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Unidad de Investigación
A tres meses de que el Ministerio Público abriera investigación preliminar por el pago irregular de S/41 millones por Essalud a Aionia Technology Corporation S.A.C., El Comercio accedió a conversaciones vía WhatsApp y testimonios que confirman la injerencia que tuvo el exministro de Trabajo Alfonso Adrianzén, hombre de confianza del primer ministro Alberto Otárola, en aquel desembolso realizado en febrero último, cuyo origen es la cuestionada compra de 1′174.800 pruebas rápidas, para diagnosticar el COVID-19, efectuada durante el gobierno de Martín Vizcarra.
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En el caso abierto por la Fiscalía de la Nación, además de Adrianzén está incluido el actual presidente ejecutivo de Essalud, Arturo Orellana, quienes son investigados por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Asimismo, la ex asesora presidencial Grika Asayag se encuentra bajo indagación por tráfico de influencias agravado.
El referido pago a la empresa Aionia se había paralizado luego de que un informe de la contraloría –en enero del 2021– revelara que hubo un direccionamiento en la contratación de la compañía. Sin embargo, durante la administración de Arturo Orellana al frente de Essalud, entidad dependiente del Ministerio de Trabajo, estas gestiones no solo se reanudaron, sino que fueron aceleradas con la intervención del entonces ministro Adrianzén y otros altos funcionarios del Estado aún no identificados en las pesquisas.
El 20 de enero pasado, Aionia presentó un documento al Ministerio de Trabajo, a través de la mesa de partes, en el cual solicitaba la ejecución del fallo del laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Lima, que favorecía a la empresa y ordenaba a Essalud la cancelación de la deuda.
Adrianzén con apenas siete días en el cargo, y con una serie de problemas en su sector, tuvo como una de sus prioridades –según los chats y documentos obtenidos por este Diario– que se agilizaran los trámites y se concretara el desembolso de los S/41 millones a favor de la empresa, que en el 2020 había vendido pruebas rápidas con sobreprecio y, además, entregado con demora.
—Los hechos —
Dos días antes de efectuarse el pago a la empresa Aionia, el jefe de Essalud, Arturo Orellana, pidió información sobre el tema a su gerente de Finanzas, Publio Román.
Un testimonio clave es el que dio a la fiscalía Publio Román, gerente central de Gestión Financiera de Essalud. Según las pesquisas y los mensajes por WhatsApp que entregó a la Fiscalía de la Nación, el 8 de febrero del 2023, Orellana le consultó a Román sobre la fecha en que se realizaría el pago a la empresa Aionia. También le pidió que respondiera con un mensaje por WhatsApp, para que pudiera reenviárselo al entonces ministro Adrianzén.
Testimonio del gerente de Finanzas de Essalud, Publio Román.
“¿Cuándo se va a pagar el tema del laudo arbitral de Aionia?”, le preguntó por teléfono el titular de Essalud a Román, quien contestó: “Ese pago está programado para el viernes [10 de febrero], estoy dentro del plazo”.
A lo que Orellana dijo: “Eso que me estás diciendo dímelo por WhatsApp, para reenviarlo al ministro, que me está pidiendo esa información. Cuando realices el pago, me avisas”, remarcó. Minutos después, Román acató la indicación de su jefe y le envió el siguiente mensaje escrito: “Presidente [de Essalud], le informo que para este viernes se ha programado el pago del laudo arbitral a favor de la empresa Aionia. Saludos”.
Así, el 10 de febrero, Essalud abonó los S/41 millones al representante legal de la compañía, Carlos Alberto Valdivia, sin restar los S/4 millones de penalidad que debía hacerlo por incumplimiento en el contrato.
El 10 de febrero se concretó el pago a la empresa Aionia.
