El ministro del Interior Walter Albán aseguró que pese a haber expresado sus diferencias con la promulgación de la Ley 30151 -que exime de responsabilidad penal a policías y militares cuando hagan uso de sus armas en defensa propia-, sus opiniones no constituyen discrepancias de fondo, toda vez que, a la luz del ordenamiento internacional, no se ha otorgado un "cheque en blanco" o "licencia para matar" a las fuerzas del orden.
Albán señaló que pese a las diferencia de su sector con la norma promulgada, no se pidió observarla debido a que no se trataba de una objeción sustantiva, por lo que no resultaba necesario sugerir la observación de la autógrafa de ley.
Señaló que el Ejecutivo decidió promulgar la ley porque se trataba de una iniciativa del Congreso que, anteriormente, ya había sido observada. "Una nueva observación podría haber generado la equivocada impresión de que se buscaba una confrontación con el Legislativo, en un asunto en el que no existen discrepancias respecto al propósito de que las fuerzas del orden no se vean expuestos a imputaciones y procesos cuando hacen uso de sus armas en cumplimiento de su misión", sostuvo.
Añadió que no hay que dar mensajes equivocados ni interpretaciones antojadizas, pues esta debe ser entendida correctamente. "Se busca proteger a quienes hacen uso de sus armas en el marco del ejercicio regular de sus funciones [...] orientadas a su misión de preservar el orden público", refirió,
En ese sentido, dijo que es necesario no dar mensajes equivocados ni interpretaciones antojadizas sobre la norma. "Esto demandará una conveniente precisión reglamentaria, además de medidas del tipo formativo y una adecuada difusión", dijo al recordar que existe ya un manual que regula el uso de la fuerza para la PNP en el marco de respeto a los derechos humanos.