El presidente Ollanta Humala mostró sus reparos al fallo de la Corte Interamericana de las Derechos Humanos que ordena pagar US$30.000 a las ONG que condujeron la demanda contra el Perú por el Caso Chavín de Huántar.
El organismo internacional ordenó al Estado peruano pagar US$10 mil en gastos y costas a la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y US$20 mil al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
“Es una mala noticia, creemos que primero deben pagar ellos lo que le deben al Perú”, dijo Humala, pero no precisó si se refería a los familiares de los terroristas abatidos en la operación Chavín de Huántar o a las ONG que asumieron su defensa.
Pagos pendientes
Sin bien no existe un registro exacto sobre los montos que el Estado debería pagar por gastos y costas, la abogada de Aprodeh Gloria Cano mencionó que el Estado le adeuda a esa ONG un total de US$68.307 por los casos La Cantuta, Keneth Anzualdo, Saúl Cantoral y Jeremías Osorio, referidos a desapariciones forzadas.
El procurador supranacional Luis Huerta dijo a El Comercio que el Estado Peruano adeuda los gastos y costas de los casos Castillo Petruzzi, J, y ahora Chavín de Huántar, montos establecidos en US$10 mil, US$40 mil y US$30 mil, respectivamente, los cuales involucran a condenados y una procesada (Caso J) por terrorismo.
El ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, dijo que las ONG de derechos humanos, “que van por ahí rasgándose las vestiduras”, deberían donar ese dinero a los deudos de los comandos caídos en la Operación Chavín de Huántar.
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— Política El Comercio (@Politica_ECpe) julio 1, 2015