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La parlamentaria Gladys Echaíz (Renovación Popular) presentó el último 16 de enero un proyecto que propone la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura, en reemplazo de la JNJ, a través de la modificación de quince artículos de la Constitución.
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El proyecto de ley seguirá un largo camino: primero será debatido en la Comisión de Constitución, presidida por la legisladora Martha Moyano (Fuerza Popular). Si prospera en dicha instancia pasará a debatirse en el pleno del Congreso. Al tratarse de un proyecto de reforma constitucional requiere de 87 votos en dos legislaturas diferentes o 66 adhesiones más referéndum.
La iniciativa de Echaíz plantea que se modifiquen quince artículos de la Carta Magna. Estos son: 142, 144, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 178, 182 y 183.
De acuerdo con la iniciativa, la nueva institución será el único medio y forma de acceso a la carrera judicial y fiscal y tiene como finalidad la selección, formación, capacitación y nombramiento de jueces y fiscales, tanto en su ingreso como en su ascenso. También será responsable de la remoción de dichos funcionarios en el caso de los “supuestos previstos por la ley”.
Asimismo, dice el proyecto, la Escuela Nacional de la Magistratura se encargará de seleccionar y nombrar a los jefes de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público previo concurso público de oposición y méritos y de un período de especialización e inducción.
El organismo será autónomo y se regirá bajo su propia ley orgánica.
El proceso de selección para el ingreso a la Escuela Nacional de la Magistratura se realizará mediante concurso público de oposición y méritos. “La formación para el ingreso a la carrera, es del más alto nivel, multidisciplinaria y a dedicación exclusiva por un periodo de dos años seguido del ejercicio provisional y supervisado del cargo por el lapso de seis meses [...] La carrera judicial se inicia en el grado de Juez de Paz Letrado y la carrera fiscal en el de Fiscal Adjunto Provincial”, se lee en la propuesta.
Según el proyecto, la escuela tendrá como máxima autoridad a su Consejo Directivo. Este estará integrada por: 1. Un juez supremo titular, en actividad o cesante, elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. 2. Un fiscal supremo titular, en actividad o cesante, elegido por la Junta de Fiscales Supremos. 3. Un exdirector, de las escuelas de posgrado en Derecho de las universidades nacionales con más de 50 años de antigüedad, elegido por sus directores en ejercicio.
“Los miembros del Consejo Directivo son elegidos por 5 años, no son reelegibles y ejercen el cargo a dedicación exclusiva. En la misma oportunidad se elegirá a los miembros suplentes. El Consejo Directivo elige a su presidente ejecutivo por un período de dos (02) años, prorrogable por un (01) año adicional, quien ejerce la titularidad y la conducción ejecutiva de la Escuela”, dice el propuesta de Echaiz.
Además, los requisitos para ser miembro de dicho consejo son ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 55 años, ser abogado y tener no menos de 25 años en el ejercicio de la profesión, acreditar el grado académico de maestro o doctor.
El proyecto señala que el representante del Poder Judicial y del Ministerio Público deberán acreditar como mínimo cinco años en el ejercicio del cargo como juez supremo o fiscal supremo titular. En el caso del exdirector de las escuelas de post grado de derecho indica que es indispensable que haya ejercido la docencia universitaria por no menos de 25 años y haberse desempeñado como director de escuela de posgrado en derecho por no menos de 5 años.
Asimismo, quienes pretendan integrar el consejo tendrán que contar con “solvencia moral, reconocida trayectoria profesional, académica y democrática” y no tener condenas por delito doloso ni destituido o inhabilitado de la función pública.
La propuesta indica que los miembros del Consejo Directivo gozarán de los mismos beneficios, derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que los jueces supremos.
“Su función es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, salvo la docencia universitaria en otra entidad. Pueden ser removidos del cargo por causa grave por el Congreso de la República con el voto conforme de dos tercios del número legal de sus miembros”, añade.
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En su proyecto, Echaíz también plantea la creación del Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Administración de Justicia. Según el documento, “con la finalidad de que las instituciones que conforman este sistema funcionen administrativamente de manera coordinada y articulada”, pero “respetando sus propias autonomías e independencia funcional”.
