Asesores de Francisco Sagasti figuran en lista al Congreso del Partido Morado

Carlo Magno Salcedo y Giaccomo Ugarelli laboran como asesores del Gabinete Técnico del presidente Francisco Sagasti desde el mes pasado. Ambos figuran como candidatos al Congreso por Lima del Partido Morado con los números 6 y 10, respectivamente. La normativa permite que funcionarios públicos aspiren a cargos de elección popular, siempre y cuando se les conceda -hasta los 30 días previos al 11 de abril- licencia sin goce de haber de sus puestos en el Estado.

¿Ambos asesores continuarían con su candidatura o seguirían el camino del presidente Francisco Sagasti, quien ratificó este miércoles que presentará su carta de renuncia a la plancha de Julio Guzmán ni bien la lista sea inscrita? En diálogo con El Comercio, el secretario general de la organización política y también candidato al Congreso, Rodolfo Pérez Osores, señaló que las respuestas sobre este tema las deben dar personalmente los aludidos. No obstante, deslizó que “se debe garantizar la neutralidad electoral de una u otra manera”.

Pérez indicó: “yo asumo que se va a hacer el mismo procedimiento que el presidente [Sagasti, cuya renuncia a la segunda vicepresidencia se formalizará cuando se oficialice la fórmula de Julio Guzmán]. Pero es una decisión personal. Lo que sí es cierto es que se debe garantizar la neutralidad. Tendría usted que preguntar directamente, pero yo creo que se va a tener que tomar una decisión; una u otra”.

Este Diario se contactó con Carlo Magno Salcedo, a fin de que nos aclare el escenario que ha previsto. De acuerdo con Salcedo, conservará su condición de militante morado y no está incurriendo en ninguna incompatibilidad al ser candidato y funcionario a la vez. Sin embargo, posteriormente precisó que tanto él como Ugarelli renunciarán a sus candidaturas.

“Desde el primer momento que aceptamos trabajar como asesores del presidente Francisco Sagasti, tuvimos claro que tendríamos que renunciar a nuestras candidaturas al Congreso. Solo era cuestión de esperar el momento en que pudiera hacerse de acuerdo a ley. Para poder renunciar, debo primero ser candidato. En segundo lugar, precisar que, en mi caso, no existe impedimento legal alguno para poder ser candidato. En mi caso, la única exigencia legal es tener licencia sin goce de haber, la misma que debe ser efectiva desde 30 días antes de la fecha de las elecciones”, refirió Salcedo.

También intentamos contactarnos con Giaccomo Ugarelli para conocer sus aclaraciones, pero no respondió llamadas ni mensajes.

Salcedo fue nombrado por Sagasti como asesor técnico el 19 de noviembre, mientras que Ugarelli ostenta el mismo cargo desde el 27 de ese mes. El 10 de febrero es la fecha límite para que los jurados electorales especiales del Jurado Nacional de Elecciones admitan oficialmente todas las candidaturas de los diferentes partidos para el 2021. Por tanto, la eventual renuncia de candidatos se puede dar desde el momento en que se publiquen las listas que pasaron la fase de inscripción.

Licencia sin goce debe correr desde el 12 de marzo

El artículo 114 de la Ley Orgánica de Elecciones exige un solo requisito para que trabajadores y funcionarios de los poderes públicos puedan ser candidatos. Dicho párrafo establece que personas con estos puestos “están impedidas de postular si no solicitan licencia sin goce de haber, la cual debe serle concedida sesenta (60) días antes de la fecha de las elecciones”. Pero para el proceso electoral de abril de 2021, se agregó una disposición transitoria que acorta ese periodo mínimo a 30 días.

De esta manera, cualquier funcionario o servidor de los poderes del Estado que actualmente aspire al Congreso del 2021 solo debe solicitar una licencia sin goce que empiece a correr desde el 12 de marzo, exactamente un mes antes de la fecha central de los comicios.

El reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las elecciones generales de 2021, previsto por la Resolución N° 0330-2020-JNE, exige una serie de documentos para la solicitud de inscripción de listas al Congreso.

Entre estos requerimientos, está “el cargo de la solicitud de licencia sin goce de haber, en la que conste expresamente que debe ser concedida treinta (30) días antes de la fecha de la elección”. Consultado respecto de esta documentación, Salcedo aseguró que sí la ha presentado. Ugarelli permaneció sin responder a nuestra pregunta.

¿Cómo se lee esto en el plano político?

Si bien la normativa electoral no prohíbe que los asesores presidenciales, de ser el caso, continúen con sus candidaturas, una situación como esa podría complicar la imagen de Sagasti. Según politólogos consultados por este Diario, se debe tomar en cuenta el hecho de que el propio mandatario ha tratado constantemente de desligarse del Partido Morado y de su campaña.

Como se recuerda, Sagasti anunció que renunciaría a su candidatura a la segunda vicepresidencia de esta organización política. Esto, luego de ser elegido por el Congreso como presidente interino de la República. Esta semana, se ratificó y señaló que formalizará su retiro ni bien el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 admita la fórmula presidencial que el partido tramitó el martes.