Carlos Valdivia, representante legal de Aionia, antes de ganar la millonaria licitación en Essalud había vendido S/133.000 en total al Estado. Foto: Facebook Carlos Valdivia
Dos días después, el 12 de febrero, Román recibió una llamada telefónica de Orellana, en la que este mencionó a la mandataria Dina Boluarte y a Alfonso Adrianzén: “La presidenta de la República me ha llamado, del porqué he hecho el pago a Aionia, parece que el ministro de Trabajo está involucrado”.
En entrevista con El Comercio, Orellana reconoció la autenticidad de los WhatsApp que había intercambiado con su gerente central de Gestión Financiera. “Sí, recuerdo esta comunicación. El ministro [Adrianzén] me dijo que, si había alguna novedad sobre el pago a proveedores, específicamente eso, que se le informe. Entonces como jefe inmediato superior, porque [Essalud] depende del Ministerio [de Trabajo], se le trasladó la información de [Aionia]”.
Pero, además, existen otros chats que registran las conversaciones entre la máxima autoridad de Essalud y Adrianzén, el 8 y el 9 de febrero, en la víspera que Essalud desembolsara el millonario pago.
El 8 de febrero, el entonces ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, expresó su incomodidad por retrasos en el pago.
En estas comunicaciones Adrianzén le expresa a Orellana su malestar porque el área de “finanzas le ha parado el trámite [a Aionia] pidiendo informes a gerencia central de asesoría jurídica y gerencia central de operaciones […], que viene paralizando la acción; existe esta vez un tercero, no vinculado que está llamando para solicitar lo que no corresponde. [Por] favor, indaga y salgamos de esta incomodidad”, remarcó.
En una segunda comunicación con Orellana, el entonces ministro le reitera su molestia por los contratiempos en la ejecución del fallo arbitral. “[…] Pese a tus indicaciones el área financiera quiere fraccionar el reconocimiento del laudo distorsionando su verdadero sentido. Ya no te pido que continúes sancionando a esos funcionarios, pero me parece que este tipo de acciones fuera de libreto dan en la práctica una mala señal”, escribió Adrianzén.
Al ser consultado sobre estos diálogos, el exministro adujo que no reconoce la integridad de esos mensajes. “Recuerdo haberme comunicado con él [Orellana], pero el sentido era inverso. Yo no lo estoy haciendo para que les paguen a estas personas, sino para que no exista un tema de coima que estas personas están diciendo que puede estar ocurriendo ahí. Era una presunción, una preocupación mía. Es un tema muy delicado”, sostuvo.
En tal sentido, Adrianzén justificó su intervención directa en el pago a Essalud afirmando que su preocupación como ministro era que “esa empresa después no fuera a hacer público un tema como lo que se está diciendo”. Cuando se le preguntó si le parecía correcto el ejercer injerencia ante otra autoridad para exigir un pago a una empresa, respondió: “Si es para exigir un pago, es totalmente incorrecto”.
—La reunión—
Como parte de sus pesquisas, la fiscalía investiga una supuesta reunión que Asayag habría sostenido con Orellana, el empresario Carlos Valdivia (dueño de Aionia) y el abogado Manuel del Castillo en el restaurante Delibakery, de San Isidro.
Contactada por este Diario, la ex asesora presidencial reconoció el encuentro, pero indicó que solo estuvieron ella y Orellana, y que se realizó el 3 de febrero. “Fue una reunión netamente amical. En esa reunión no hubo nadie [más] que no sea el señor y yo”.
El propietario de ese restaurante es el empresario Félix Rosenberg, a quien admite que conoce. “Sí, lo conozco. [¿Es amigo del señor Otárola?, le preguntamos] Claro, él es su abogado [de Rosenberg]. Yo lo conozco por el primer ministro”.
Asayag sospecha que alguien de Delibakery informó sobre esa reunión con el fin de perjudicarla.
Luego de que se iniciara la pesquisa fiscal, volvió a conversar con Orellana para saber sobre qué se le investigaba. “[Orellana me dijo] que inclusive había pruebas de que otras personas eran las que estuvieron intercediendo por el pago a favor de Aionia”, señaló.
