Estallido predecible, futuro abierto

Desde hace años escucho a colegas que estudian la política en Chile señalar que el sistema de ese país estaba osificado. Que la solidez de sus partidos era ilusoria. Que los buenos resultados económicos escondían un malestar muy grande por la calidad de servicios públicos y la creciente desigualdad. Que la poca capacidad de los representantes políticos por responder a las demandas que surgían desde la sociedad eventualmente llevaría a un quiebre. Y el quiebre se dio. Y fue brutal.

Estos investigadores resaltan el malestar social por la incapacidad del sistema para regular los beneficios de actores privados que prestan servicios en áreas como educación superior, pensiones, transporte o salud. Una serie de estudios explican la resistencia al cambio de estas políticas impopulares por el creciente poder económico de esos actores privados sumado a la cercanía de representantes políticos a dichos intereses. Una jaula de hierro que impidió que funcionaran abundantes alarmas democráticas.

El paquete de cambios propuesto por Piñera para salir de la crisis, por ejemplo, incluye medidas a las que sistemáticamente se han opuesto en estos años la derecha y otros partidos en el Congreso. Si se suma a ello la imagen de una clase política que actúa como un cartel, no hay espacio para soltar vapor. Las crecientes protestas y las negativas sistemáticas de hacer reformas de fondo fueron configurando el escenario actual. Guerra avisada sí mató gente.

La pregunta ahora es qué se hará hacia adelante. El malestar acumulado y la alta desconfianza hacia el Estado y los políticos indican que estamos ante una crisis del modelo, no algo que se corrija con cambios menores. Porque lo que se ha deslegitimado es la idea de que los actores privados pueden prestar servicios públicos en forma justa y que el Estado puede regularlos efectivamente. No perdamos de vista que fue el Estado Chileno, uno de los más fuertes de la región, quien falló en este esfuerzo.

Si la opinión mayoritaria considera que se han roto las bases de legitimidad de la forma de entender la relación entre Estado y privados, entonces las soluciones deben ser profundas para recuperar la legitimidad. Eso no implica que el cambio sea total o que Chile termine pareciéndose a, digamos, Uruguay, nuestra socialdemocracia regional. Las diferencias de opinión sobre las políticas públicas concretas que deben adoptarse en reemplazo de las actuales son diversas. Y así como hay un hartazgo de lo que se tiene, también se mirará lo que no funciona en otros estados.

Sin embargo, queda claro que los cambios deben apuntar a un nuevo paradigma si se quiere recuperar la confianza pública. Chile fue presentado como un modelo positivo en lo que respecta a la privatización de lo público y hoy, más allá de lo que se piense sobre los éxitos de ese modelo, se ven los problemas de dicha apuesta. La clase política, o la nueva clase política, está frente al reto de lograr correctivos mayores a la par que recuperan la confianza. Todo un laboratorio para los países de América Latina y sus retos particulares.