Dina Boluarte: La ley del crimen organizado y otras polémicas normas que fueron promulgadas sin que el Gobierno las observara

En el gobierno de Dina Boluarte se han promulgado, sin ninguna observación del Poder Ejecutivo, al menos nueve leyes que afectan directamente a la lucha contra la criminalidad, la economía del país y al sistema de justicia.

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De estas, siete han sido promulgadas por la propia mandataria y dos por el actual titular del Congreso, Eduardo Salhuana. Se trata de normas que han sido publicadas en el diario “El Peruano” desde mayo del 2023 hasta agosto de este año [ver cuadro].

La primera ley que la gestión de Boluarte promulgó sin hacer ninguna observación es la conocida como ‘ley impunidad’, que modifica el plazo de suspensión de la prescripción de casos judiciales. Ello pese a que diversas instituciones como el Ministerio Público y la Procuraduría habian advertido que su aplicación tendría efectos en diversos casos como Los Cuellos Blancos, Lava Jato y los procesos que tiene abiertos el expresidente Pedro Castillo.

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Ni bien la norma entró en vigencia, en mayo del 2023, el entonces presidente, Alejandro Soto, la usó para librarse de un proceso penal.

También la invocaron en sus procesos el expresidente Martín Vizcarra, el exjuez supremo César Hinostroza, el exdirigente fujimorista Joaquín Ramírez y el prófugo Vladimir Cerrón.

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En noviembre del 2023, la Corte Suprema señaló que esta norma es inconstitucional y acordó no aplicarla. A raíz de ello, la bancada de Perú Libre, del prófugo Cerrón, promovió una nueva iniciativa para precisar los alcances de esta ley.

Gracias a esa propuesta, la ‘ley impunidad’ fue ratificada por el Congreso en julio de este año y, en la práctica, el acuerdo de la Corte Suprema se queda sin piso. Pese a ello, el Gobierno, no hizo ningún cuestionamiento y simplemente la promulgó.

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Otras normas que promulgó Boluarte sin hacer observaciones son las que permitían el retiro de la AFP hasta por 4 UIT y la libre disposición de la compensación por tiempo de servicios (CTS) hasta diciembre de este año.

En el primer caso, el Gobierno publicó la norma, pese a que el Ministerio de Economía no dio una opinión favorable y, al contrario, advirtió que se generarían mayores pérdidas para los afiliados y también podría generar perjuicios para el Estado.

“Lo que se ha acordado es no observar la norma, respondiendo a la alta votación que ha recibido esta norma en el Congreso. Vemos que es no es oportuno demorar más la promulgación de esta norma”, indicó el titular del MEF, José Arista, en abril último.

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El Poder Ejecutivo tampoco hizo nada para evitar que la ley del crimen organizado (Ley N°32108) y la norma sobre los alcances de los delitos de lesa humanidad (Ley N°32107) fueran promulgadas por el Congreso.

Ambas fueron ampliamente cuestionadas por distintos sectores, incluido el Ministerio de Justicia, desde su arribo al Parlamento como proyectos de ley.

El Gobierno tuvo en sus manos hacer observaciones sobre ambas y demandar al Parlamento modificaciones y un mayor análisis; sin embargo, no lo hizo y las normas ya se encuentran en vigencia.

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En el caso de la ley del crimen organizado los efectos nocivos son evidentes. Esta norma establece, por ejemplo, que para los allanamientos debe estar presente el abogado del imputado. Esto ha representado un duro golpe para la labor de la fiscalía y la Policía Nacional y ha beneficiado a diversas redes criminales.

Los gremios empresariales han demandado al Poder Legislativo derogar esta ley, pero la Junta de Portavoces, donde están representadas las 13 bancadas parlamentarias, en su más reciente sesión, rechazó que la propuesta sea debatida en el pleno. En lugar de ello, seguirá un largo trámite en la Comisión de Justicia.

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Critican actitud del Poder Ejecutivo

En diálogo con El Comercio, los ex primeros ministros Mercedes Aráoz y Juan Jiménez Mayor cuestionaron la actitud del Poder Ejecutivo frente a estas polémicas normas y consideraron que evidencia la debilidad e inestabilidad del Gobierno de Dina Boluarte.

“Llama la atención [la promulgación] de normas que incluso contradicen algunos decretos legislativos que ellos mismos han sacado, como el de la minería informal”, dijo Aráoz.

Para la exministra, la presidenta Boluarte, al no contar con una bancada en el Congreso, solo promulga las normas o deja que sean promulgadas sin “cuestionarlas, ni observarlas”. “Esto resulta contradictorio porque los órganos técnicos de los ministerios mandan informes técnicos y dicen que no corresponde[..] Llama la atención porque, en el pasado, el Ejecutivo ha sido capaz de ponerle un freno al Legislativo en esa materia”, subrayó.

Señaló que, por ejemplo, en el tema de las AFP se genera un problema porque se recorta la capacidad del ahorro de las personas y a futuro una deficiencia fiscal. “Al final del día hemos reducido el ahorro interno de inversión, si queremos crecer, le estamos haciendo daño”, agregó.

Aráoz destacó que el daño principal es el institucional y que el crecimiento de las economías informales ahuyentan la voluntad de los empresarios privados de invertir.

“El sector privado ya no tiene certeza para asegurar que su inversión funcione en un país donde en la regla es un juego se rompen y la impunidad por otro lado campea [...] Comienza a generarse ese reino de la ilegalidad de las actividades económicas en las actividades, eso es muy riesgoso”, remarcó.

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A su turno, Jiménez Mayor calificó de “raro” que un presidente no observe una norma o no haga nada y simplemente deje que sea promulgada.

“Este Gobierno, en la idea de no pelearse con el Congreso y tampoco fijar posición en temas muy polémicos como la ley de lesa humanidad ha decidido simplemente no hacer nada. Pero eso es también tomar posición sobre una ley en la que se debería ser firme y claro en los principios que defienden los gobiernos”, indicó.

El ex ministro señaló que “hay un desmontaje de la arquitectura jurídica de combate a la criminalidad” y que eso genera “indignación”, como lo que se hizo con la ley del crimen organizado.

“Entonces, desmontar la ley de crimen organizado como se está haciendo evidentemente afecta [...] En el Perú ha habido una evolución de ir construyendo un sistema de combate al crimen mucho más robusto, que ahora está siendo debilitarlo por circunstancias políticas y por el interés de los congresistas por sus temas personales. Es absolutamente cuestionable y condenable”, señaló.

Bajo su lente, esto evidencia “la falta de liderazgo” de Boluarte y que “esto es inédito” en el Perú. “Tenemos una presidenta que está ausente en los temas nacionales y que no tiene posición en los temas principales del país como la seguridad. No vela por el por el interés general de los peruanos sino por una sobrevivencia política, contrariando el artículo 39 de la Constitución, que dice que los funcionarios públicos están al servicio de la nación”, puntualizó.