El documento añade que el consejo estará presidido por el presidente del Poder Judicial y conformado por el fiscal de la Nación, el Presidente del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Magistratura, los jefes de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público, el Ministro del Interior, el Ministro de Justicia y el Ministro de Economía.
La iniciativa de Echaíz propone, además, que los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) sean elegidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Actualmente, los elige la Junta Nacional de Justicia.
En sus disposiciones complementarias indica que los miembros del primer Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Magistratura sean elegidos dentro de los 30 días calendarios posteriores a la entrada en vigencia de su respectiva la Ley Orgánica.
También señala que una vez que la ley sea promulgada, concluyen las funciones de la Junta Nacional de Justicia y de la Academia de la Magistratura y que la Contraloría General de la República será la encargada de supervisar la transición.
“Se modifica en todas las disposiciones constitucionales y en todas las disposiciones legales correspondientes, la denominación de Junta Nacional de Justicia por la de Escuela Nacional de la Magistratura”, dice también.
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¿Qué opinan los constitucionalistas sobre este proyecto de ley?
En diálogo con El Comercio, abogados constitucionalistas expresaron posturas discordantes sobre el proyecto de Echaíz.
Los abogados Beatriz Ramírez y Bruno Fernández de Córdova cuestionaron la propuesta. Mientras que Erick Urbina, Carlos Hakansson y Natale Amprimo la consideraron importante y “positiva”.
Para Ramírez, la propuesta significa un “retroceso” porque “regresa a un modelo en el cual el órgano encargado del nombramiento y evaluación y ratificación de jueces y fiscales ya no es por concurso público sino por representación estatutaria, como fue en el Consejo Nacional de la Magistratura”.
“El proyecto significa un retroceso porque se vuelve al modelo anterior. Nosotros aprobamos en el 2018 un modelo de concurso público y aquí se deja de lado eso. Le están cambiando el nombre nada más. La congresista propone además que la JNJ que tiene mandato hasta el 2025 se quede sin efecto apenas se apruebe este proyecto de ley”
Beatriz Ramírez, abogada.
Para la especialista, este proyecto de ley “no es adecuado” porque no ayuda a la institucionalidad del país.
“No es un proyecto adecuado. ¿Ayuda a la institucionalidad del país hacer una reforma y a menos de seis años cambiarla completamente retrocediendo? ¿A un país se le hace eso? Yo creo que no”, concluyó.
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Fernández de Córdova expresó una postura parecida. “Creo que, de buenas a primeras, no es bueno estar cambiando desde cero las instituciones. Ello no contribuye a la institucionalidad”, dijo.
El constitucionalista indicó también que la propuesta no le parece “idónea” porque propone algunos cambios que “debilitan o desnaturalizan lo que actualmente tenemos como JNJ e incluso lo que había antes, que era el Consejo Nacional de la Magistratura”.
Fernández de Córdova criticó que se proponga que representantes del Ministerio Público y el Poder Judicial integren el Consejo Directivo de la escuela que se pretende crear.
Para el especialista hay un grave problema porque actualmente la JNJ está compuesta por miembros que son elegidos a través de un concurso público, elegidos por una comisión especial que, si bien es integrada por el presidente del Poder Judicial y el Fiscal de la Nación, no tiene participación directa de estos entes tras la elección. Con lo que plantea Echaíz terminarían siendo juez y parte, según Fernández.
"Esa conformación es peligrosa y representa un retroceso. No garantiza un proceso meritocrático. Las competencias que se han previsto para esta escuela tampoco son las más idóneas"
Bruno Fernández de Córdova, Abogado constitucionalista.
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Por su parte, Erick Urbina calificó el proyecto de positivo “porque es una manera de promover ascensos de manera más meritocrática ya que habría una línea de carrera en el sistema judicial, tanto en el Poder Judicial, como en la fiscalía”.
