Por casi dos décadas, la cuota de género que buscaba incluir a un mínimo de 30% de mujeres en las listas electorales no estimuló a los partidos a promover liderazgos femeninos ni participación equitativa. La obsolescencia de la cuota derivó en una reforma electoral que, en el 2020, fue consolidada bajo la Ley de Paridad y Alternancia.
Esta se aplicará en las Elecciones Regionales y Municipales de octubre, lo que implica que los partidos incrementen por lo menos al 50% su número habitual de candidatas mujeres. Además, la relación de postulaciones deberá intercalar los espacios para que hombres y mujeres ocupen lugares expectantes.
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En los comicios subnacionales de los años 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018 —cuando regía la cuota mínima— solo el 1,7% de las 18,942 autoridades electas (entre gobernadores, alcaldes provinciales y alcaldes distritales) fueron mujeres. La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio identificó que puestos de segundo rango, es decir, de vicegobernadores y consejeros regionales, también fueron canchas ampliamente disparejas para las mujeres.
Con los datos históricos del rango de tiempo señalado, los partidos y movimientos políticos solo impulsaron 88 candidaturas femeninas para gobiernos regionales y 266 para vicegobernaciones. De estas últimas, únicamente 18 alcanzaron el puesto frente a otros 107 varones.
En cuanto a las alcaldías provinciales, las candidatas mujeres fueron 658 frente a 7,999 candidatos hombres. El resultado: las 31 alcaldesas que indicamos al inicio y 949 alcaldes varones en las provincias. Por distritos, la situación electoral tampoco ha sido equitativa en el tiempo, con 4,036 candidatas mujeres que compitieron contra 54,016 candidatos hombres. El desenlace fue la elección de 8,942 alcaldes varones; más de 31 veces la cantidad de alcaldesas mujeres, que fueron 283.
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Una de las mayores expectativas con la Ley de Paridad y Alternancia es, precisamente, que crezca la cantidad de gobernadoras, alcaldesas provinciales y alcaldesas municipales mujeres. Pero el impacto de la norma no garantizaría una diferencia significativa, según comentaron especialistas entrevistadas por este Diario.
Lo que probablemente no funcione
De acuerdo con las cifras que analizamos, en el Perú han resultado electas, entre los años 2002 al 2018, hasta 294 consejeras regionales frente a 938 consejeros varones también en regiones. En los próximos comicios, la regla de listas alternadas por género para estos cargos tendría una consecuencia parecida a la experimentada en el Parlamento, con un alza considerable de mujeres consejeras y regidoras. Pero no habría mayor impacto sobre lo ya visto para los otros altos puestos.
Para la politóloga Paula Távara, en la realidad todavía existen “coladeras” que impiden los resultados esperados tras la norma. Si bien al Congreso de la República que fue elegido en el 2021 ingresó la cifra récord de 49 mujeres, la especialista en género y política ve más lejana una distribución por género cercana al 50% entre los gobiernos regionales y alcaldías. Esto, porque para los comicios de gobernadores y alcaldes los candidatos no hay incidencia práctica de la ley.
“La paridad y alternancia va a hacer que inevitablemente incremente el número de mujeres en los concejos municipales y consejos regionales, es decir, veremos a más mujeres consejeras. Pero eso no va a necesariamente ocurrir en las alcaldías y gubernaturas porque ahí no hay una real obligación de paridad horizontal”, sostiene Távara.
En el reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las Elecciones Regionales 2022, el artículo 10 especifica que las organizaciones políticas deben presentar un 50% de listas encabezadas por mujeres y otro 50% por hombres entre la totalidad de circunscripciones regionales a las que se presenten.
No obstante, no todos los partidos han terminado cubriendo las 25 regiones de listas de precandidatos. En un informe anterior, EC Data informó que de los partidos con actual representación nacional en el Congreso, solo uno (Somos Perú) ha presentado prepostulaciones en todo el país. Los demás han logrado entre dos y 14. Esto ha sucedido, en parte, porque los partidos no han generado cuadros femeninos con expectativa electoral en las regiones.
Távara señaló que, en la práctica, los candidatos electos al puesto más alto seguirán siendo mayoritariamente hombres y los partidos cumplirán la norma colocando a mujeres como vicegobernadoras. En el caso de las alcaldías, tampoco habría un impacto, pues las listas se componen de un candidato principal y un teniente alcalde donde no hay obligación de intercalar género.
Pilar Biggio, ex gerenta de Información y Educación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), coincidió en que la norma no asegura un incentivo para que los partidos apuesten por más cabezas de lista mujeres en gobiernos regionales, provincias y municipios. La exfuncionaria recuerda que, para las elecciones internas que los partidos tendrán el 15 de mayo, solo el 27% de precandidatas a gobiernos regionales son mujeres.
“La problemática es más de fondo. Lo que sucede en los partidos es que no solo no hay una formación de cuadros de mujeres candidatas, sino que tampoco hay intención de promover o fomentar eso a nivel organizacional. Ahora, en el segundo nivel de toma de decisiones, que son las regidurías de las alcaldías o los concejos regionales, la ley sí puede generar más presencia de mujeres porque son listas más largas y el distrito más pequeño tiene, como mínimo, cinco regidores. Pero en el primer nivel —gobiernos regionales, alcaldías— hay dificultad para lograr esa inclusión”, dijo Biggio.
