¿Cuáles serán los retos y las prioridades del gobierno para el 2023?

José Ugaz, abogado y exprocurador anticorrupción:

En materia de lucha anticorrupción, lo primero que se tiene que hacer es terminar la tarea iniciada de purgar del Estado a aquellos funcionarios que fueron nombrados por el gobierno de Castillo en puestos importantes de instituciones claves del país para llenar una cuota política, sin ninguna calificación y, peor aún, con la intención de saquear al Estado.

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Esas personas, como se ha empezado a hacer con prefectos, subprefectos y otros funcionarios, deben ser rápidamente identificadas en cada sector y destituidas a la brevedad posible para tratar de reparar el daño que se ha hecho a la institucionalidad del país en términos de corrupción.

Por otro lado, se va a tener que hacer lo posible para recuperar a toda esa capa de funcionarios meritocráticos que, por años, tuvieron un buen desempeño en instituciones importantes del país, pero que se vieron obligados a renunciar o fueron sustituidos de manera arbitraria. Todo esto termina impactando en una debilidad institucional que fomenta la corrupción.

En tercer lugar, tiene que empezar a concretar algunos temas pendientes en la agenda anticorrupción del país. Por ejemplo, dotar al Tribunal de Transparencia –que se encarga del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información– de los mecanismos necesarios para que lo que decida sea de cumplimiento obligatorio.

En cuarto lugar, luego de la experiencia traumática que tuvimos con Castillo, hay que ver la forma de que la designación de funcionarios por razones meritocráticas esté vinculada a una opinión vinculante de una institución calificada, como Servir.

Janice Seinfeld, economista y especialista en temas de salud:

Hay retos en todos los frentes del sector salud. Se necesita un financiamiento que permita hacerle frente a un sector que ha estado muy descuidado, con una población que salió muy afectada de la pandemia, con muchas enfermedades crónicas que reflejan en una mayor tasa de mortalidad, como hipertensión y diabetes. Se necesita sincerar el financiamiento.

Luego está el frente de la rectoría, de la capacidad del Minsa de poder definir qué políticas quiere para el sector. Eso es muy importante porque estamos caminando a ciegas: no tenemos un Minsa, desde hace mucho tiempo, que realmente defina cuáles son los principales alcances que quiere tener, para que los ejecute, los dirija y haga seguimiento. Por ejemplo, si es el desarrollo y la consolidación de un primer nivel de atención, hay que trabajar para definir esos retos. Si es cerrar las brechas de recursos humanos, necesitamos 30% más para hacerlo. Hay que definir esas políticas en las que nos vamos a enfocar.

Se necesita trabajar fuertemente en tener sistemas integrados en el sector. El Minsa y Essalud deberían poder conversar muchísimo más, sin necesidad de que haya una integración de sus sistemas, pero sí que haya un intercambio de servicios.

En términos de la rectoría, va a ser muy necesario luchar contra la corrupción que se ha venido enquistando en el Minsa, más aún en el último gobierno. Hay que deslindar con esa corrupción para tener claridad en los avances.

Finalmente, en temas de medicamentos, se necesita un avance importante para poder, por ejemplo, desarrollar el indicador que mide si hay disponibilidad de medicamentos.

Juan José Marthans, economista del PAD:

El primer reto en el campo económico está asociado a un entorno internacional que va a ser negativo. La desaceleración de la actividad productiva mundial es clara: hay consenso de que Estados Unidos entrará en recesión y el crecimiento cercano al 4%, que se estimaba para China, podría bajar aún más. Ese entorno hay que considerarlo con mucho cuidado. Adicionalmente, la inflación no está retrayéndose como se esperaba, tanto en el frente norteamericano como en Europa. Eso significa que la política en el ámbito monetario va a seguir con la tendencia de priorizar la lucha contra la inflación y, por lo tanto, las tasas de interés van a seguir altas.

Es un escenario difícil para el globo. No considerarlo así en el Perú sería un gravísimo error.

