Los ex socios de Odebrecht en la mira del Congreso

Un proyecto de ley de la congresista fujimorista Karina Beteta plantea modificar el Decreto de Urgencia N° 003-2017 del Ejecutivo. Este dispone que toda empresa condenada por actos de corrupción, o que admita haberlos cometido, no podrá vender sus bienes ni transferir al extranjero sus ganancias.

El decreto, promulgado en febrero pasado, tiene como premisa asegurar la continuidad de los proyectos de inversión y cautelar el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, como el de la empresa Odebrecht. El último miércoles, Beteta ha planteado un cambio: extender las responsabilidades a las que fueron socias de empresas como Odebrecht –que aún no tienen sentencias por corrupción– y que se les apliquen las mismas prohibiciones; entre ellas, no contratar con el Estado.

“Si realmente se quiere luchar contra la corrupción, entonces hay que sancionar a todas las empresas que habrían sido copartícipes en estos actos”, señaló.Beteta aclaró que aún no ha conversado con toda la bancada de Fuerza Popular para que apoyen su propuesta. El documento presentado ya cuenta con 15 firmas de la oposición mayoritaria.

“Este proyecto no tiene nombre propio. En un Estado de derecho las normas tienen que ser iguales para todos”, agregó. La iniciativa legal se discutirá en las comisiones de Constitución y Fiscalización.

Víctor Andrés García Belaunde, parlamentario de Acción Popular y miembro de la Comisión Lava Jato, está de acuerdo con esta iniciativa fujimorista. Considera que no afecta el derecho de presunción de inocencia de las empresas consorciadas con Odebrecht y que no es inconstitucional.“Nadie está atribuyendo nada a nadie. Ya hay una denuncia de la procuraduría, que es el Estado. [Entonces] el Estado, que es uno solo, cree que tienen algún tipo de culpabilidad”, manifestó.

Sin embargo, consultado por El Comercio, el abogado constitucionalista Víctor García Toma precisó que la iniciativa de Beteta sí afecta el derecho fundamental que es la presunción de inocencia de las personas jurídicas. “Es una legislación precipitada, sin evaluar el marco constitucional. Lo que se busca es tener aplausos para la tribuna”, dijo.

El ex procurador anticorrupción Joel Segura opinó que la propuesta “no es tan necesaria” y afecta el principio de razonabilidad. “Es populista. Busca demostrar que están haciendo algo en el Caso Lava Jato”. Remarcó que sería una intromisión en la investigación judicial, que está avanzando y que determinará responsabilidades.

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