“En este momento, yo no soy candidato hasta que lo admita el JEE. En ese momento, a los segundos que salga publicado, presento mi renuncia, ya está preparada mi carta para presentarla”, dijo en Radio Exitosa.

En otro momento, el mandatario garantizó neutralidad frente a las elecciones: “Hay total y absoluta neutralidad. No vamos a intervenir ni interferir. Tranquilidad. El suelo está parejo y nos aseguraremos que esté parejo para todos los partidos”.

Para la politóloga Kathy Zegarra Díaz, el análisis sobre la consecuencia de Sagasti y la permanencia de militantes del Partido Morado en su entorno de confianza resulta complejo. No obstante, estima que la situación -de momento- no es condenable. “Es un gobierno corto. Sagasti no había sido elegido inicialmente para ser presidente y, por tanto, no estaba listo para Palacio. Ahora, las personas de confianza que necesita están inevitablemente afiliadas al partido. Es complicado exigir un deslinde total. Pero yo considero que no es un tema para satanizar, mientras que no se demuestre algún indicio de apoyo de campaña o de uso de recursos públicos para ese fin”, señaló.

El politólogo Paolo Sosa Villagarcia explica que -legalidad de candidaturas aparte- hay dos componentes de análisis en caso de que los asesores no renuncien. “Uno, por supuesto tiene que ver con la dimensión ética, respecto de llevar este tipo de participación doble porque, estando en sus puestos públicos, tienen acceso a información importante del Gobierno. Pero creo que esa discusión es más personal. Políticamente hablando, y esto es lo segundo, creo que sí es complicado porque hay mucho espacio para la polarización y las nuevas crisis con el Congreso, donde las críticas -justificadas o no- están a la orden del día. Teniendo, entonces, el escenario electoral, creo que sería una mala decisión [si se mantuvieran las candidaturas] porque los cuestionamientos pueden seguir aflorando”.

¿Se pondría en riesgo la neutralidad electoral?

Jorge Jáuregui Mendieta, especialista en temas electorales y ex asesor del Jurado Nacional de Elecciones, explicó a este Diario que el ser afiliado o invitado de algún partido en carrera, además de funcionario público, no representa un conflicto de intereses ni infracción.

“La sola condición de afiliado a un partido mientras se trabaja en los poderes públicos no implica infracción. Lo que sí podría implicar una infracción es, si en un caso -las personas que trabajan en los poderes públicos y son candidatas- hacen campaña mediante el uso de recursos públicos o la condición de su cargo. Pero eso tendría que estar sujeto a análisis del Jurado Electoral Especial para fiscalizar la conducta y determinar si se trata de una infracción a la neutralidad. Pero esto ya es distinto. El solo hecho de ser afiliado y funcionario no genera, de por sí, una infracción o incompatibilidad”, precisó.

El reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en el periodo electoral, del JNE, señala, en su artículo 30.3 las actividades específicamente prohibidas para los funcionarios públicos que postulan a cargos de elección popular. Son dos: hacer proselitismo político en la inauguración e inspección de obras públicas y repartir bienes adquiridos con dinero del Estado o como producto de donaciones de terceros al gobierno central. Pero vale añadir que estas prohibiciones rigen desde los 90 días previos a la elección. En el caso del proceso de 2021, sería tras el 11 de enero.

Para el también especialista en temas electorales, José Tello Alfaro, este reglamento no está lo suficientemente desarrollado.

“Por ejemplo, las personas que mantienen una candidatura y que están en la función pública tampoco tendrían que comentar públicamente a favor o en contra de otros candidatos. Además, tendría que tomarse en cuenta que, si bien no están impedidos de hacer actividades de campaña, estas no pueden darse en su horario de trabajo e, incluso, tendrían que ser cuidadosos en su exposición junto al presidente de la República. La cuestión es que el reglamento no está desarrollado como debería. Toda norma que impone sanciones o restricciones debería evitar vacíos”, indicó.

Más información

-Carlo Magno Salcedo Cuadros ya era asesor de la bancada del Partido Morado en el Congreso. Por su parte, Giaccomo Ugarelli Delgado tenía el cargo de asesor principal de despacho de Francisco Sagasti en el Parlamento. Ambos mantienen militancia con la organización política.

-Salcedo indicó a El Comercio que, si bien conserva su afiliación, ha pedido licencia de sus cargos partidarios como miembro del Comité Ejecutivo Nacional, del Comité Político y como secretario nacional de Doctrina.

-En setiembre de este año, el programa periodístico Panorama, reveló que Salcedo se había comunicado por WhatsApp con la fiscal Rocío Sánchez, quien integra el equipo especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

-Sánchez aclaró que no se trataba de una coordinación para que el informe sobre las entonces diligencias seguidas a Julio Guzmán por supuestos aportes de campaña de Odebrecht. Según dijo, Salcedo solo le consultó por una notificación.

-Salcedo, por su parte, señaló además que colaboraba con el despacho de la fiscal Sánchez para “ayudar a esclarecer diversa evidencia que acredita la ramificación de Los Cuellos Blancos a la ONPE y al JNE”.

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