El principal problema que tendrá el Perú en el 2023 es el de reactivar la dinámica de inversión. La inversión privada está paralizada. Esto fue lo típico del 2022 y sería lo típico de este año también. No basta con el cambio de gobierno.

Hay buenas señales. Se están retomando elementos que se habían perdido, como tener ministros técnicos y de primer nivel, lo que fue perdido durante los 17 meses de economía de terror que aplicó el señor Castillo.

No obstante, este año será difícil reactivar la inversión de manera significativa por una razón simple: todos van a estar a la expectativa del posible resultado del proceso electoral del 2024.

El tercer punto está asociado a la política de corto plazo. La velocidad con la que se pueda reactivar la inversión dependerá mucho de la actual gestión y de las trabas que impone un proceso de descentralización absolutamente caduco e ineficiente. El problema no es de coyuntura, es estructural.

Paulo Vilca, director del Observatorio Regional de 50+1:

El reto principal del actual gobierno es llegar a gobernar el territorio, lograr ejercer el gobierno en todo el territorio del país. Eso teniendo en cuenta que se trata de un gobierno resistido en varias partes, sobre todo en el sur andino, y que genera desconfianza en otros lugares, al menos por lo visto en las manifestaciones realizadas por algunos gobernadores. ¿Cómo logra un gobierno con estas debilidades implementar acciones y políticas en todo el territorio? Ese es el principal reto.

Pero no se trata solo de administrar o hacer gestión pública, sino que va a ser un gobierno que, probablemente, en las siguientes semanas tendrá que garantizar seguridad y paz social, y al mismo tiempo tendrá que construir legitimidad.

Por otro lado, es clave que el gobierno logre establecer una relación institucional saludable con los gobiernos regionales y con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales para construir una agenda mínima de trabajo.

Esto pasa por atender dos temas: buscar mecanismos para agilizar la inversión pública (hay que recordar que estamos ante nuevas gestiones) y, por otro lado, llegar a consensos mínimos sobre lucha contra la corrupción. Si bien son gobiernos regionales que están empezando, en varios casos hay autoridades con cuestionamientos.

Estamos ante un gobierno en el que todo el mundo sabe que tiene fecha de caducidad pronta. Pensar en una agenda de mediano plazo me parece poco realista.

Un tema que siempre está pendiente de ser abordado con seriedad es la reforma del proceso de descentralización, pero es complicado que este gobierno pueda llevarla adelante.

Jorge Jáuregui, abogado especialista en Derecho electoral:

Más que una reforma política, que implica una discusión de largo aliento en un Congreso de cinco años, el principal desafío de este gobierno es garantizar condiciones de pluralidad y equidad en la competencia política, independencia y autonomía de los organismos electorales. Se debe garantizar, por ejemplo, que no haya injerencia en estos organismos por parte del Parlamento.

Otro desafío es garantizar condiciones de pluralismo, que haya una oferta electoral diversa, de tal manera que no se generen condiciones para vetos políticos. Que se facilite el acceso a los partidos para que terminen sus procesos de inscripción con éxito.

En condiciones de pluralismo y libertad electoral, con autonomía e independencia de los organismos electorales, podemos garantizar elecciones con parámetros democráticos: libres, competitivas y transparentes.

Hay reglas que fueron aprobadas en la reforma del 2019, como las elecciones primarias, que no se aplicaron en las elecciones del 2021 ni las del 2022. El argumento fue que no había tiempo, que estábamos en pandemia. Hoy no hay ese argumento. Hay que hacer cumplir las normas vigentes, impulsar que se cumplan. Fueron reformas positivas que podrían resultar en elecciones más fiables.

Este Parlamento, que tiene una confianza ciudadana muy débil y es cuestionado por la opinión pública, no es el mejor espacio para promover cambios en las reglas electorales que podrían ser percibidos como una provocación por la ciudadanía. La discusión, por ejemplo, de la bicameralidad es de largo aliento. Los ciudadanos tienen derecho a ser informados de las reformas con tiempo, y ahora no hay mucho tiempo.