularidad de lo decidido por el pleno respecto al plazo para recibir los pedidos de nulidad de actas electorales hechos por los partidos, aspecto abordado por Salatiel Marrufo en su declaración.
“Se han efectuado afirmaciones tendenciosas en mi agravio y de otros miembros del pleno del jurado [...] Ni con motivo de las elecciones generales 2021 ni de las subnacionales del 2022 efectué ninguna maniobra para favorecer o perjudicar candidatos u organización políticas”, puntualizó el magistrado. “No he tomado contacto con ningún personero o integrante de agrupación política alguna”.
Jorge Salas Arenas agregó que, en lo que a él refiere, el colaborador eficaz “miente y además está agregando sus propias conjeturas, amparándose en supuestas afirmaciones de terceros”. “Esta es una nueva versión de fraude, con ánimo de sembrar y afirmar dudas respecto de mi desempeño y del desarrollo del proceso electoral”, señaló.
En el Congreso, el legislador fujimorista Héctor Ventura dijo que la fiscalía y la Comisión de Fiscalización deben investigar los hechos narrados por Salatiel Marrufo. “No podemos generar un mal precedente para que las próximas elecciones siga ocurriendo todo este vicio, que ha hecho gran daño al país, porque han elegido a Pedro Castillo”, afirmó.
Otro de los mencionados por Salatiel Marrufo es el excongresista Richard Acuña, hijo del líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, y un personaje influyente en el partido y su bancada. Según el colaborador, él habría sido el contacto para contactar a uno de los miembros del JNE, Jorge Rodríguez Vález. Acuña rechaza esa versión.
Eduardo Salhuana, vocero de la bancada de APP, comentó sobre esto que “todo hecho en que se presuma una situación irregular debe ser investigado y toda declaración de un colaborador eficaz debe ser corroborada”. Por otro lado, el legislador remarcó que su partido apoyó a Keiko Fujimori frente a Pedro Castillo, por lo que la acusación “políticamente, no tiene mucho sentido”.
La noche del domingo, Richard Acuña se pronunció en sus redes sociales para rechazar el testimonio y Marrufo y asegurar que no lo conoce.
El Comercio envió preguntas sobre este tema a la defensa legal de Dina Boluarte para tener su versión. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
El antecedente
Luego de la segunda vuelta de las elecciones del 2021, que enfrentó a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre), el partido naranja planteó recursos para anular distintas actas electorales. La tres veces la candidata presidencial y su equipo, que incluía a Miguel Torres, hablaron de un “fraude en mesa”.
Sin embargo, el JNE resolvió que Fuerza Popular no pudo acreditar el supuesto “fraude en mesa” y otras supuestas irregularidades. Sus recursos fueron desestimados y se proclamó ganador a Pedro Castillo. Keiko Fujimori incluso pidió al entonces presidente, Francisco Sagasti, solicitar una auditoria de la Organización de Estados Americanos (OEA) a la elección y una delegación viajó a Washington (Estados Unidos) con ese objetivo. No obstante, su pedido no tuvo eco.
Luego, el actual Congreso formó una comisión investigadora de las supuestas irregularidades en los comicios. Sin embargo, su informe final terminó siendo archivado por el pleno y su misma creación fue luego anulada por el Tribunal Constitucional.
Actualmente, el fujimorismo impulsa una reforma en el Congreso que permitirá al Legislativo inhabilitar a los miembros del JNE y a las cabezas de la ONPE y el Reniec por lo que consideren como infracciones a la Constitución. También está en marcha una reforma para que el Senado -que funcionará desde el 2026- pueda elegir a los jefes de la ONPE y el Reniec.
El JNE y los delatores
Desde entonces, al menos tres investigados o colaboradores eficaces de la fiscalía han declarado sobre supuestos favorecimientos a Pedro Castillo en la segunda vuelta del 2021. Sin embargo, ninguna de estas versiones han sido corroboradas o han resultado en una indagación contra miembros del JNE u otros supuestos implicados.
La versión más reciente es la de Salatiel Marrufo. Según reportó Punto Final, el colaborador declaró que tras la segunda vuelta presidencial del 2021, Boluarte ordenó a José Nenil Medina Guerrero (exalcalde de Anguía, Cajamarca) y Alejandro Sánchez Sánchez (financista de la campaña presidencial de Pedro Castillo) que intercedan ante Jorge Rodríguez Vélez y Jovián Sanjinez Salazar, miembros del pleno del JNE.
En otra reunión, según dijo, José Nenil Medina y Alejandro Sánchez dijeron que ya tenían asegurados los votos de los magistrados Jovián Sanjinez Salazar y Jorge Rodríguez Vélez, quienes eran del pleno del JNE. También dijo que Sánchez comentó que “el ‘1′”, haciendo referencia a Pedro Castillo, ya había asegurado “el voto del ‘1′ del JNE”, en referencia a Jorge Salas Arenas.
De acuerdo con el dominical, las declaraciones datan de mayo del 2023 y fueron ratificadas en abril del 2024. Los dichos están en fase de corroboración. Punto Final no precisó ante qué fiscalías se hizo la declaración, pero el despacho con el que colabora Salatiel Marrufo es el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
Salatiel Marrufo, quien fue jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda durante el gobierno de Pedro Castillo, es investigado como parte del presunto ‘gabinete en la sombra’ del expresidente junto a Nenil Medina y Alejandro Sánchez. Por ese caso, estuvo bajo detención preliminar y luego se acogió a la colaboración eficaz. A mediados del 2023, salió de prisión bajo comparecencia con restricciones.
Marrufo también está involucrado en el caso de la empresaria Sada Goray. Según él mismo confesó, ella le pagó hasta S/ 5.4 millones para favorecer sus intereses en el Ministerio de Vivienda y otros sectores del Estado. Su testimonio como colaborador fue clave para que Goray esté hoy bajo prisión preventiva, así como para órdenes similares contra el exministro de Vivienda Geiner Alvarado y el propio Pedro Castillo en su caso de organización criminal.
Previamente, en mayo del 2022, el empresario Zamir Villaverde, cuando estaba bajo prisión preventiva por el caso Puente Tarata, dijo ante una comisión del Congreso que tenía evidencias sobre un presunto favorecimiento a Pedro Castillo. Habló incluso de un supuesto fraude.
Semanas después, Villaverde salió de prisión y pasó a estar bajo libertad con restricciones. Sus dichos sobre las supuestas irregularidades no derivaron en alguna investigación fiscal adicional. Aquella vez, el JNE también negó la afirmación de Villaverde.
Más recientemente, el colaborador eficaz Jaime Villanueva declaró ante la fiscal suprema Delia Espinoza, en condición de testigo, que el fiscal Rafael Vela le había hablado de una supuesta “estrategia” del JNE para evitar el triunfo de Keiko Fujimori. Nuevamente, el JNE y el mismo fiscal Vela negaron esa versión.