Cancillería: Sus medidas frente a intromisiones y los cambios en embajadas en la gestión Boluarte

TAMBIÉN LEE: Expresidentes y políticos acumulan hasta 24 investigaciones fiscales por presuntos delitos

A través de sus máximas autoridades, Honduras, México, Colombia, Bolivia, Argentina y Chile tomaron postura sobre diferentes momentos de la crisis política y social peruana [ver cuadro]. En estos casos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por la canciller Ana Gervasi, aplicó un total de 11 medidas en reacción a las intromisiones. Las más extremas fueron contra Honduras y México. Del país centroamericano fue retirado el embajador de Perú, mientras que el embajador mexicano fue expulsado del territorio nacional.

En diálogo con EC Data de El Comercio, el internacionalista Gattas Abugattas explicó que, en el derecho internacional, los Estados tienen la obligación de cumplir con un principio básico de respeto a la soberanía: el de no injerencia en asuntos internos. Así lo reconoce la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organismo de cooperación y seguridad al que el Perú y otras 192 naciones están adscritas.

Como lo recordó el especialista, la Carta de las Naciones Unidas –que tiene carácter de tratado internacional– establece en su artículo 2.7 un acuerdo de no intervención “en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna” de los Estados miembros.

“La no intromisión en los asuntos internos implica no interferir –ni con comentarios públicos– en el desarrollo de los procesos políticos, económicos, sociales de los Estados. Entonces, las declaraciones o manifestaciones que han emitido los presidentes mencionados son claramente violatorias de este principio. Ahora, en el ámbito diplomático, la violación de este derecho internacional abre un abanico de respuestas posibles por parte del Estado perjudicado. Llamar en consulta al embajador connacional en el país donde se produce la intromisión, enviar notas de protesta, retirar a un embajador o incluso expulsar al embajador del país son mecanismos previstos en estos casos y aplicados según la intensidad de la injerencia”, detalló el profesor de la PUCP.

Para Abugattas, los casos de Honduras y México –con autoridades que desconocieron la asunción de Dina Boluarte como presidenta y se alinearon en defensa de Pedro Castillo– eran graves y la cancillería tomó medidas correctas. Sin embargo, anota que los desencuentros diplomáticos inevitablemente resquebrajan las relaciones entre dichos Estados y el Perú.

“¿Cómo se reencaminan esas últimas relaciones? Hay dos escenarios que podrían retornar a cero la tensión: uno es el cambio eventual de gobierno –en donde sí se otorgue el respaldo y reconocimiento al nuevo mandatario o mandataria– y otro es que se promuevan iniciativas entre los países para reducir las asperezas mediante el diálogo y el respeto, que dé pie a que el gobierno finalmente reconozca la investidura”, expresó.

Decisiones con consecuencias

Los cargos de embajadores son cargos políticos. Esto, a diferencia de los cónsules, que suelen trabajar destacados en distintas ciudades dentro de un mismo país y velan por la atención de los ciudadanos connacionales. Los embajadores, al cumplir un rol de representación política, deben preservar las buenas relaciones internacionales entre los Estados.

La politóloga e internacionalista argentina Carolina Zaccato señaló a ECData que el retiro o la expulsión de un embajador es una manera de manifestar que “un profundo desacuerdo con la política que lleva adelante un país” y que estas decisiones implican que el otro país haga lo propio.

“No obstante, es importante resaltar que no es equivalente a que los países hayan roto relaciones diplomáticas, puesto que funcionarios diplomáticos de menor rango [encargados de negocios] continúan asignados en estos países y cumpliendo sus funciones, así como también siguen cumpliendo sus funciones los consulados; de lo contrario, quienes se verían afectados serían los ciudadanos de ese país que quedarían desprotegidos al quedarse sin representación diplomática ni asistencia consular ante emergencias”, indicó Zaccato, quien es candidata doctoral en Relaciones Internacionales, además de profesora e investigadora en la University of St Andrews, en Escocia (Reino Unido).

El internacionalista Gattas Abugattas añadió que, si bien las relaciones entre los países no necesariamente desaparecen, los impasses y escenarios de remoción de embajadores sí generan obstáculos para otras decisiones de alcance bilateral. “Por ejemplo, Perú en este momento no podría firmar un tratado con México, porque México no reconoce, en teoría, a [Dina] Boluarte como presidenta”, sostuvo.

La prevalencia ideológica y el rumbo de las tensiones

La politóloga e internacionalista Carolina Zaccato señaló que los gobiernos sobre los que Perú ha advertido intromisiones siguieron una línea ideológica pero con matices y focos distintos. Indicó que algunos presidentes priorizaron la afinidad con Castillo, mientras que otros se centraron en los derechos de los manifestantes que rechazan la continuidad de Boluarte.

“Este parece un debate perenne en la región, donde se condena o repudia con mayor o menor rapidez o efusividad, dependiendo de la afinidad ideológica del país interlocutor. Muy probablemente, la cercanía ideológica de los liderazgos de Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador y Xiomara Castro al de Pedro Castillo haya sido un factor de relevancia a la hora de que estos líderes tomaran una posición respecto al escenario actual de Perú y decidieran condenar la destitución de Castillo. Asimismo, otros gobiernos de la región de orientación izquierdista, como lo es el Chile de Gabriel Boric, optaron por poner el foco de su condena en el repudio a la brutal represión policial de las protestas ciudadanas, cambiando el eje de la discusión y llevando la atención hacia la protección y salvaguarda de la ciudadanía”, indicó.