“No lo considero peligroso. Más bien podría ser una solución al problema. No obstante, es cierto que, producto de la coyuntura, podría generar una suerte de vicios. Podría interpretarse como que se quieren deshacer de una vez de la junta. Pero el proyecto puede trabajarse bien para ser implementado en el siguiente periodo, quizás para el 2025, cuando los miembros de la junta culminen su mandato”.
Erick Urbina, abogado constitucionalista.
Urbina consideró también que este proyecto debería debatirse en una mesa de diálogo en la que participen la propia JNJ, el Poder Judicial, el Ministerio Público, entre otras instituciones. Asimismo, estimó que, al tratarse de una reforma constitucional, el debate se extendería por lo menos por un año.
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En tanto, Hakansson tuvo una opinión favorable respecto a la creación de una Escuela de la Magistratura y la compartó con la Academia Diplomática, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores.
No obstante, el constitucionalista advirtió que una reforma como esta “no estaría exenta de copamiento ideológico porque siempre hay un factor político”.
“En lo que no estoy de acuerdo es con la creación del Consejo de Coordinación Interinstitucional. ¿Para que mezclar economía o al ministro del Interior en [el sistema de justicia]?”, cuestionó.
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De otro lado, el constitucionalista Natale Amprimo señaló que, si bien es importante una reforma al sistema de justicia, la iniciativa de Echaíz no recoge el problema de fondo que, a su criterio, es la falta de buenos profesionales que aspiren a ser jueces o fiscales.
“La verdad es que los mejores abogados y los mejores estudiantes de escuelas no aspiran a ser magistrados, ni fiscales. Los fiscales y jueces buenos son excepciones y ello debe cambiar, pero eso no depende de la persona que los elige [...] Si el universo a elegir no es bueno, seguirá la mediocridad. El cambio va a incentivar a los mejores a postular”, apuntó.
"Me parece positivo que el tema de la justicia se ponga en el debate nacional, pero lo importante es quien decide quién es juez y cuánto tiempo se queda sino cómo logramos un sistema que ayude a captar a los mejores. Eso no va a ser inmediato, va a tomar tiempo"
Natale Amprimo, constitucionalista.
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Posturas en el Congreso
En diálogo con El Comercio, congresistas de Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos Perú se expresaron en contra del proyecto. Mientras que legisladores de Avanza País, Acción Popular y el Bloque Magisterial no descartaron respaldarlo.
Lady Camones, portavoz alterna, indicó que aún no ha revisado la propuesta de Gladys Echaíz: sin embargo, dijo que “no considera que deba desaparecer la JNJ”.
“Quizás sí es necesario algún tipo de reforma que nos garantice independencia y transparencia en la selección de magistrados [...] Aún no lo hemos conversado como bancada y tampoco analizado a fondo el proyecto”, subrayó.
A su turno, Carlos Zeballos (Podemos Perú) dijo que “no apoyaría” la iniciativa debido a que no ve “razón para desaparecer una institución y crear otra”.
En tanto, Héctor Valer (Somos Perú) señaló: “No lo hemos discutido como bancada, pero no lo apoyaría. En lo que sí estoy de acuerdo es que los integrantes de JNJ sean destituidos”.
Por su parte, Luis Aragón, vocero alterno de AP, opinó que se trata de un proyecto “positivo en la medida de que el debate no solo de circunscriba al Congreso de la República” y se realicen “mesas técnicas” con la sociedad civil y las instituciones que integran el sistema de justicia.
Edgar Tello (Bloque Magisterial) dijo que es “probable” que su agrupación respalde la propuesta.
En declaraciones a la prensa, Norma Yarrow (Avanza País) no descartó su respaldo.
“Todos los congresistas tenemos derecho a presentar un proyecto de ley y entrará a debate y veamos cuál es la mejor opción”, indicó tras cuestionar a la Junta Nacional de Justicia por haber suspendido a Patricia Benavides del cargo de fiscal de la Nación.
Los parlamentarios Guido Bellido (Perú Bicentenario), Flavio Cruz (Perú Libre) y Héctor Acuña (Unidad y Diálogo Parlamentario) señalaron que aún no habían evaluado la iniciativa. Este Diario buscó contactarse con el resto de bloques, pero al cierre de este informe no respondieron.
