Fuego cruzado: las veces en las que se enfrentaron el Congreso y el Ejecutivo

Esta vez, al igual que ocurrió con el Congreso disuelto, los insuficientes votos para aprobar en esta legislatura la eliminación de la inmunidad parlamentaria y la no inclusión en el debate los impedimentos para que postulen a cargos públicos sentenciados en primera instancia por corrupción, generó que el presidente de la República, Martín Vizcarra, dé un mensaje a la Nación al mediodía del domingo y anuncie dos nuevas medidas: la convocatoria a un referéndum y la presentación de un proyecto de ley.

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Sin embargo, no es la primera vez que la regulación de la inmunidad parlamentaria enfrenta al Gobierno de Vizcarra y el Parlamento. El 25 de julio del 2019, el pleno del Congreso aprobó un dictamen sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, pero no acogió la propuesta del Ejecutivo para que el proceso sea revisado por la Corte Suprema y, por el contrario, determinó que deba mantenerse en el fuero Parlamentario.

La iniciativa del Ejecutivo para modificar el artículo 93 de la Constitución, referente a la inmunidad parlamentaria, fue uno de los orígenes de la controversia este poder del Estado y el Congreso disuelto el 30 de setiembre 2019.

Aunque esta vez las bancadas acordaron eliminar la inmunidad parlamentaria y que sea la Corte Suprema de Justicia la competente en ver los procesos penales, el presidente anunció que convocará a un referéndum debido a que el viernes no se alcanzaron los votos necesarios –se obtuvieron 82, se requerían 87– para su aprobación en esta legislatura.

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Debido a que se trata de una reforma constitucional, esta norma tiene que ser aprobada en esta legislatura y en la siguiente, que empieza este lunes 6, para que entre en vigencia en el próximo proceso electoral. La norma, además, tendría que ser aprobada antes de que venza el plazo para modificar las leyes electorales, que es en setiembre.

Otra de las reformas agregadas a esta sesión del pleno –por el mismo sentido que requiere dos legislaturas para ser aprobada– es la ley que impide la postulación a cargos de elección popular de personas sentenciadas por delitos dolosos en primera instancia, cuya pena sea mayor a 4 años.

Sobre este punto, la respuesta del Ejecutivo fue el anuncio de la presentación de un proyecto de ley que modifica la legislación electoral para que las personas con este tipo de sentencias no puedan postular a la presidencia de la República, vicepresidencias, Congreso y otros cargos. El presidente Vizcarra exhortó al Parlamento a debatir y aprobar el texto.

1. Retiro del fondo de las AFP: entre la insistencia y un nuevo proyecto

A inicios de mayo, con apenas un mes y medio en funciones, el Congreso aprobó por insistencia la ley que permite el retiro del 35% de los fondos privados de las AFP –con un tope de S/12.900–. Esto ocurrió luego de que el Ejecutivo no observara la autógrafa enviada previamente por el Parlamento.

Previo a la promulgación de esta ley por parte del Congreso, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para la reforma integral del sistema de pensiones. Además, se aprobó un decreto de urgencia que permite a los afiliados retirar hasta S/ 3.000 adicionales de sus fondos.

Semanas después, la Comisión de Economía del Congreso de la República archivó, por unanimidad, el proyecto presentado por Vizcarra el 30 de abril. “Pero la liberación de los fondos de las AFP no soluciona el tema de fondo; el tema de fondo es hacer una reforma integral y nos comprometimos con la población a hacer una reforma integral del sistema de pensiones”, respondió Vizcarra.

2. Declaración jurada de intereses

El Congreso se excluyó la obligatoriedad de presentar la declaración jurada de intereses y dispuso que esto dependerá solo de las disposiciones que emita el Consejo Directivo de este poder del Estado, y que deberán ser presentadas para su revisión y publicación ante la Contraloría General de la República.

