Martín Vizcarra: ¿Qué consecuencias legales podría tener por vacunarse cuando fue presidente?

Lejos de esa versión, se ha ido consolidando -por fuentes cercanas a los hechos- que Vizcarra fue quien llamó a Palacio de Gobierno al jefe del ensayos clínicos Germán Málaga y allí le habría pedido que lo vacunen.

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Tal como lo ha informado El Comercio, Vizcarra recibió a Málaga el 2 de octubre del 2020, pero su ingreso no fue regular. En el registro de Palacio figura que el médico se entrevistó con el secretario general, Pedro Angulo. No obstante, la fuente narró que fue conducido ante Vizcarra y le aplicó la “vacuna para consultantes”. Incluso, se habría tomado fotos para mostrarle al presidente de China, Xi Jinping, que había usado la vacuna china.

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Posibles delitos

Con todo este contexto, ¿existe alguna implicancia legal contra el exmandatario?

Según el exprocurador Anticorrupción Yván Montoya, la fiscalía puede tener argumentos para abrir investigación por dos presuntos delitos.

Inicialmente, sostuvo, podría evaluar la posibilidad de un presunto cohecho pasivo, visto desde una posible ventaja o beneficio para él y su esposa, ya que no fueron parte de los ensayos clínicos. Entonces, la entrega de dichas dosis, podrían ser para que la empresa lograse algún nivel de expectativa en la buena pro y que se plasmase en un contrato.

EL EDITORIAL DE EL COMERCIO: Debió decirlo

Remarcó que, habría que saber si la empresa china se le acerca y le ofrece esa vacuna como una dádiva.

“Por un lado, estaría el delito de cohecho ¿Cómo es que el (ex)presidente puede pedir que le apliquen la vacuna a él y a su esposa? ¿Por qué la empresa o el gobierno chino le ofrece esa posibilidad como una suerte de regalo o como muestra? Si esto es así, si viene de algún funcionario de la empresa y le dice que puede acceder a estos y coordina con nuestro investigador; si eso es así y dado que la empresa china tiene expectativas de poder obtener un contrato, puede haber razones para investigar una ventaja o beneficio”, sostuvo.

Pero además, manifestó Montoya, cuando Vizcarra se aplica la vacuna durante la etapa III de los ensayos; y si ya se estaba en tratativas para la adquisición de la vacuna, bajo la condición de lograr su certificación, podría también configurándose el delito de colusión.

“Si ya estaban en tratativas, de una manera sui generis, porque se trataba de vacunas que en algún momento podían ser certificadas y (entonces le dice) bueno, tú me das esta ventaja de aplicarme la vacuna a cambio de que luego que te certifiquen yo quedo contigo en un contrato, podría haber la posibilidad de una colusión”, explicó.

De otro lado, sobre el aspecto de que Vizcarra “habría exigido” la vacuna al encargado de los ensayos clínicos, podría más vincularse a un tema ético.

Bajo su perspectiva, no podría configurarse un abuso de autoridad, pues la figura “exige algún perjuicio”.

“Uno podría decir que puede haber abuso de autoridad, que implica el uso abusivo del cargo para un beneficio particular, pero la figura exige algún perjuicio. Claro, uno podría decir el perjuicio a los ensayos clínicos, pero el código exige el perjuicio a una persona o grupo de personas”, consideró.

Debe investigarse

Similar opinión fue la del abogado penalista Luis Lamas Puccio. Consideró que lo que se ha venido conociendo luego del pronunciamiento de Vizcarra tendría que ser analizado para determinar “si está mintiendo o ha escondido información y, por tanto, podría ser comprendido por presunta falsedad genérica”.

“Habría que indagar bajo qué considerandos el aceptó ponerse la vacuna. Posiblemente, si se aprovechó de su condición de mandatario y si se halla un indicio habría un delito de abuso de autoridad, pues habría abusado de sus prerrogativas de ser el caso”, comentó el penalista.

Para Lamas, no es propiamente que se haya aplicado la vacuna como parte de algún beneficio; sino que se tendría que ver en el sentido que, “aprovechándose de su poder, de su condición exclusiva de ser mandatario” se inoculó pues cualquier persona no podía acceder al fármaco.

Por ello, dijo, debe indagarse más para determinar “en qué término se estaba dando la negociación, lo cual sería más grave”.

Para el abogado penalista Carlos Caro, la fiscalía puede abrir una investigación para esclarecer estos hechos. A su consideración, Vizcarra Cornejo habría incurrido en los presuntos delitos de colusión desleal y cohecho.

El punto de partida para la investigación, dijo, “no es la vacuna, sino el contrato” pues el acuerdo con Sinopharm lo dirigió el expresidente Vizcarra en su momento. Y, la jurisprudencia legal señala que en este tipo de casos se debe investigar desde las tratativas.

“Y no es que, porque lo cerró (el presidente Francisco) Sagasti, el señor Vizcarra no tiene nada que ver. Se analizan todas las etapas. Entonces, más allá de la ética médica, esa vacuna que fuera inoculada fuera de los canales regulares; desde el punto de vista de los delitos de corrupción puede equivaler a un contraprestación, una dádiva o un regalo. Allí no importa el monto, puede valer uno o dos dólares”, explicó.

Según el abogado, existirían tres agravantes en este caso: ser jefe de Estado, la situación de la pandemia y que la vacuna es un bien escaso.

“Si esto ha implicado, de parte del señor Vizcarra, algún tipo de favorecimiento en la etapa pre-contractual, eso podría ser colusión desleal”, comentó.

Caro Coria remarcó que lo sucedido no invalida el contrato que actualmente se tiene con la empresa Sinopharm. Recordó que las responsabilidades “son personalísimas” y se debe determinar la conducta individual de Vizcarra, sobre “si ¿esa dádiva esa vacuna para él y la esposa es algo que ha influenciado en el trato que ha habido con la empresa? Sí o no”.

Finalmente, el abogado indicó que a los hechos anteriores debe sumarse datos colaterales como la visita del médico Germán Málaga a Palacio de Gobierno, quien el día de la vacunación “ingresó supuestamente para hablar con el secretario, pero fue a ver al expresidente”.

“Eso implica un registro con información falsa, que puede ser falsedad genérica. O, por ejemplo, ¿cómo se sustrajo esa vacuna? ¿Cómo se ha registrado eso en Sinopharma o en (la Universidad) Cayetano Heredia? ¿Se puso a nombre de Vizcarra o de un tercero? y es puede implicar falsedad”, concluyó.

Más información

Si la fiscalía decide abrir investigación y encuentra hechos de relevancia penal que puedan ser judicializados podría aplicar a Vizcarra el proceso de antejuicio por haber ejercido como presidente del Perú hasta noviembre del 2020 y será el Congreso de la República el encargado de definir un eventual pedido del Ministerio Público.

“Tiene derecho de antejuicio hasta por cinco años luego de haber cesado en la función pública y al ser presuntos delitos de función, esto tendría que pasar por antejuicio. Si la fiscalía le abre investigación solo sería preliminar y para pasar a preparatoria, el Congreso debe hacer la acusación constitucional”, dijo Carlos Caro.

En este contexto, el congresista Jim Ali Mamani, de la bancada Nueva Constitución, anunció que están elaborando una denuncia constitucional contra Martín Vizcarra.

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