La fiscalía acudió a Delibakery a recoger boletas y videos de las personas que supuestamente se habían reunido en ese local para pactar comisiones por el pago de Aionia, pero no había boletas y facturas a nombre de ninguno de los presuntos participantes, ni registro de video en el que aparecían los cuatro.
Sobre la compra de los test rápidos, adjudicada en agosto del 2020, la contraloría halló indicios de que el proceso estuvo orientado a favorecer a Aionia, pues se excluyó de manera irregular a otro postor, Nipro Medical, que ofrecía una cotización del producto a S/15′777.564 menos que la compañía que ganó el contrato.
Hasta el momento de la operación millonaria con Essalud, aprobada por su entonces titular Fiorella Molinelli, la empresa había obtenido solo órdenes de compra por montos que iban de S/1.600 a S/44.028, mayoritariamente en entidades de localidades remotas del país.
Este Diario también trató de recoger la versión del empresario Valdivia, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.
1
13/1
Alfonso Adrianzén jura al cargo de ministro de Trabajo.
2
20/01
La empresa Aionia envía documento al ministerio de Trabajo para solicitar el pago de un laudo arbitral por S/41 millones.
3
25/01
El ministro Adrianzén visita al presidente de Essalud, Arturo Orellana a las 8.40 pm.
4
26/01
El titular de Essalud, Arturo Orellana, se reúne con el ministro Adrianzén.
5
03/02
Reunión entre el presidente de Essalud, Arturo Orellana y la asistente de Dina Boluarte, Grika Asayag, en el restaurante Delibakery.
6
08/02
Orellana consulta al gerente central de Gestión Financiera de Essalud, Publio Román, sobre el pago a la empresa Aionia. Pide que le responda por Whatsapp para reenviar el mensaje al ministro Adrianzén.
Adrianzén le envía un mensaje de Whatsapp a Orellana en el que le expresa su incomodidad porque el área de Finanzas detuvo el trámite del pago.
7
09/02
Adrianzén envía un mensaje vía Whatsapp a Orellana en el que se hace referencia al laudo arbitral y sobre el fraccionamiento del pago a la empresa Aionia.
8
10/02
Se concreta el pago de los S/41 millones a la compañía Aionia.
9
12/02
La presidenta Dina Boluarte se comunica con el presidente de Essalud, Arturo Orellana, para preguntar sobre l pago a la empresa
Los presuntos delitos cometidos en el caso
Para la abogada penalista Romy Chang, el exministro de Trabajo Alfonso Adrianzén podría haber incurrido en el delito de aprovechamiento indebido del cargo.
“Ese delito sanciona al funcionario que, justamente, utilizando su cargo y su investidura como, por ejemplo, ministro de Estado, interviene o intercede directamente con otro funcionario para beneficiar a un tercero, y eso es lo que estamos viendo aquí”, explicó a El Comercio.
De acuerdo con la especialista, los hechos reflejan una situación singular: “Además, es un poco sorprendente que siendo un ministro de Estado, que tiene tantas ocupaciones en una cartera tan compleja, con tantas problemáticas, se dé ese tiempo para solicitar favores para una empresa particular”.
En este escenario, se podría haber incurrido en más de un delito. Así lo detalló la abogada Chang: “A la luz de esto, mínimamente podemos hablar de ese delito [aprovechamiento indebido del cargo] sin descartar posibles actos de corrupción. Adicionalmente, podríamos ver algún tema de tráfico de influencias, porque aquí estamos hablando de un ejercicio de influencias a favor de un tercero, en este caso, una empresa en el marco de un procedimiento administrativo”.
La pena por el delito de aprovechamiento indebido del cargo llegaría hasta los seis años, pero de comprobarse otros ilícitos, la cifra aumentaría. “Si sumamos el tráfico de influencias agravado, estamos hablando de una pena que va de cuatro a ocho años, es decir [...] una pena que podría ir hasta los diez años”, apuntó.