La modificación, aprobada por el Parlamento, fue cuestionada por el Ejecutivo. El presidente Martín Vizcarra quien dijo que esperaba que el Congreso “recapacite” y “corrija la decisión” de no presentar sus declaraciones juradas de intereses a través del mismo portal que el resto de funcionarios públicos.

Posteriormente, el Gobierno publicó el reglamento que precisa que todos los sujetos obligados a presentar su declaración jurada de intereses son los servidores civiles que desempeñan función pública según la Ley del Servicio Civil.

3. La suspensión del cobro de peajes

Otra ley aprobada por insistencia en este Congreso fue la referida a la suspensión del cobro de peajes –administrados por concesionarios privados– en vías a nacionales y regionales. Esta autógrafa había sido observada por el presidente Vizcarra debido a que, dijo, el Estado podría ser afectado por arbitrajes que estos concesionarios puedan interponer.

“Hay efectos muy concretos en los ciudadanos sin considerar todas las contingencias que vamos a tener en el Ciadi. No solamente hay posibilidades de que nos denuncien, no solamente nos va a costar todos los procesos, los abogados. Vamos a tener que pagar indemnizaciones”, dijo la ministra de Economía, María Antonieta Alva.

Semanas después de haber sido aprobada por insistencia, el Gobierno presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra esta medida pues, señalaron, contraviene al artículo 58 de la Constitución y genera el incumplimiento de contratos del Estado.

Por su parte, las empresas Covinca y Deviandes presentaron al Poder Judicial medidas cautelares para que esta suspensión de cobro no se aplique. Debido a ello, desde el 18 de junio estas empresas retomaron el cobro de peajes en las vías que administran.

4. Formalización del taxi colectivo

A mediados de mayo, el Congreso aprobó una ley que formaliza los taxis colectivo en todo el país, excepto en Lima y el Callao. La norma establecía que el taxi colectivo debía ser un auto con carrocería tipo sedán o station wagon. “Los gobiernos regionales y locales autorizan el servicio de transporte terrestre de personas en automóvil colectivo de ámbito interprovincial e interdistrital, entre provincias y distritos ubicados en una misma región”, precisaba la ley.

Sin embargo, a mediados de junio, el presidente Vizcarra observó esta ley luego de que varios miembros del Ejecutivo se manifestaran en contra de la norma. “Es un retroceso al proceso de reforma integral del transporte público, porque apostamos por un sistema integrado de buses y formalizar a los taxi colectivos es un retroceso”, dijo el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada.

5. Deshacinamiento de penales

En mayo, el Congreso rechazó el texto sustitutorio que proponía medidas para el deshacinamiento de los penales, en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus (COVID-19). Este texto recogía los proyectos presentados por el Ejecutivo y el Poder Judicial.

El texto sustitutorio proponía que el cese de la prisión preventiva procederá cuando los internos hayan cumplido la mitad del plazo de la medida restrictiva dictada. Si los solicitantes tienen antecedentes penales, tendrán que haber cumplido dos terceras partes.

Posteriormente, el 23 de mayo, el Congreso otorgó facultades al Gobierno y promulgó dos decretos legislativos para establecer medidas para el deshacinamiento de penales.

6. La presentación del Gabinete Zeballos en el Congreso

En una conferencia de prensa, el presidente del Congreso, Manuel Merino, pidió que el gabinete del primer ministro, Vicentes Zeballos, se presente ante el Parlamento para que pueda obtener el voto de confianza de este poder del Estado.

“Tenemos que reafirmar desde el Parlamento Nacional toda nuestra disposición de apoyar al Gobierno, pero con verdades al frente, ni con medias verdades y menos con mentiras, esa es nuestra responsabilidad”, dijo Merino.

Posteriormente, Zeballos reiteró que cumplirán con lo que dicta el artículo 135 de la Constitución, sobre concurrir al Congreso para obtener el voto de confianza.

