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El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial del Caso Lava Jato, amplió la investigación preparatoria contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de obstrucción a la justicia. La ex candidata presidencial cumple desde fines de octubre una orden de prisión preventiva por 36 meses.
De acuerdo a disposición fiscal N°93, a la cual El Comercio tuvo acceso, Fujimori Higuchi “instigó” a Arsenio Oré Guardia, fundador del estudio de abogados Oré Guardia, a que “mediante el uso de la amenaza” impida u obstaculice “se presten los testimonios de las personas que aparecían como aportantes” a su campaña en el 2011.
Pérez considera que la ex congresista, además, le pidió a Oré Guardia que “induzca” a los a los aportantes a presentar testimonio falso, en el sentido, de que digan que sí donaron dinero al partido naranja.
Inicialmente, Keiko Fujimori solamente era investigada por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, por los aportes que la empresa brasileña Odebrecht habría realizado Fuerza 2011.
El Ministerio Público también decidió ampliar la investigación preparatoria contra Vicente Silva Checa, a quien sindican como asesor en la sombra de Fuerza Popular, por el presunto delito de obstrucción a la justicia.
Pérez Gómez formalizó investigación preparatoria contra Giulliana Loza, abogada de Fujimori Higuchi, y otros cinco letrados, entre ellos Oré Guardia, Edward García Navarro, Luis Ernesto Lazo Mendoza, Lorena Gamero Calero y Dánae Calderón Castro por el delito descrito líneas arriba.
Según la misma disposición fiscal, los letrados “con conocimiento y voluntad mediante el uso de la amenaza” impidieron que personas que aparecían como aportantes a la primera campaña de Fujimori Higuchi a la Presidencia de la República “presten testimonio”.
El documento también señala que indujeron a estas personas a que ofrezcan “un falso testimonio”, en el sentido, de que sí entregaron dinero al partido fujimorista en el 2011.
El representante del Ministerio Público citó el artículo 409 del Código Penal, que establece penas entre los tres años y cinco años a quien “mediante el uso de la fuerza física, amenaza ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido impide u obstaculiza se preste un testimonio o induce a que se preste un falso testimonio o pruebas falsas”.
Esta pena aumenta has los ocho si el presunto delito se comete en una investigación por presunto lavado de activos.
Cabe recordar que el martes 20 de noviembre último, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, fueron allanadas las oficinas del estudio Oré Guardia Abogados en el distrito de San Borja.
La justificación fue el testimonio de diversos testigos protegidos que indicaron que fueron contactados por abogados contratados por este estudio para que no cambien su testimonio y evitar que revelen que no realizaron aportes a la campaña de Keiko Fujimori en los años 2011 y 2016.
La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, denunció esta decisión del fiscal Pérez como un intento para dejar sin defensa a su cliente, de cara al sábado 15 de diciembre, cuando la Segunda Sala de Apelaciones evaluará la apelación de la ex candidata presidencial para dejar sin efecto la orden de prisión preventiva de 36 meses en su contra.
"Más allá de estos absurdos cargos que enfrentaré sin problemas en las instancias correspondientes, quiero advertir esta burda maniobra del fiscal para obstruir, deslegitimar y dejar sin defensa a Keiko Fujimori", señaló Loza.
En ese sentido, hizo un llamado para que los colegios de abogados, la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil ser pronuncien contra lo que consideró un "nuevo abuso contra quienes ejercemos la defensa legal en el Perú".