Actualmente, la mayoría de postulantes voceados para las alcaldías son varones, al igual que los aspirantes a tenientes alcaldes que los secundan. En Lima Metropolitana, de los 10 precandidatos oficiales para suceder a Jorge Muñoz, solo una es mujer (Elizabeth León, del partido Frente de la Esperanza) y solo seis fórmulas tienen a mujeres para tenientes alcaldesas.
Círculo vicioso a la interna
Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), hasta el 2019, partidos con amplia cantidad de afiliados, como Acción Popular y Alianza para el Progreso, tenían en sus filas a un 48.65% y un 51.69% —respectivamente— de militantes mujeres. En Somos Perú, el porcentaje de afiliadas mujeres era de 49.75% y en el APRA la cantidad era de 41.64%.
Para la politóloga Paula Távara, la base de militancia casi paritaria o cercana a la paridad de los partidos demuestra que sí existe un amplio sector de mujeres participando en política o construyendo aspiraciones electorales. No obstante, explica que en las organizaciones aún se perpetúa una verticalidad en donde los puestos directivos y los cuadros con mayor apoyo a la interna son conformados por hombres.
Así, aunque las agrupaciones políticas tengan militancias paritarias y, por ello, la relativa posibilidad de presentar fórmulas electorales repartidas por género, las leyes afirmativas como la de paridad y alternancia terminan considerándose entre las organizaciones como un desincentivo para la participación. Por ello, los vacíos de listas en algunas regiones.
“Creo que este problema [de no colocar a mujeres o retirar completamente de presentarse en la participación en algunas regiones] tiene que ver más con que los partidos políticos no han hecho el esfuerzo por transformarse a la interna. En muchos de los partidos la militancia es paritaria, pero cuando empezamos a mirar los puestos de decisión, los cargos directivos o los comités y los delegados siguen siendo generalmente masculinos. Si no se fortalecen ni fomentan liderazgos de mujeres, se mantendrá esa ‘lógica’ de que ‘no hay cuadros femeninos’, que, por tanto, ‘no hay probabilidades’ de que ellas ganen si se las incluye como candidatas, y que ‘lo mejor’ es quedarse fuera de la postulación en algunas circunscripciones”, sentenció Távara.
Los movimientos regionales y locales se imponen
Otro dato a destacar es que, entre el 2002 y el 2018, los partidos que en su momento lograron presencia en el Congreso y que también postularon a las presidenciales solo han llegado a colocar a 103 de las 283 alcaldesas elegidas para municipios. Las demás autoridades femeninas (180) para el nivel distrital ganaron elecciones con movimientos regionales o locales, incluidos los que se formaron solo para un proceso específico. El partido nacional que más alcaldías ha logrado con candidatas mujeres ha sido Acción Popular, seguido por Alianza para El Progreso y el Partido Aprista Peruano.
Fuerza Popular, otro partido de amplia convocatoria nacional, solo logró 3 alcaldías distritales con candidatas mujeres: una en Junín (Concepción) en el 2014 y dos en Lima Regiones (Yauyos y Huarochirí) en el 2018.
En el caso de las alcaldías provinciales, la cuota partidaria es más atomizada, pues Somos Perú –con solo 4 candidatas ganadoras en Cusco, Lima región y Vasco– figura como la organización con mayor triunfo electoral de mujeres. Partidos como Alianza para El Progreso y Unión por el Perú apenas han logrado 2 alcaldías provinciales, y Fuerza Popular. Además, nuevamente se imponen los movimientos locales, como Concertación para el Desarrollo Regional (Lima región), Integración Descentralista (Huánuco), Patria Joven (Huancavelica) y Nueva Amazonía (San Martín) con dos triunfos por provincia dentro del período estudiado.
La exfuncionaria de la ONPE, Pilar Biggio, responde que, a la histórica falta de inclusión de cuadros femeninos en listas de partidos grandes, se suman otros problemas como la crisis de representatividad que estos tienen a nivel local.
“Hay una falta de representación política grave y eso lo podemos ver desde el Congreso, compuesto muchas veces por personas alejadas de la militancia de los partidos. Los movimientos regionales o locales se sienten más cercanos en las regiones donde ya se conocen y crean liderazgos locales. Eso también pasa porque los partidos nacionales son vistos como muy centralistas y es por ello que sus candidaturas no prosperan tanto en localidades pequeñas. Es irónico porque, justamente, el trabajo de los partidos nacionales debería ser amplio, de promoción y de capacitación política”, estimó.
Biggio agregó que otra desventaja para las mujeres políticas son las elecciones internas por delegados, es decir, aquellas en donde un grupo de representantes de los partidos vota por la lista de candidatos a presentar. Según indica, cuando las internas se abren al sistema de un afiliado-un voto (considerando que en el total de militancias hay mayor paridad) o cuando se producen elecciones primarias con participación de la ciudadanía, es posible el despegue de más candidaturas de mujeres.
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