El internacionalista Gattas Abugattas no solo cuestionó que los gobiernos hayan roto el principio de no intervención, sino que a la vez lo hayan hecho “influenciados por una corriente ideológica” y, en algunos casos, incurriendo en la negación de hechos y la desinformación sobre lo ocurrido en la crisis peruana.

“Basta con revisar la grabación del mensaje a la Nación del señor Pedro Castillo para identificar que lo que hizo o pretendió hacer fue un golpe de Estado. Adicionalmente, lo que sí se le podría criticar a la cancillería es que tuvo una campaña de información un poco fría frente a datos inexactos que ya se difundían en el exterior de manera muy rápida”, dijo.

Consultada sobre el rumbo que puedan tomar las tensiones, Carolina Zaccato estimó que es “todavía muy temprano” para pronosticar consecuencias de largo plazo en el resquebrajamiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y los países mencionados. Explicó que la perenne inestabilidad en la política nacional hace muy difícil que los gobiernos del exterior se mantengan inamovibles en una misma posición con respecto a los asuntos peruanos.

“Por otro lado, estamos en una nueva etapa de renovación de liderazgo político en muchos países de América Latina, incluyendo a Brasil, que viene de reelegir a Lula da Silva. También están Argentina, Paraguay y Guatemala, tres países que tendrán elecciones generales este año, y donde posiblemente vire la orientación ideológica de su conducción política, como es el posible caso de Argentina. Adicionalmente, está Chile, que nuevamente someterá a plebiscito un nuevo proyecto de Constitución. No solamente el escenario político interno de Perú es muy inestable para hacer predicciones certeras, sino también el de la región en su conjunto”, puntualizó.

Los ‘protegidos de Castillo’ y otros embajadores que salieron de sus cargos

A la fecha, la Cancillería que lidera la ministra Ana Gervasi ha oficializado 16 nuevos nombramientos y 10 remociones de embajadores peruanos en el mundo. Entre los diplomáticos dados de baja, algunos llaman la atención por su cercanía con el turbulento gobierno de Pedro Castillo.

El 20 de diciembre, dos resoluciones supremas marcaron el fin de los nombramientos de Ángel Yldefonso, exministro de Castillo, y de Isabel Soria, ex coordinadora de la campaña del lápiz, como embajadores en Guatemala y Noruega, respectivamente.

Yldefonso, quien había ocupado la cartera de Justicia y Derechos Humanos por solo 39 días a inicios del 2022, fue nombrado embajador en Guatemala a mediados de noviembre, semanas antes del autogolpe fallido. El despacho de Gervasi dejó sin efecto la designación.

En tanto, el nombramiento de Soria –residente en Suecia y militante de Perú Libre– se había dado en julio y resultó uno de los más polémicos de la administración Castillo. La ahora ex embajadora no tenía estudios superiores concluidos ni afines al rubro. Sin embargo, como reveló este Diario, la cancillería –que por entonces encabezaba César Landa– había emprendido esfuerzos inusuales para que Noruega la aceptara en el cargo diplomático.

Para enero, el gobierno de Boluarte retiró a Carina Palacios de la embajada peruana en Bolivia. Palacios, fundadora de Perú Libre y exfuncionaria del gobierno regional de Junín durante la gestión de Vladimir Cerrón, había sido nombrada en setiembre del 2021, bajo el refrendo del entonces canciller Óscar Maúrtua.

Una fuente de El Comercio comentó que, con el nuevo gobierno, en el Palacio de Torre Tagle ya no se perciben movidas ni insistencias extrañas para nombrar embajadores. Añadió que, si bien hubo comentarios de preocupación por la permanencia de Carina Palacios en Bolivia, estos se disiparon cuando la Cancillería de Gervasi firmó su remoción.

Otro embajador marcado por el gobierno de Castillo y removido recientemente es el propio Maúrtua. En junio del 2022, cuatro meses después de dejar el ministerio de Relaciones Exteriores, fue colocado en la embajada de Perú en España. La resolución de su salida, publicada el 26 de enero, lo retira también del cargo simultáneo que tenía como embajador para Andorra.

Aunque no estuvieron destacados en embajadas, Harold Forsyth y Manuel Rodríguez Cuadros tuvieron papeles protagónicos en la diplomacia peruana durante los días de Castillo. Forsyth, representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), renunció tras el anuncio de golpe del exmandatario. Rodríguez Cuadros hizo lo propio ese mismo día ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). No obstante, sus renuncias se mantuvieron en un limbo hasta el 9 de enero, cuando la gestión Boluarte oficializó su aceptación.

Oswaldo de Rivero, quien se desempeñó como embajador del Perú en Estados Unidos desde octubre del 2021, renunció al puesto el mismo día del anuncio de golpe del exmandatario. No obstante, su dimisión aún no ha sido aceptada con una publicación en el diario El Peruano.