El testimonio de un exasesor de la Fiscalía de la Nación y la decisión del Tribunal Constitucional de ordenar la excarcelación de Alberto Fujimori han traído otro diciembre caótico con una nueva crisis político-institucional. Ante este escenario, cuatro analistas esbozan los mínimos puntos a debatir para encontrar una salida y devolverle la institucionalidad política al país.
El Comercio convocó a Delia Muñoz (abogada y catedrática), Marisol Pérez Tello (exministra de Justicia y excongresista), Santiago Pedraglio (sociólogo y analista político) y a Juan Paredes Castro (periodista y analista político), para que puedan responder a la pregunta clave con miras al 2024.
¿Cómo salimos de esta crisis política?
En la crisis que atravesamos tenemos diversos actores, entre ellas Ministerio Público con la Policia Nacional como órgano de apoyo.
El quiebre institucional en el funcionamiento del Ministerio Público, constituye, en este momento, uno de los mas delicados. Esto debido al importante rol de ser el garante de la persecución del delito y lograr la sanción de quienes trasgreden las normas, en tanto representa a la sociedad en los procesos penales. Y estamos viendo en sus más altas instancias una guerra de poderes, la cual se expresa en acusaciones recíprocas de comisión de delitos nada menos que a nivel de organización criminal; es decir, de mafias.
Hoy corresponde que el Congreso de la República, en uso de sus prerrogativas, declarar en emergencia al Ministerio Público, para proceder no solo a restructurar el funcionamiento y las facultades de quienes conducen a dicha entidad, sino disponer la inmediata habilitación de plazas para convocar a concurso de nuevos Fiscales Supremos y otros de nivel superior.Tan importante entidad no puede seguir siendo conducida en modo carrusel por las mismas personas.
No se puede permitir que las animosidades personales, las eventuales malas prácticas de obtención de pruebas, la manipulación de las investigaciones, entre otras conductas , inunden las relaciones de quienes ejercen la función fiscal y nos afecten a los ciudadanos o, peor aún, se utilicen como herramienta política.
Una crisis política tras otra, siempre puede ser peor, la realidad nos sorprende y la incertidumbre nos agobia, somos un país que lo tiene todo, menos futuro. ¿Cómo convertirlo en una oportunidad? .
El futuro, esta en las reformas: en salud, educación e infraestructura, con paz, justicia y democracia. Son lo no negociable. El presente necesita atender las urgencias, la resesión económica la principal, garantizar reglas claras y con eso inversión para generar empleo, terminar con la anemia, enfrentar frontalmente la inseguridad, mitigar los desastres previsibles.
¿Cómo lograr que un gobierno siente las bases? Primero, identificar al enemigo común: la impunidad, la corrupción y las mafias que llegan al poder colándose en la política de verdad: La que transforma. Si eres enemigo de eso estamos en el mismo lado y somos más, muchos más. Necesitamos unidad.
Este gobierno cumplió su ciclo, lo hizo mal. El congreso lo hizo peor y no puede seguir terminando con la posibilidad que representan las siguientes elecciones. Que se hagan bien, que las primarias terminen con la dispersión del voto. Tener 24 partidos o más, solo garantizan el mismo resultado.
Trabajemos juntos un plan para el país, que represente un sueño común, que lea al Perú y atienda sus necesidades, lo bueno no se improvisa.
Imaginar más de dos años —hasta julio del 2026— con los actuales gobernantes equivale a pronosticar una mayor destrucción de las instituciones, reglas y hábitos democráticos. Habría que agregar que, hoy por hoy, ya está fuertemente instalada la desconfianza en el manejo de dos asuntos disímiles pero, ambos, cruciales: la garantía de un proceso electoral transparente, si la crisis se prolonga hasta el 2026, y la posibilidad de incrementar la inversión, tan indispensable en una situación de recesión como la que vive el país.
Por todo eso, aunque lejos de ser fórmula mágica, el adelanto de elecciones generales ayudaría a salir del entrampamiento actual, junto con levantar el ánimo de un amplio número de peruanos y peruanas desolados con la gestión del Congreso y del Ejecutivo.
Esta opción equivaldría a una rendija de esperanza: quizá por esta vez sean ser elegidos, para ocupar los cargos centrales del Estado, políticos de derecha, centro o izquierda que tengan como fin principal trabajar por el olvidado —y hasta caricaturizado— bien común.
Queda claro que esta demanda mayoritaria —80% de personas encuestadas aprobaban el adelanto de elecciones en julio del 2023, según el Instituto de Estudios Peruanos— colisiona con la gran mayoría de congresistas, que lo último que quieren es despegarse de su curul. Una amplia corriente de opinión democrática ciudadana en los diferentes sectores sociales podría lograr un punto de quiebre favorable al cambio.
Cada crisis política en el Perú es la agudización de su crisis histórica. Hace mucho tiempo que por concentrarnos en la crisis política de turno como hoy, hemos descuidado las reales y efectivas salidas a la crisis histórica, que no son elecciones inmediatas, a las cuales ir corriendo; ni reformas políticas mal hechas, apenas sobrevienen conflictos coyunturales; ni demostraciones de quién puede más que quién entre poderes del Estado, justo a la hora en que nuestro sistema democrático se siente gravemente afectado en su sostenimiento y credibilidad.
En un inacabable proyecto de Territorio, República, Nación y Estado, ya no sabemos si la crisis de hoy es mayor o menor que la de ayer o de mañana. Lo cierto es que el país tiene una crisis histórica subyacente que los peruanos no queremos enfrentarla con la voluntad, la inteligencia, la dignidad y las agallas necesarias. Seguramente postergaremos una vez más este desafío por el inmediato que hoy llama a nuestras puertas con la pregunta que nos plantea El Comercio.
La única salida viable a la crisis de hoy no es ir a elecciones inmediatas pero sí a un compromiso consensuado mínimo, a través del Acuerdo Nacional, del Consejo de Estado u otra instancia que reúna el número de poderes suficiente para sacar al país del despeñadero institucional y de toda sombra de colapso político, social y económico. Sólo con un consenso mínimo, por increíble que parezca, podríamos recobrar por lo menos el respeto, la decencia y la tolerancia entre los peruanos.
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