La tensión generada por el informe desfavorable de la contraloría sobre la adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero va en aumento.
En medio de discrepancias con miembros de la bancada fujimorista –quienes pidieron que Martín Vizcarra renuncie a la vicepresidencia–, el Gobierno reaccionó ayer ante otro frente de confrontación. Ello luego de que diversos integrantes del oficialismo criticaran el accionar de la contraloría.
La entidad de control reveló el lunes el hallazgo de presuntas irregularidades en el proceso de negociación de la adenda, a través de un informe que habría desencadenado la renuncia de Vizcarra al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Y si bien la primera reacción del Gobierno ante el informe fue cancelar el contrato de concesión, ayer diversos miembros del Ejecutivo cuestionaron públicamente el sustento técnico aplicado por la contraloría.
“Los que tenemos experiencia en asociaciones público-privadas podemos decir que es un informe que lamentablemente tiene serias deficiencias”, enfatizó la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovín.
Las principales objeciones de la contraloría a la adenda giran en torno a que esta “modifica el equilibrio financiero del proyecto” y “genera un perjuicio para el Estado por aproximadamente US$40,6 millones”. Según el oficialismo, dichos argumentos carecerían de sustento técnico.
“Las decisiones que ha tomado [la contraloría] no se ajustan a lo que decía el contrato. La interpretación que le han dado no es la correcta”, sostuvo la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Su postura es compartida por otros miembros del Ejecutivo.
—¿Cuestión política?—
Pero el aspecto técnico no es la única objeción del oficialismo al informe de la contraloría. El Gobierno también cerró filas para afirmar que el contralor Edgar Alarcón y su institución se han “dejado llevar” por motivaciones políticas.
“La contraloría tiene que jugar un rol técnico y no dejarse llevar por los vaivenes de la política, que es tan complicada”, indicó Pérez Tello en referencia al informe del ente de control sobre la adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero.
Esta postura también fue recogida por la bancada oficialista, la cual incluso acusó a la contraloría de tener una afinidad con el fujimorismo.
“La contraloría lamentablemente se ha convertido en un instrumento político que no plantea condiciones técnicas y que ha tomado partido por una posición política vinculada al fujimorismo”, afirmó el vocero alterno de la bancada de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput.
En ese sentido, el parlamentario oficialista advirtió que el informe presentado por el organismo de control se “desmoronará” pronto.
“Una vez que se sepa que este informe no tiene mayor asidero técnico y que es simplemente un instrumento político, en el cual se señala a funcionarios probos como Fiorella Molinelli [viceministra de Transportes], se va a desmoronar”, agregó el representante de la bancada oficialista.
El Comercio intentó conocer la reacción del contralor ante los cuestionamientos, pero funcionarios de su entidad sostuvieron que no declarará por el momento.
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