Las veces que el Perú rechazó actos de intromisión de gobiernos de la región

El miércoles 25, el vicecanciller Ignacio Higueras transmitió al embajador de Chile “el malestar que ha generado en el Gobierno peruano la manera irrespetuosa en la que el presidente Gabriel Boric se refirió, en su intervención en la CELAC”, a Boluarte.

El lunes pasado, la Cancillería entregó notas de protesta a las embajadas de Bolivia y Colombia por actos de injerencia de los presidentes Luis Arce y Gustavo Petro, respectivamente, en asuntos del Perú.

Además, recientemente el gobierno llamó en consulta a embajadores peruanos en Argentina, Bolivia, Colombia y México y declaró persona non grata al representante de México en el país, Pablo Monroy.

“La situación se ha complicado y no sabemos hasta dónde puede llegar el deterioro”, señaló Francisco Belaunde, especialista en temas internacionales, en diálogo con El Comercio, aunque precisó que la cancillería ha reaccionado “como correspondía”.

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En tanto, Oscar Vidarte, especialista en relaciones internacionales, señaló que cuando Dina Boluarte asumió la presidencia por sucesión constitucional, la cancillería buscó darle legitimidad al gobierno frente a las críticas internacionales.

“Articuló toda su estructura para demostrarle al mundo que Dina Boluarte es una presidenta constitucional y que Pedro Castillo fue vacado por dar un golpe de Estado. Pero ya en las últimas semanas la situación se complicó y ese primer objetivo pasó a un segundo plano”, dijo.

Las primeras respuestas de la cancillería a los cuestionamientos de actores extranjeros se iniciaron apenas dos días después del golpe de Castillo.

El nueve de diciembre pasado, la cartera de Relaciones Exteriores convocó al embajador de México, Pablo Monroy Conesa, para transmitirle “la extrañeza que ha generado en el Perú” las expresiones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre la situación del país.

AMLO había acusado a “las élites políticas y económicas” peruanas de forzar a Castillo a dar un golpe de Estado.

La cartera de Relaciones Exteriores señaló que las declaraciones del mandatario mexicano “no resultan consistentes con los acontecimientos”, pero este mantuvo su postura y tensó la cuerda hasta generar un impasse diplomático.

El 12 de diciembre pasado, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México emitieron un comunicado conjunto en respaldo del expresidente Castillo. En el documento desconocieron el golpe de Estado que propinó.

Tres días después, el gobierno llamó en consulta a los embajadores peruanos en esos cuatro países.

La canciller Ana Cecilia Gervasi señaló que las expresiones de los presidentes Alberto Fernández (Argentina), Luis Arce (Bolivia), Gustavo Petro (Colombia) y AMLO (México) “no se condicen con los tradicionales lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo que unen a nuestros países”.

Luego, el pasado 20 de diciembre, el Gobierno decidió declarar persona non grata a Monroy, a quien le otorgó un plazo de 72 horas para que abandone el territorio nacional.

La cancillería precisó que la decisión fue tomada por la injerencia de AMLO en asuntos internos.

Para el internacionalista Juan Velit, “tal vez en eso debió tenerse un poco más de prudencia porque declararlo non grato es una situación extrema”, a menos que la cancillería haya manejado información “sobre asuntos muchos más graves de incursionamiento interno en nuestra política”.

Pero Velit precisó que, en general, la cancillería ha tenido reacciones “oportunas y prudentes” ante las declaraciones públicas y pronunciamientos foráneos.

“Ha esperado más que lo suficiente para reaccionar ante las fuertes y duras críticas realizadas en otros países, que pusieron en tela de juicio no solo la legalidad política sino el estado de derecho en el Perú”, dijo.

Con el retiro de Monroy, la embajada de México en Perú quedó en manos de la encargada de negocios. En opinión de Francisco Belaunde, “era lo que correspondía ante las declaraciones de López Obrador”.

También en diciembre, la cancillería entregó una nota de protesta al gobierno de Honduras por asegurar en un comunicado que se vulneró la voluntad ciudadana al destituir a Castillo.

Y el lunes pasado, envió otra al embajador de Bolivia, Carlos Aparicio, para transmitirle una “enérgica protesta” por las declaraciones del presidente de ese país, Luis Arce.

El mandatario boliviano dijo que el pueblo peruano se encuentra “en una lucha por recuperar su democracia y también por recuperar el derecho a elegir un Gobierno que los represente”.

Por último, una nueva nota de protesta fue entregada a la embajada de Colombia por “un nuevo acto de inferencia” del presidente Gustavo Petro. Este criticó la intervención de la policía en la Universidad Nacional Mayor de San Marco el último sábado.

El internacionalista Vidarte señaló que “ahora la legitimidad del gobierno se cuestiona en función de la crisis política”.

Para Vidarte, " en esta segunda etapa, la cancillería organiza su estrategia” en función del objetivo de mostrarse como un gobierno que busca el diálogo y que respeta los derechos de la población, “pero este objetivo es mucho más difícil y complejo de sostener”.

“La foto de una tanqueta entrando a una universidad debe haber rebotado en las páginas periodísticas de todo el mundo”, señaló.