7. Las clínicas privadas

La atención del sistema privado de Salud durante esta pandemia y los altos costos de las clínicas privadas para este fin motivaron a que el presidente Vizcarra dé un ultimátum a las clínicas privadas respecto a las negociaciones para el intercambio prestacional en el marco de la emergencia sanitaria. El jefe de Estado aseguró que esperaba una acuerdo “en las próximas 48 horas”, de lo contrario de aplicará el artículo 70 de la Constitución.

Horas después de este anuncio, el presidente del Parlamento respondió el anuncio del mandatario diciendo que el 17 de junio la ley que permitía al Ministerio de Salud utilizar los bienes e instalaciones de las clínicas privadas fue observada por Vizcarra.

Ley aprobada por el Congreso, que modificaba los artículos 8 y 9 del decreto legislativo 1156, dictaba medidas destinadas a garantizar el servicio público en salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y a la vida de las poblaciones.

“Esta norma fue observada por el Ejecutivo y fue observada recogiendo la Constitución Política, lo que comprende los derechos de la libre iniciativa privada”, dijo Merino.

8. Paridad y alternancia

En las semanas en que se seguía debatiendo el dictamen de paridad y alternancia en la Comisión de Constitución, el presidente Vizcarra pidió al Congreso aprobar esta norma que permitirá aplicar la paridad y alternancia al 50% entre hombres y mujeres en las listas para las elecciones generales del 2021.

“Es fundamental que estos conceptos los trabajemos todos juntos, los peruanos. Ya lo hemos dicho nosotros en el referéndum, creo que es una opinión de la población que no puede soslayarse ni dejarse de lado por las actuales autoridades del Congreso de la República”, dijo el mandatario.

9. Pedidos de interpelación

Esta última semana, el presidente Vizcarra volvió a tener una nueva confrontación con el Congreso debido a las seis mociones de interpelación a ministros que fueron presentadas por diferentes bancadas. El mandatario calificó como un “exceso” que en pleno estado de emergencia se hayan presentado en el Congreso estos pedidos para interpelar a los ministros de Economía, Salud, Educación y Desarrolo e Inclusión Social.

“Si consideran que hay alguna falta, error y eso genera una interpelación, esa es una figura legal plenamente establecida, pero que haya seis pedidos de interpelación en pleno proceso de estado de emergencia, salido de los efectos más duros de la pandemia, nos parece un exceso”, declaró el presidente.

Por su parte, congresistas de las bancadas que presentaron estos pedidos respondieron al mandatario. Uno de ellos fue el legislador Lenin Checco, de la bancada del Frente Amplio. “Hemos escuchado al presidente Vizcarra diciendo que cómo es posible que podamos interpelar. Creo que el presidente Vizcarra se ha acostumbrado a gobernar sin Legislativo. Estos meses del interregno, en el cual no había Congreso, han hecho que no sean fiscalizados y piensen […] que no tenemos derecho [a interpelarlos]”, declaró Checco a RPP.

“El ejercicio de cooperación no ha sido ensayado”

El analista político Juan de la Puente consideró que una de las tensiones Legislativo - Ejecutivo es por la falta de voluntad de cooperación entre ambos poderes del Estado.

“Ambos poderes han tenido meses para sentarse en la mesa y tener una mirada común de la crisis o incluso ponerse de acuerdo en qué está en desacuerdo. Este ejercicio de la cooperación no ha sido ensayado. Es una tensión que empieza con una falta de voluntad política”, dijo De la Puente.

Asimismo, dijo que si en el Congreso no se van a plantear reformas, tampoco deberían hacerse contrarreformas.

“Las posibilidades de una profunda reforma política se han agotado con la elección del Congreso ahora. nunca estuve ilusionado con que este Congreso se haga cargo de la reforma. Si bien es cierto no van a hacer reformas, que no hagan contrarreformas”, declaró.

Finalmente, consideró que el camino para “recuperar la sensatez” podría ser la convocatoria a un nuevo Consejo de Estado. “Creo que ese espacio podría ser uno que permita la recuperación del equilibrio y fijarse en los grandes temas, que en este momento no se están dando”, apuntó.